Inmigración

Denuncian la criminalización de las migraciones

Varios migrantes en una patera en el Atlántico. / S.M
Varios migrantes en una patera en el Atlántico. / S.M

En las últimas semanas han tenido lugar varios acontecimientos relacionados con intentos de llegada de migrantes a España, ya sea por mar, por medio de pateras, o por tierra, a través de la valla de Melilla.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que llame más la atención que tenga más relevancia social y mediática la supuesta reacción violenta que presuntamente tuvieron los ocupantes de una patera que fue interceptada por la Guardia Civil el 22 de abril, que los once muertos por el naufragio que se produjo cerca de la costa de Alhucemas, algunos días antes, el 16 de abril.

Afirmar que muchos inmigrantes vienen con una actitud cada vez más agresiva, como han llegado a aseverar algunas autoridades melillenses en los medios de comunicación la semana pasada, no solamente alimenta discursos alejados de la realidad y con un claro objetivo de criminalización, sino que omite además descaradamente la situación insostenible de acoso y violencia que viven diariamente cientos de personas en las zonas fronterizas que separan Marruecos de España, en donde la miseria, la falta de servicios básicos, la indefensión frente a las mafias y los malos tratos policiales son moneda corriente.

APDHA ha querido expresar su preocupación ante la criminalización de la población migrante que llega a nuestras costas. “Nos preocupa al igual, enormemente, la invisibilización y normalización de las muertes durante el trayecto migratorio (en el desierto, el mar o las zonas fronterizas) y las pésimas condiciones de vida a las que estas personas se ven abocadas” cita el comunicado.

La organización andaluza han instado al Gobierno y a la Unión Europea a cambiar las leyes que regulan las migraciones y que han transformado a Europa en una fortaleza de dificilísimo acceso, ya que son éstas las que, en última instancia, están provocando el sufrimiento y la muerte de miles de personas que sólo pretenden alcanzar una vida mejor.

Inmigración

Devoluciones en caliente

Migrantes subsaharianos cerca de Tarifa en botes de juguete. / S.M
Migrantes subsaharianos cerca de Tarifa en botes de juguete. / S.M

Durante años el estado español y sus distintos ejecutivos han buscado las maneras de frenar lo que ellos llaman “presión migratoria” en la frontera sur mediante la expulsión de los inmigrantes que acceden a la ciudad de forma irregular.

Y aunque en algunas ocasiones los conflictos migratorios se han resuelto por parte del estado español violando la ley de extranjería, como denunciaron asociaciones pro derechos humanos durante el desalojo de Isla de Tierra en septiembre del año pasado, o las expulsiones in extremis denunciadas por los propios inmigrantes en el Monte Gurugú (Marruecos).

Parece que de nuevo sale a la palestra el acuerdo entre España y Marrueco relativo a la readmisión de extranjero entrados ilegalmente, promovido por ejecutivo de Felipe González en el 1992, y ratificado por el reino alauí en octubre de 2012, 20 años después y tras la crisis de Isla de Tierra.

En el artículo uno de dicho acuerdo se especifica que “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”.

Es decir, con este acuerdo se podría devolver a Marruecos los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta o Melilla, o entre a través de las pateras, siempre que el vecino lo acepte, incluso sin tener que llevar a cabo un trámite administrativo.

España podrá devolver a Marruecos los migrantes de países terceros que entren de forma irregular

Claramente esta medida fomentará las devoluciones en caliente, motivo por el que en muchas ocasiones se producen incidentes violentos entre los propios inmigrantes y la policía.

Hace unas semanas una patera llegó a la playa de Melilla con 15 inmigrantes a bordo con palos y cuchillos, hiriendo a seis agentes de la Guardia Civil al tratar de interceptarlos. Posible consecuencia del acto violento fue que un mes antes la Benemérita expulsó a un grupo de doce migrantes subsaharianos a un campamento militar marroquí en la frontera con Marruecos, tras interceptarlos en una patera cerca de la Bahía de Melilla.

El recién Tratado de Readmisión que se ha aplicado de forma provisional estos años plantea que estas acciones tenga un aval. Y aunque todavía no tienen un puesto fronterizo o aeropuerto acordado entre las partes para efectuar la entregas de inmigrantes, la tarea les corresponde a los ministro de interior de España y Marruecos.

La actual norma de extranjería obliga a interceptar a los ciudadanos extranjeros que entren de forma irregular al territorio español, y ser entregados a las jefaturas de la policía nacional. Los agentes son los correspondientes de organizar su deportación, siempre analizando los casos individualmente ya que se pueden dar procesos de solicitud de asilo.

