La inseguridad y la inestabilidad política en Mali han provocado el desplazamiento de unas 400.000 personas, señaló hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El ACNUR indicó que a 20 de julio, más de 230.000 malienses habían buscado refugio en los países vecinos y otros 166.000 se habían desplazado dentro de las fronteras.
La mayoría de los malienses que abandonan el país viaja a Mauritania y el aumento significativo de la llegada a este territorio se debe principalmente al nuevo conflicto entre el Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA) y grupos islamistas, como Ansar Dine o facciones disidentes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), como los que secuestraron en octubre de 2011 a los cooperantes españoles en Tinduf, el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO).
Además, una epidemia de cólera ha afectado a muchas partes de la región del Sahel.
Por otro lado, la UNESCO creó un fondo especial para salvaguardar los sitios del patrimonio mundial en Mali, en particular Tumbuctú y la Tumba de los Askia en Gao, afectados por el conflicto armado en el norte del país.
Los fondos recaudados se utilizarán para ayudar al gobierno a evaluar los daños sufridos por ambos sitios y llevar a cabo trabajos de reconstrucción y rehabilitación tan pronto como lo permita la seguridad de la zona.
Hoy quiero compartir con vosotros este reportaje de la televisión pública española sobre la liberación de los cooperantes españoles y el conflicto que ha rodeado esta situación de fundamentalismo, pobreza e hisotria, dentro de los margenes del gran desierto del Sahara.
Las autoridades del Ministerio de Interior, Empleo y Seguridad Social y la Representante de ACNUR en España dan la bienvenida a los refugiados en el aeropuerto. /ACNUR/C. López
El pasado 17 de julio aterrizó en Barajas un grupo de 80 refugiados de distintas nacionalidades que llegaban directamente de Túnez bajo una cuota de reasentamiento aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2011. Se trata de los primeros refugiados acogidos por España en el contexto de la ley de asilo modificada en octubre de 2009, que contempla el establecimiento de un programa para reasentamiento de refugiados, en colaboración con ACNUR.
Los casos individuales y familias de refugiados del grupo, compuestos por 22 hombres, 25 mujeres y 33 niños de Eritrea, Etiopía y Sudán, han permanecido cerca de un año en el campo tunecino de Shousa, a 8 kilómetros de la frontera entre Túnez y Libia, tras haber huido de la violencia desatada en Libia en febrero de 2011 entre las fuerzas leales a Gadafi y las tropas rebeldes. Por esta frontera y la del vecino Egipto, huyeron a lo largo de 2011 más de un millón de personas, entre libios, refugiados de distintas nacionalidades e inmigrantes económicos, la mayoría de los cuales pudieron retornar a sus lugares de origen con el apoyo de ACNUR y la OIM. Sin embargo, hubo un considerable número refugiados reconocidos bajo el amparo de ACNUR, entre los que se encontraban estas familias ahora acogidas por España, que no podían regresar a sus países de origen porque salieron de ellos años atrás huyendo también de la persecución y de la guerra.
La vida en el campo de tránsito de Shousha, que llegó a albergar a más de 20.000 personas, ha sido muy dura para estos refugiados ya que se trata de una zona árida y semidesértica, que en esta época del año llega a alcanzar los 50ºC y donde los refugiados dependen completamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
ACNUR hizo en 2011 un llamamiento a los países industrializados para que ofrecieran plazas de reasentamiento con el doble propósito de apoyar a Túnez para compartir la responsabilidad de la acogida, un país que se mostró extremadamente generoso al dejar abiertas sus fronteras durante el conflicto en Libia, y buscar una solución duradera para estos refugiados y sus familias, incluyendo menores no acompañados. A día de hoy, quedan unos 2.500 refugiados en el campo de Shousha y cerca de 1.300 han salido reasentados hacia países como Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos o Canadá.
Con este cupo de 80 personas, España se suma al grupo de países de la Unión Europea que aceptan refugiados bajo programas de reasentamiento con carácter anual, mostrando su solidaridad y su compromiso con la política de la UE en materia de protección internacional.
“Celebramos el paso histórico que ha dado España aceptando este grupo de refugiados, a los que se le va a dar la oportunidad de rehacer sus vidas tras años de persecución y desplazamientos forzosos por distintos países”, dijo Maricela Daniel, la Representante de ACNUR en España.
La selección de refugiados se ha realizado mediante la presentación de expedientes de refugiados por parte de ACNUR a las autoridades competentes. El proceso de aceptación, coordinado por el Ministerio del Interior, ha incluido una visita a Shousha el pasado mes de junio encabezado por la Directora General de Política Interior, Dña. Cristina Díaz, para realizar entrevistas con los candidatos al reasentamiento por parte de funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Estas personas recibirán protección internacional en España y un apoyo inicial para su acogida e integración, que correrá a cargo del Ministerio de Empleo, a través de los CAR (Centro de Acogida a Refugiados) y de los recursos de las entidades españolas con larga experiencia en materia de asilo como Cruz Roja, CEAR o Accem.
