Fanta, la última víctima de la Frontera Sur

Fanta murió ayer varias horas antes de que el barco naranja de Salvamento localizase su balsa en Alborán. Murió hacinada junto a los decenas de compañeros de viaje que iban a bordo de su balsa con la que cruzó desde Marruecos hacia España. No logró sobrevivir a la tenebrosa ruta del Mediterráneo que sigue sumando nombres a una lista vergonzosa que no despierta la solidaridad de los dirigentes de Europa sino que aviva el discurso del odio contra los que huyen del expolio continuado en África

La mujer falleció este 30 de noviembre de 2018 en una balsa de plástico con la que cruzaban el Mediterráneo más de 60 personas, además el supuesto patrón de la embarcación fue detenido por la Guardia Civil española. En las ultimas 24 más de mil cien personas fueron recuperadas de un total de 25 balsas de plástico con la que los migrantes cruzaron desde Marruecos hacia las costas de Andalucía. La víctimas de las fronteras de Europa sigue aumentando en aguas españolas que suma ya más de 620 vidas fallecidas o desaparecidas durante 2018.

Archidona, la cárcel de los migrantes

Se cumple un año de aquel 20 de noviembre de 2017, cuando los periodistas recibíamos el primer comunicado del Ministerio del Interior aclarando que los cientos de migrantes argelinos llegados aquel fin de semana al Levante español desde Mostaganem (Argelia) iban a ser trasladados al “centro de Archidona”, sin más detalles.

Ese día empezaron a llegar los primeros internos a Archidona, todos argelinos, con un auto individual dictado por siete jueces murcianos que señalaban que el destino de los migrantes era el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona. Los magistrados desmentían así la versión oficial del entonces ministro Juan Ignacio Zoido, dado que no se trataba de un centro de acogida, sino un CIE que, además, según dicho auto dependía del CIE de Málaga, cerrado en 2012.

Un minuto después de aquella información oficial, los periodistas entendimos que estábamos ante una mentira. El destino de aquellos migrantes era el Centro Penitenciario Málaga II, en el municipio andaluz de Archidona. Aquel 20 de noviembre el Estado español encerró en una cárcel sin inaugurar a 572 migrantes, violando así la Ley de extranjería, que señala que la privación de libertad de migrantes por falta administrativa no puede tener lugar en centros con “carácter penitenciario”.

En los días posteriores, numerosos colectivos denunciaron la falta de agua potable, ausencia de mudas e incluso la presencia de menores entre los recluidos, entre otros abusos. Poco a poco fueron llegando familiares desde Francia, pero muchos no pudieron acceder al recinto. Otros directamente denunciaron que sus allegados eran menores de edad y que el documento que acreditaba su minoría podía ser usado para garantizar una deportación a Argelia pero no para asegurar su protección en España, donde supuestamente la ley impide encerrarlos junto a adultos. Recuerdo aún las palabras de Margarite, una de las primeras personas que accedieron al lugar en régimen de visita: “si no murieron en el mar, van a morir en la prisión”.

Y así fue. El 29 de noviembre apareció en una celda del módulo 3 el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala. Apenas 18 horas antes, Bouderbala había participado en las protestas que se produjeron en ese módulo para evitar la deportación inminente a Argelia de otros migrantes. El hermano del fallecido se presentó en Archidona 24 horas después, pero no pudo ver el cadáver hasta el 4 de enero. Por razones que todavía no han sido esclarecidas, coincide que justo aquel mismo día el juzgado archivó la causa abierta tras su muerte, a raíz de denuncias presentadas por acusación popular y particular.

La policía reprime una protesta de los migrantes internos en la cárcel-CIE de Archidona. Foto: EntreFronteras.

Un año después vuelve a reabrirse esa causa, pero algo edulcorada. Amanda Romero, abogada de la acusación particular, explica que la Audiencia de Málaga ha reabierto el caso y será a principios de febrero cuando comiencen las declaraciones. Sin embargo, la letrada señala que la Audiencia “da por sentada la versión que la policía ofrece en el atestado y por lo tanto considera innecesaria ninguna diligencia de investigación, como la aportación de cámaras de seguridad o la testificación por parte de internos del centro de internamiento, dando por bueno el atestado de la policía”.

Depurar el caso de Bouderbala resolvería además otras denuncias por violaciones de derechos, desde el auto de internamiento dictado contra esos migrantes, hasta su reclusión en régimen de aislamiento. Se trata de varias piezas de un mismo puzzle sin resolver que podría alcanzar a las esferas más altas que dieron órdenes para el internamiento de 572 migrantes, desde jueces hasta ministros del gobierno del Partido Popular.

Ha pasado un año desde aquel 20 de noviembre, uno de los episodios más oscuros y sangrantes en el dramático historial de derechos de las personas en tránsito. Yo viví y seguí como periodista, en primera persona, cada minuto de aquel atropello. Solo puedo destacar el increíble trabajo colectivo de la Plataforma por el Cierre de Archidona, yel esfuerzo sobrehumano de ONGs  y juristas que apoyaron a familiares y a afectados para luchar contra aquella violación que acabó con la vida de Bouderbala en “Archidona, la cárcel de los migrantes”. Ese es el título del único documental de aquellos 51 días interminables de encarcelamiento.

30 años de muertes en el Estrecho

Samuel (cuatro años), su madre Vero, Larissa, Brenda, Djibril, Merlín, Abdourrahmane, Thiare, los hermanos gemelos de Amira, Ester, Yacouba, Larios,… si sigo sumando la cifra llega hasta los casi 8.000 tan solo en 30 años de la primera foto de un naufragio en España.