Con el tratado biliteral se evitará estos trámites ya que Marruecos será el encargado de las deportaciones de estos inmigrantes, sin embargo no garantiza el regreso de los inmigrantes a sus destinos ya que en el artículo quinto del acuerdo el Estado requerido se asegurará de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su “Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje”, es decir que Marruecos podrá dejar en la frontera con Argelia a los inmigrantes como llevan denunciando asociaciones como la APDHA.

Libia

La Corte Penal continúa investigando los crímenes de la…

La corte. / UN-Photo
La corte. / UN-Photo

La fiscal de la Corte Penal Internacional, subrayó este miércoles la importancia del mandato de ese tribunal para acabar con la impunidad en Libia dada la extensión de los crímenes cometidos en ese país y de los desafíos que afronta el nuevo gobierno.

En su informe al Consejo de Seguridad, Fatou Bensouda pidió la continuidad de la asistencia de ese órgano de la ONU ya que a pesar de los avances registrados en Libia hacia la democracia, el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos desde el fin del régimen de Muammar Gadafi, aún persisten muchos retos.

Apuntó que su oficina está al tanto de las denuncias de delitos graves cometidos por oficiales del régimen de Gadafi, muchos de los cuales se encuentran ahora fuera del país.

“En este momento hemos iniciado el proceso de documentación de las acusaciones más graves y de las actividades actuales de esos funcionarios responsables”, especificó la fiscal.

Por otra parte, Bensouda expresó preocupación por las denuncias de crímenes cometidos por fuerzas rebeldes, incluida la actual persecución de grupos étnicos percibidos como afiliados al gobierno de Gadafi.

Andalucía

Agricultura pide consulta a los ecologistas sobre las extracciones…


El Ministerio de Agricultura y Pesca ha pedido consulta a la organización Ecologistas en Acción sobre la propuesta de extracciones de arena a la duna de Valdevaquero para aportarlas en las playas deficientes en Algeciras y Tarifa.

El gobierno pretende extraer 55.000 m3 de la duna y pretenden así regenerar las playas adyacentes evitando comprar arena internacional u obtenerla de los fondos marinos . El coste de las extracciones serán de 600.000 euros, y con ello se pretende dejar libre la carretera que va a Paloma Baja.

El gobierno pretende extraer 55.000 m3 de la duna

Por su parte, VERDEMAR Ecologistas en Acción plantea que los sobrantes de arena vayan nuevamente a su entorno fisiográfico, la Playa de Los Lances, aunque ha pedido consulta a sus miembros para responder al ejecutivo del PP.

La noticia se produce casi un año después de las grandes movilizaciones ecologistas tras las noticia del ayuntamiento de Tarifa que aprobó una iniciativa urbanística de Valdevaqueros, que pretende construir casi 700 viviendas y 6.000 plazas hoteleras.

Andalucía

La Junta de Andalucía excluye a los hijos de…

Portavoz de la Junta de Andalucía. / J.A
Portavoz de la Junta de Andalucía. / J.A
La propuesta de la Junta de garantizar tres comidas a los menores andaluces en situaciones de riesgos excluye a los hijos de los inmigrantes en situación irregular de la comunidad gobernada por el bipartito de PSOE e Izquierda Unida.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su decepción por el contenido y alcance del recientemente aprobado Decreto-ley andaluz 7/2013 de lucha contra la exclusión social, puesto que consideran que deja sin cobertura a muchas de las situaciones de exclusión más graves de nuestra región y su dotación presupuestaria es claramente insuficiente.

Del refuerzo del servicio de comedor escolar para garantizar 3 comidas diarias (art. 48 Decreto-ley 7/2013) quedan excluidos los hijos o hijas de las personas extranjeras en situación irregular.

En la actualidad, una mala praxis administrativa basada en una Orden de 31 de julio de 2012 de la Consejería de Educación deja sin acceso efectivo a los comedores escolares andaluces a hijos e hijas de las personas extranjeras sin documentación.

Al carecer de número de identificación de extranjero (NIE) se les impide acceder a las bonificaciones en los precios públicos de los comedores escolares previstas en el Decreto andaluz 137/2002, lo que en la práctica constituye una denegación de acceso a los mismos, ya que la muy precaria situación económica de la casi totalidad de este colectivo hace inviable que afronten el pago del coste integro del servicio sin bonificar.

Por lo tanto, dado que de la redacción del art. 48 del DL 7/2013 no se desprende ninguna modificación normativa encaminada a la resolución de esta situación, entendemos que de ese refuerzo del servicio de comedor pueden quedar excluidos los hijos o hijas de las personas extranjeras en situación irregular.