El último grupo de numeroso de refugiados aceptados bajo un programa de reasentamiento en España fue el del colectivo bosnio entre 1993 y 1995, mediante el cual llegaron unos 700 refugiados bosnios musulmanes, que habían permanecido en campos de internamiento en la exYugoslavia, y sus familias.
El reasentamiento es un instrumento de protección internacional y una de las soluciones duraderas que promueve ACNUR para los refugiados, junto con la repatriación voluntaria y la integración local, cuando ninguna de estas opciones es viable y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Actualmente el número de plazas que ACNUR estima necesarias para reasentamiento a nivel mundial es de unas 800.000 aunque las ofrecidas por los Estados tan sólo llegan a 80.000 anuales.
Imagen de la droga incautada cedida por la policía. / CNP
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una red dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en España con embarcaciones provistas de doble fondo. Este grupo trasladaba la droga desde Marruecos hasta las costas españolas de Cádiz y Málaga para ser distribuida posteriormente en otros puntos de la geografía española. En el transcurso de la operación han sido detenidas dieciséis personas, entre ellas el jefe de la organización, y se han aprehendido 1.040 kilos de estupefaciente. Varias empresas de transportistas, controladas por el cabecilla, proporcionaban los pilotos de las lanchas y la infraestructura necesaria para la recogida y almacenamiento de la mercancía
La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización delictiva asentada en Algeciras, responsable de la introducción en España de importantes partidas de hachís procedente de Marruecos y de su posterior distribución. Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta el cabecilla de la red, afincado en la localidad de Algeciras. Esta persona negociaba directamente con los proveedores para adquirir la sustancia estupefaciente y controlaba diferentes empresas de transportistas que proporcionaban a la organización los pilotos de las embarcaciones usadas para trasladar la droga hasta las costas españolas de Cádiz y Málaga.
Tras los arrestos, los agentes revisaron la embarcación interceptada y hallaron un total de 785 kilogramos de hachís ocultos en un doble fondo. Además, tras el intento frustrado de fuga del conductor al advertir la presencia policial, se intervino un vehículo todo terreno con placas inglesas que habían sustraído previamente. Posteriormente, fueron detenidas otras cinco personas más, entre las que se encuentra el jefe de la red y uno de los principales proveedores marroquíes de la sustancia estupefaciente.
La investigación ha sido llevada a cabo por parte del Grupo III de la Sección GRECO Cádiz (Campo de Gibraltar) perteneciente a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial junto con la UDYCO Algeciras y EDOA de la Guardia Civil de la misma localidad.
Ana Corredera en un momento de la rueda de prensa de Sevilla. / PP
La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del Partido Popular andaluz, Ana María Corredera, pidió a la Junta de Andalucía que «reduzca al menos en un 50 por ciento» el presupuesto a la Cooperación Internacional para 2012, que asciende a 72 millones de euros, ya que «permitiría disponer de 36 millones de euros», e informó de que desde 2007 hasta 2011, el Gobierno andaluz «se ha gastado 430 millones de euros», por lo que el montante total «alcanzaría los 500 millones de euros», es decir, en los seis últimos años «la Junta ha gastado una media de más de 230.000 euros al día, casi 40 millones diarias de la antiguas pesetas», explicó.
En rueda de prensa en Sevilla, Ana María Corredera invitó al Gobierno andaluz a hacer este recorte debido a la grave situación económica que atraviesan los andaluces, toda vez que dudó de «la utilidad de algunos proyectos con la que está cayendo», como por ejemplo, ‘Nodo andaluz del centro de medioambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá’ que asciende a 450.000 euros, o el proyecto de apoyo al fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de las oficinas pública de empleo en Paraguay al que la Junta ha destinado 250.000 euros.
La cooperación de la Junta de Andalucía afecta principalmente a proyectos internacionales muy vinculados con la región del Magreb y en concreto el norte de Marruecos. No obstante afecta a muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en diferentes regiones del norte de África y que han visto mermadas sus ayudas por parte de los consistorios y diputaciones regidas por el Partido Popular.
Asimismo, la diputada popular informó de que el Gobierno de Griñán gastó «más de dos millones de euros en subvenciones sólo durante el primer trimestre de 2012» y «sólo a cargo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo», añadió. En este sentido, especificó que la Junta «se gastó una media de más de 2.500 euros al día durante los tres primeros meses» del presente año.
