El 31 de marzo, con la publicación en el BOE, ha entrado en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esta Ley, además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Poco han importado las protestas del conjunto de entidades que trabajan por los derechos humanos, así como las llamadas de atención de juristas, organismos nacionales e internacionales como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y del resto de formaciones políticas con representación en el Parlamento. Finalmente, la norma ha sido aprobada a pesar de que no subsana la vulneración de los Tratados internacionales ratificados por España y que por ello forman parte del Ordenamiento jurídico español, de la normativa comunitaria, de la Constitución y de los principios básicos de un Estado de Derecho.
Tras la aprobación de esta ley, se legalizan las devoluciones de quienes sean detenidos en el vallado fronterizo, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno ni garantías como derecho a la defensa jurídica e intérprete. Además, y aunque se especifica que las solicitudes de protección internacional “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”, se deja la puerta abierta a la exclusión del derecho de asilo a miles de personas provenientes de países en conflicto que intentan acceder a Europa, vinculando indebidamente este derecho a la forma de entrada en territorio español.
CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA ENTENDER LA LEY MORDAZA SOBRE DEVOLUCIONES DE MIGRANTES:
La región española de Andalucía tendrá el próximo domingo elecciones autonómicas. Aunque las encuestas confirman el declive del bipartidismo, estos siguen alardeando de los buenos resultados económicos, pese a que la población no comparte las cifras oficiales.
Un niño prota la bandera de Andalucía en una protesta contra el gobierno de Rajoy. / S.R
El miedo, ese es sin duda el fenómeno más sentido entre los seis millones de andaluces llamados a las urnas el próximo domingo, y es que la comunidad más afectada por la crisis sigue secuestrada por el bipartidismo que emite mensajes de estabilidad ante el auge de las fuerzas progresistas a los que acusan de desmantelar el sistema europeo.
Los nueve millones de andaluces que conforman la comunidad autónoma más grande de Europa, y una de las más influyentes, viven estos días el bombardeo de amenazas generadas por los dos grandes partidos. Estos son algunos ejemplos de la campaña contra PODEMOS , Susana Díaz (PSOE-A) “Podemos está comprando el discurso a la derecha”, Rajoy (PP) «Las ventoleras ideológicas nos pueden llevar a la ruina más descarnada».
El PSOE es el único partido que ha gobernado Andalucía en los últimos 33 años, un discurso basado en el derecho de los trabajadores, las políticas sociales y la gestión del subsidio agrario, esos si con las espaldas llenas de acuerdos con grandes empresas internacionales y bancos a los que forró de subsidios con falsas promesas que han desembocado en los peores casos de corrupción de Europa sobre ayudas públicas.
Los datos desacreditan sus políticas. Andalucía vive una tasa de paro del 34%, y en el caso de los jóvenes roza el 70%. Es más, casi 40.000 jóvenes migraron desde la llegada de la crisis al resto del mundo, y el PSOE presume de que el empleo crece un 2,5%, dato real, pero que significa la precarización y la reducción de ciudadanos, ya que la pobreza sigue aumentando. El 35% de la población de Andalucía necesita ayudas para poder alimentarse según informes de organismo independientes como Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.
El modelo que abogan en estas elecciones es el continuista, esos sí combatiendo la derecha de Rajoy, prima del socialismo europeo que aplica las recetas de austeridad que acordaron con Ángela Merkel. El PP por su parte, ganó las últimas elecciones andaluzas, pero nunca gobernó, y apuesta por el modelo de Mariano Rajoy en España para Andalucía, sin embargo el tejido productivo de Andalucía tiene un toque agrario que no procesa con la derecha.
El campo es hoy frente de discordia, aunque Andalucía es bastión del antiguo PSOE hoy lo sigue votando por tradición, pese a que sus políticas sean neoliberales, un arraigo que han intentado abrir ventas las fuerzas progresistas como Izquierda Unida o Podemos.
Estos dos partidos tienen la alternativa social a una comunidad en riesgo de exclusión, y tradición del voto progresista. Ambos representan la solidaridad de los pueblos de Andalucía, los trabajadores y sobre todo el campo de Andalucía. Sus fuerzas representan el mano a mano para combatir la crisis y son participes de los cambios sociales que se han vivido en las calles. Por ello, no es de extrañar que Podemos siga llenando plazas céntricas de Andalucía para ofrecer sus propuestas mientras el PP o el PSOE llenen los hoteles cargados de viejos militantes.