Además, a los hijos de las personas extranjeras en situación documental irregular también se les impide en la práctica el acceso a una plaza de Escuela Infantil de primer ciclo pública o concertada. Por razones análogas a las señaladas para el caso de los comedores escolares (no tener NIE) se les deniega, por cuestiones burocráticas, el acceso a las bonificaciones en los precios públicos del servicio, también recogidas en el Decreto 137/2002, lo que igualmente hace inviable que este colectivo pueda sufragar los cerca de 300 euros mensuales de coste de una plaza pública en una Escuela Infantil sin bonificar.

Sahara Occidental

El Sahara entra en ebullición

La crisis en la antigua colonia vuelve a afectar al Gobierno español, en concreto al gabinete del ministro de Asunto Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados por petición del grupo vasco EAJ-PNV.

España es uno de los principales países pertenecientes al Grupo de Amigos del Sahara Occidental en las Naciones Unidas, conjunto al que el equipo de EEUU en la ONU presentó el anteproyecto de reforma de la misión en el Sahara, que finalmente fue bloqueado por Francia y Rusia, y al parecer también por la influencia de España.

Esta incógnita es la que el PNV quiere despejar en el Congreso, y es que el ministro reveló que la propuesta de EEUU carecía de consenso y su gabinete comunicó la satisfacción del Gobierno con el acuerdo del Consejo de Seguridad.

Margallo parece haber olvidado que en marzo de 2012 su grupo apoyó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una proposición no de ley del grupo vasco, por la que se instaba al Gobierno de Rajoy a «impulsar a través de la acción diplomática que resulte necesaria, la ampliación de las atribuciones de la Minurso, de manera que ésta pueda contar con un mecanismo de observación que supervise el respeto de los derechos humanos, tanto en el Sahara Occidental como en Tinduf».

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Sahara Occidental

El Sahara vuelve a prender el Magreb

Manifestantes saharauis en las protestas del sabado en El Aaiún. / P.S
Manifestantes saharauis en las protestas del sabado en El Aaiún. / P.S
La noticia del pasado 25 de abril que ampliaba el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara (Minurso), sin velar por los derechos humanos, ha prendido el fuego en las principales ciudades del Sahara Occidental.

El sábado pasado los saharauis respaldaron una gran manifestación con miles de personas que reclamaban la independencia y a grito de “Viva el Polisario” mostraron la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La protesta ha sido considerada la mayor manifestación de saharauis desde el 1975 en una ciudad en la que ya son minorías.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades marroquíes no fue tan contundente como habían denunciado los propios saharauis en anteriores manifestaciones. Según fuentes en el terreno afirmaron que la presencia de la medios internacionales como New York Times, Washington Post, BBC, CNN, o The Guardian, frenaron las disoluciones.

Pero la persecución hacia activistas saharauis sigue siendo constante como denunciaba la popular activista saharaui Aminetu Haidar desde El Aaiún. “La policía está hostigando a los activistas saharauis y en concreto a mí, ya que los medios me han acusado de incitar a la población saharauis a salir a las calles” comentaba Haidar cuyo coche fue apedreado durante las protestas.

Por otro lado, el diario marroquí Lakome mostró imágenes de agresiones a otros activistas como la saharaui Sultana Haya donde se puede apreciar en un vídeo grabado desde su casa como una quincena de antidisturbios apedrearon el inmueble de la defensora de derechos humanos en Bojador.

Por su parte, el grupo vasco EAJ-PNV ha pedido en el Congreso la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para que explique el papel de España en la negociación de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

Y es que la chispa se ha vuelto a encender en la antigua colonia española que sigue bajo proceso de descolonización desde el abandono de España y posterior guerra entre Marruecos y Polisario. Y es difícil de entender como un país como Marruecos con altas pretensiones democráticas y con una voluntad política de movilizar a la Unión por el Magreb Árabe no aplica el derecho internacional en el Sahara.

El conflicto que sigue estancado desde el proceso de paz de 1991 no ha beneficiado a nadie en la región, es más la obtención de recursos del Sahara ha perjudicado a Marruecos en su escalada europea ya que el parlamento no ratificó la ampliación del acuerdo pesquero a causa de incluir las aguas saharauis.

Además, una solución rápida al conflicto beneficiaría fuertemente a Marruecos que se consolida en los últimos años como potencia en la región, y beneficiaría indirectamente también a la Unión Europea que compartiría frontera sur con el estado más moderno del norte de África.

Cierto es que el temor a perder el territorio perjudica a la idea expansionista del Gran Marruecos, pero desde la legalidad el país puede acceder a una democratización real que permita buscar otros intereses económicos ya que un Sahara independiente está obligado a entenderse con el reino alauí, pero un Sahara Marroquí avalado por la población autóctona será un éxito económico que permitirá a Marruecos crecer incluso a niveles de estados de la Unión Europea, pero para ello es necesario dejar elegir a la población.