«Nos preocupa que se dé dinero pero no se pague a los dependientes, a las residencias de mayores, a los centros de día», declaró Corredera, que acusó a la consejera de Salud e Igualdad, Marías Jesús Montero, de «estar doctorada en el impago» por todas las deudas que la Administración andaluza mantiene con «diferentes colectivos».
Además, anunció que el PP andaluz ha solicitado la comparecencia de Montero en el Parlamento de Andalucía para qué explique cómo va a hacer frente a los numerosos impagos que tiene su departamento, toda vez que reprochó a la titular de Salud e Igualdad que «le eche la culpa de sus deudas al Gobierno de Rajoy cuando lleva 7 meses y la Junta de Andalucía acumula deudas de 2010, 2011 y 2012».
Se llama Manin Ould Oufkir y tiene 30 años, es originario de los campamentos de refugiados saharauis según la agencia de noticias mauritana Sahara Media, aunque el Frente Polisario no lo ha confirmado.
Está considerado como el principal cerebro de la operación que secuestró el pasado 23 de a los dos cooperantes españoles y a la italiana en la ciudad administrativa del Polisario en los campamentos de Tinduf.
Llegó a Mauritania a finales de 2011, aunque antes de llegar cortó su barba, convertido en un símbolo del radicalismo islámico en el país magrebí. Ould Oufkir fue detenido en su casa de Noadibu el cinco de diciembre de 2011 y trasladado a la prisión central de Nuakchot.
Todo apunta que este saharaui ha sido uno de los intercambios para lograr la liberación de los cooperantes por parte de los disidentes de AQMI, los yihadistas del MUJAO. Además otros medios locales apuntan a que un terrostista mauritano y otro nigerino fueron puestos en manos del MUJAO.
Sin embargo, la Agencias de Información de Nuakchot (ANI) contrastó la información de la liberación del terrostista saharaui, aunque ha sido la primera agencia que ha puesto precio a los cooperantes. Según estaagencia los Gobiernos de España e Italia pagaron entre dos y tres millones de euros por la liberación de los trabajadores humanitarios.
Primera imagen de los cooperantes tras su secuestro en Burkina Faso. / repubblica.it
Los dos cooperantes españoles, Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons, y la italiana Rosela Urru secuestrados en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf fueron liberados ayer por la tarde tras nueve meses raptados por la organización Movimiento por la Unidad y la Yihad en el África Occidental (MUJAO), según anunció un portavoz del grupo islamista Ansar al Din en el norte de Malí, y que confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los trabajadores humanitarios fueron entregados a los mediadores en la ciudad maliense de Gao, actual epicentro del conflicto entre los independentistas tuareg y grupos islamistas. Su liberación se retrasó tras una tormenta de arena que no permitió que un avión de las Fuerzas Áreas Españolas aterrizara para recoger a los cooperantes.
Enric, Ainhoa y Rosela trabajaban para diferentes organizaciones internacionales en los campamentos de refugiados saharauis, donde residían por motivos laborales y donde se convirtieron en los primeros secuestrados en estos campos tras más de 35 años sin incidentes.
Desde hace nueve meses han estado en paradero desconocido, y tras cifrar sus captores su libertad por un millón y medio de euros apenas se supo de ellos desde diciembre de 2011, cuando el MUJAO envió un video de los rehenes como prueba de que estos seguían con vida.
Los cooperantes internacionales se alojaban en el protocolo de Rabuni, ciudad administrativa de los campamentos de refugiados saharauis, controlado por el Frente Polisario y antes del la noche del 23 de octubre, día del secuestro, una de las zonas más seguras para los trabajadores internacionales del conflictivo Sahel.
Los terroristas del MUJAO entraron en las instalaciones del protocolo, hirieron al guarda de seguridad y ante los gritos y disparos, el personal humanitario salió al patio central donde varios hombres con turbante tomaron a Ainhoa Fernández y Rosela Urru. Eric Gonyalons se resistió ante sus captores que le dispararon en una de sus piernas, y fue finalmente secuestrado junto a sus compañeras.
Varios militares del Frente Polisario siguieron al vehículo hacia la frontera entre Argelia y Mauritania, y tras varios tiroteos perdieron su rastro en el norte de Malí, refugio para muchos terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Después de meses de discretas negociaciones entre los mediadores del gobierno español e italiano junto a los secuestradores, estos han llegado a buen puerto, a pesar de que el golpe de estado de Malí en marzo de 2012 y los enfrentamientos en el norte contra los Tuareg, desestabilizó la zona y facilitó los movimientos de grupos islamistas y traficantes en la región donde los cooperantes estaban retenidos.
Magreb