Las calles vuelven a tener el sitio que ganaron el 15 de mayo en Andalucía. Pero el bipartidismo en Andalucía no solo está en sus últimas y es que aunque su militancia es fuerte, el voto del indeciso, el migrante y hasta el hastiado será más que fundamental en unas encuestas disparatadas que siguen dando la victoria al PSOE en Andalucía, pero con un mínimo ingobernable.
La izquierda en Andalucía vuelve a ofrecer profesionales progresista al servicio de la política (profesores, abogados, sindicalistas, trabajadores…), frente a políticos con carreras alimentados de la oligarquía que olvidaron que el pueblo es soberano.
El hambre, la corrupción, el desempleo son consecuencias de las políticas aplicadas por PSOE y PP en Andalucía, una serie de recetas que los partidos emergentes plantean cambiar tras los resultados del 22 de marzo, unos comicios que serán el primer examen político de Europa tras la victoria de Syriza en Grecia.
Vista del Peñón de Gibraltar desde la pista del Aeropuerto. / Flick
Desde el comienzo de la presente legislatura, el Gobierno ha instado al Reino Unido a retomar la negociación bilateral, interrumpida durante demasiados años sobre cuestiones de soberanía según el ejecutivo español del Partido Popular.
La nueva política exterior hacia la roca promueve negociaciones que corresponden a España y al Reino Unido, justificándolas a menciones de Naciones Unidas y establecidas en la Declaración de Bruselas de 1984. El Presidente del Gobierno reiteró este llamamiento en su reciente intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
España ha propuesto, asimismo un nuevo esquema de cooperación regional (que sustituya al Foro Tripartido de Diálogo) “más eficaz y centrado en cuestiones que atañen directamente a la cooperación entre los habitantes de uno y otro lado de la Verja” cita un comunicado de exteriores. Este nuevo esquema cuatripartito contemplaría la participación, además de España y del Reino Unido, de las autoridades locales gibraltareñas y de las regionales españolas.
La pesca en aguas próximas al Peñón ha sido una preocupación constante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se han mantenido continuos contactos con el Reino Unido para buscar juntos, una solución local al conflicto pesquero que permita a los pescadores andaluces seguir faenando donde lo han venido haciendo tradicionalmente.
En 2013, 300 años después del Tratado de Utrech, el ejecutivo de Mariano Rajoy no reconoce al Reino Unido otros espacios que los expresamente cedidos por Utrecht de 1713. Por consiguiente, los pescadores españoles pueden faenar libremente en aguas españolas y la Guardia Civil del Mar les seguirá prestando su apoyo siempre que sea necesario.
Sin embargo, el reconocimiento de ese tratado en materia marítima, ignorando las leyes del mar, tiene un reconocimiento a la soberanía británica del peñón. Además, España pretende excluir a Gibraltar del espacio aéreo europeo, iniciativa que complicaría los despegues y aterrizajes del aeropuerto de Gibraltar, ocupado a España durante la guerra de secesión.
Viaje del presidente Rajoy el pasado 3 de octubre a Marruecos. / Moncloa
La política exterior española hacia los vecinos del sur, Marruecos y Argelia, se ha visto fuertemente impulsada desde el comienzo de la nueva legislatura del Partido Popular, y en concreto a la cabeza del Ministro Margallo.
Desde una perspectiva amplia y multidimensional el actual ejecutivo ha tratado durante 2012 de tener en cuenta la miríada a factores políticos, económicos, históricos, culturales, geográficos y sociales que vinculan a España con Marruecos y Argelia, se ha puesto en marcha un proceso de intensificación de las relaciones cuyo mejor exponente son las dos reuniones de alto nivel entre los gobiernos marroquí y español, que se celebró el 3 de octubre, tras más de tres años sin convocarse, y argelino y español, que tendrá lugar en enero.
A estas reuniones preceden numerosos contactos a nivel ministerial y técnico, preparando el terreno para una cooperación más intensa.
Pero además de este impulso político, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la AECID, lleva a cabo una política catalizadora que busca, mediante actos, contactos, foros, seminarios y viajes, reforzar los vínculos entre las tres sociedades. Estos lazos entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, o partidos políticos, son los que a largo plazo facilitan una relación estable y capaz de generar beneficios a ambos lados del estrecho.
Sin embargo, la estabilidad de la región del Magreb viene por un acuerdo definitivo para el contencioso del Sahara, que España debe ser el principal impulsor de esta solución ya que fue el antiguo régimen español quién abandonó el territorio.