No nos cabe duda a los que llevamos años recorriendo la costa andaluza que las cifras se han convertido solos números para los dirigentes que no logran mirar a los ojos de las víctimas de las fronteras. Para Ildefonso Sena, un senior de esto del periodismo en Frontera Sur, en estos treinta años de su fotografía “nada ha cambiado”, e insiste que tras de su fotografía: “Después de ese primer naufragio vino otro en el 89 y después otro, y luego otro, y así puntos suspensivos hasta ahora. Y aquí no ha cambiado nada, aquí las autoridades han ido parcheando poco a poco”.

Y así es parche a parche la cifra de muertos sigue sumándose, con nombre y apellidos, con sus nacionalidades, con sus familias, con sus particularidades,… Pero las muertes no han cesado. Aquel primer naufragio era 1 de noviembre de 1988. Un fuerte temporal provocó el naufragio de una barca marroquí con 23 ocupantes que se dirigía a España. El cuerpo de la primera víctima apareció en la playa gaditana de los Lances, a poco más de 15 km de Tánger. Era un joven de 23 años, de Nador, y había pagado 35.000 pesetas para cruzar el Estrecho y llegar a Europa con el fin de encontrar trabajo. Entonces España era tan solo un país de tránsito, su objetivo era llegar a Francia o Italia. Los cuerpos de once de los 18 desaparecidos fueron apareciendo en los días siguientes, a los demás se los tragó el mar. Los cuatro que sabían nadar tuvieron más suerte y fueron detenidos, como ocurre hoy.

Tras ese 1 de noviembre, poco se ha hecho para impedir que estas muertes se sigan produciendo y mucho para hacer de “la represión, el encierro y las expulsiones, la única política de gestión de los flujos migratorios”, asegura la organización andaluza APDHA.

Desde el año 2000 a 2018 la Secretaría de Estado de Seguridad afirma haber destinado 249 millones de euros al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que es el encargado de vigilar la Frontera Sur. Los miles de millones de euros dedicados a levantar vallas, alambradas, concertinas, patrulleras, externalización de fronteras y alta tecnología para reforzar las fronteras hacen que las personas cada vez se vean obligadas a migrar por rutas más peligrosas.

En estos 30 años han cambiado los gobiernos, los comunicaciones, los activistas, las balsas, las asociaciones, el origen de los migrantes,… pero si algo no ha cambiado en estos 30 años de ruta hacia España ha sido la muerte.

Proyectan el documental “Archidona. La cárcel de los migrantes”

El 21 de noviembre de 2017 el Gobierno de España encerró de forma ilegal a más de 500 migrantes de origen argelino en el Centro Penitenciario de Archidona. Allí fueron retenidos durante semanas y posteriormente expulsados a sus países.

El equipo de EntreFronteras ha realizado un documental de 25 minutos que resume aquellas semanas que acabó con la muerte de un interno y la deportación de los migrantes. La obra se estrenará el próximo 19 de mayo en la Casa Invisible, en Málaga (España) a las 20h local y contará con la participación de los abogados de los migrantes y los directores de la película.

  • ARCHIDONA

En el interior de la cárcel los migrantes denuncian falta de recursos, agua, ropa o el maltrato continuo de los migrantes en la Cárcel de Archidona. El 29 de diciembre de 2017 aparece en la celda 041 el cuerpo sin vida de Mohamed Boudalbala, un joven de 37 años que según la policía se habría ahorcado pero que los internos y sus familiares dicen murió a causa de las palizas de los agentes españoles.

La justicia archivo la causa y tener en cuenta el testimonio de los testigos o los familiares, el gobierno por su parte aceleró las deportaciones. Archidona ha sido la mayor vulneración de los derechos de los migrantes que sobreviven al Mediterráneo por parte de las autoridades europeas, en este caso una política a manos del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Expolio, el agua robada

Europa vive la peor crisis de desertificación de las últimas décadas. La falta de recursos hídricos por el modelo agrícola capitalista ha dejado a cientos de pueblo sin consumo de agua vida en regiones como Almería (España). El desarrollo agrícola de Almería ha ocasionado que este sector consuma en torno al 90 % de los recursos disponibles de agua.

Recursos que son en su mayor parte subterráneos, es decir acuíferos. La demanda de agua ha supuesto la sobreexplotación de éstos, hasta el punto de que en todas las zonas de agricultura intensiva hay restricciones legales para la ampliación de cultivos o el incremento de las extracciones de agua, prohibiciones que no se han respetado. La situación actual se puede definir, en Almería, como de sobreexplotación, pues se está extrayendo más agua de los acuíferos de la que entra, por lo que, a medio largo plazo, los acuíferos se acabarán agotando o salinizando, al encontrarse en su mayoría en zonas costeras.

Las empresas agrícolas que extraen el agua están ligadas a grandes transnacionales que están provocando no solo la desertificación de la región, sino el exilio de los pueblo ya que los vecinos no tienen agua como forma de vida (agricultura propia, potable, aseo,…). Grupos de activistas han denunciado un expolio constante de este recurso convertido en Derecho Humano y que los gobiernos de España han exportado en un modelo de negocio neoliberal que deja a los pueblos sin este derecho.

La masacre de «La Desbandá»

En la madrugada del 7 al 8 de febrero de 1937, más de 300.000 personas huyeron a pie y en condiciones extremas desde Málaga hacia Almería. Aquel éxodo masivo, bautizado como la ‘Desbandá’, fue atacado por tierra, mar y aire por el bando fascista y sus aliados italianos y alemanes, dejando entre 5.000 y 10.000 muertos.

La Marea recoge el testimonio de Remedios Carrillo, una de las supervivientes de esta tragedia, considerada como una de las mayores masacres de la Guerra Civil