Ana Corredera en un momento de la rueda de prensa de Sevilla. / PP
La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del Partido Popular andaluz, Ana María Corredera, pidió a la Junta de Andalucía que «reduzca al menos en un 50 por ciento» el presupuesto a la Cooperación Internacional para 2012, que asciende a 72 millones de euros, ya que «permitiría disponer de 36 millones de euros», e informó de que desde 2007 hasta 2011, el Gobierno andaluz «se ha gastado 430 millones de euros», por lo que el montante total «alcanzaría los 500 millones de euros», es decir, en los seis últimos años «la Junta ha gastado una media de más de 230.000 euros al día, casi 40 millones diarias de la antiguas pesetas», explicó.
En rueda de prensa en Sevilla, Ana María Corredera invitó al Gobierno andaluz a hacer este recorte debido a la grave situación económica que atraviesan los andaluces, toda vez que dudó de «la utilidad de algunos proyectos con la que está cayendo», como por ejemplo, ‘Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá’ que asciende a 450.000 euros, o el proyecto de apoyo al fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de las oficinas pública de empleo en Paraguay al que la Junta ha destinado 250.000 euros.
La cooperación de la Junta de Andalucía afecta principalmente a proyectos internacionales muy vinculados con la región del Magreb y en concreto el norte de Marruecos. No obstante afecta a muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en diferentes regiones del norte de África y que han visto mermadas sus ayudas por parte de los consistorios y diputaciones regidas por el Partido Popular.
Asimismo, la diputada popular informó de que el Gobierno de Griñán gastó «más de dos millones de euros en subvenciones sólo durante el primer trimestre de 2012» y «sólo a cargo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo», añadió. En este sentido, especificó que la Junta «se gastó una media de más de 2.500 euros al día durante los tres primeros meses» del presente año.
«Nos preocupa que se dé dinero pero no se pague a los dependientes, a las residencias de mayores, a los centros de día», declaró Corredera, que acusó a la consejera de Salud e Igualdad, Marías Jesús Montero, de «estar doctorada en el impago» por todas las deudas que la Administración andaluza mantiene con «diferentes colectivos».
Además, anunció que el PP andaluz ha solicitado la comparecencia de Montero en el Parlamento de Andalucía para qué explique cómo va a hacer frente a los numerosos impagos que tiene su departamento, toda vez que reprochó a la titular de Salud e Igualdad que «le eche la culpa de sus deudas al Gobierno de Rajoy cuando lleva 7 meses y la Junta de Andalucía acumula deudas de 2010, 2011 y 2012».
Los nuevos ministros de asuntos exteriores de España y Marruecos. / MAE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ya ha mantenido en el Palacio de Viana el primer encuentro con el recién nombrado ministro delegado de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de Marruecos, Youssef Amrani. En esta primera entrevista, ambos ministros han tenido ocasión de revisar los principales temas de la agenda bilateral e internacional, tratando con especial detenimiento las cuestiones regionales, así como la agenda del los altos cargos marroquíes para efectuar el primer viaje oficial de Rajoy a Marruecos, como confirmó en la entrevista ofrecida a la agencia EFE y retrasmitida por la televisión pública española.
El ministro José Manuel García-Margallo felicitó al ministro delegado por su reciente nombramiento, interesándose por la nueva etapa política iniciada en Marruecos tras las elecciones generales del pasado 25 de noviembre. El ministro indicó que el Gobierno español sigue con interés el proceso de reforma constitucional iniciado por el rey Mohamed VI y expresó su deseo de profundizar aún más en una relación bilateral que es ya muy estrecha. En el marco de la misma, se abordó el tema de la celebración pendiente de la X Reunión de Alto Nivel entre ambos países.
Los ministros tuvieron ocasión de discutir la situación de las empresas españolas en Marruecos y las posibilidades de ampliar el ámbito de cooperación económica, especialmente en los sectores energético y de comunicaciones, ámbitos en los que ya existen diversos proyectos en marcha. España es el segundo socio comercial e inversor en Marruecos, con amplia presencia en los sectores industrial, agrícola, inmobiliario, turístico y bancario.
Ambos ministros coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo el marco de relaciones UE-Marruecos con la próxima aprobación de un nuevo Plan de Acción. El ministro José Manuel García-Margallo afirmó que todas las partes debían esforzarse en buscar soluciones imaginativas a los problemas actuales ya que las relaciones de la UE con Marruecos van en beneficio de ambos países. España ha apoyado activamente la aprobación del Estatuto Avanzado entre la UE y Marruecos en 2008, acogiendo asimismo la primera Cumbre UE-Marruecos (en Granada) durante su presidencia de la UE en marzo de 2010, la única celebrada con un socio del Sur hasta el momento.
Ceuta
