El juzgado de primera instancia y de instrucción número 2 de melilla ha aceptado abrir diligencias previas para investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la guardia civil durante las expulsiones en caliente que se produjeron en Melilla durante la noche del pasado 18 de junio, según ha informado este jueves Andalucía Acoge, asociación denunciante de estos hechos junto con la federación SOS Racismo y Prodein Melilla.
En un comunicado, la organización explica que esta decisión se ha adoptado en respuesta a la querella presentada por estas tres ONG a partir de un vídeo grabado «en el que se aprecia cómo fuerzas auxiliares marroquíes, dentro de territorio español, apalean a una persona inmigrante», así como los hechos son observados por «un coche de la guardia civil, que no interviene para detener la acción violenta».
«A continuación, en el mismo vídeo, se ve claramente cómo policías de marruecos y guardias civiles, en el espacio entre vallas, por tanto dentro de territorio español, conducen a un grupo de inmigrantes para devolverlos en caliente», una acción que, según explica el coordinador del equipo jurídico de Andalucía acoge, José Luis Rodríguez candela, podría ser «constitutiva de varios delitos» según entiende el juez de Melilla.
Según Andalucía acoge, el magistrado instructor de la querella solicitará a la comandancia de la guardia civil que identifique a los agentes que estuvieron desplazados a la valla la noche de los hechos, así como que informe sobre el protocolo de acción seguido aquel día y las órdenes completas recibidas por los guardias civiles acerca de la manera de proceder con los inmigrantes. «El juez también ha ordenado girar comisión rogatoria a marruecos para que identifique a sus efectivos que participaron en la acción dentro de territorio español», añade Rodríguez candela.
Cuatro activistas de ONG que participan en el encuentro Frontera sur realizado en la ciudad fronteriza Melilla, España, se encadenaron para exigir se respeten los derehos humanos de los mirhrantes y pidieron se detengan las deportaciones ilegales.
Poco después de las seis de la tarde, un grupo de representantes de las ONG que estaban en la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigranntes (CETI) se dirigieron a un punto cercano del perímetro fronterizo y, acto seguido, cuatro de las activistas se han atado a la valla utilizando una cadena y dos candados.
Además, portaban una pancarta en la que se podía leer «Aquí se violan Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo?», mientras otras dos compañeras suyas, al otro lado de la carretera, mostraban otra con el lema «Stop deportaciones ilegales».
Acaba de llegar, y ni se les ocurre regresar. Esa sonrisa no solo representa la infancia sino el reto de una familia que sacó a esta princesa junto a su madre de Costa de Marfil.
Hoy ha pisado Europa, ese continente que ella ni imagina, pero que su madre vio lejos durante años, y tras llegar en patera a Melilla ahora ya están a salvo.
En 2011 Abiyán vivió uno de los enfrentamiento armados más violentos tras unas elecciones complejas que enfrentaron a gubernamentales y oposición y que generaron el miedo y el terror entre sus calle. Un conflicto que tomó tintes bélicos con la intervención francesa.
De ese desastre no solo huyó esta princesa, también Letizia de siete años. Ella junto a su madre recorrió miles de kilómetros para llegar a Melilla, un viaje que me cuenta y que para ella fue «precioso». Aunque huérfana de padre Letizia llegó a la ciudad autónoma junto a su madre, allí llevan meses esperando un pase a la península.
En ese tiempo le ha dado tiempo para crecer, ver las migraciones desde dentro y aprender español. Aunque pasó miedo en la patera, ahora tiene las cosas claras. «Quiero trabajar un poquito, conseguir algo de dinero, y hacerle una casa bonita a mi mamá», un reto que le aguarda, pero que también sabe que para ello estudiará.
Feliz mientras desayunaba en la sede Cruz Roja en Málaga, esta pequeña apenas es consciente que estaba dentro de una lista de traslados. Un total de 63 inmigrantes de varias nacionalidades han llegado hoy al puerto de Málaga procedentes de Melilla con el objetivo de aliviar la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de esa ciudad autónoma, que continúa saturado.
Treinta de ellos han sido acogidos por la Cruz Roja, un grupo en el que había catorce niños, con edades hasta los 7 años, mientras que entre los adultos sólo dos varones y las catorce restantes son mujeres.
Es la primera vez que ocurre pero en el último salto a la valla de Melilla militares marroquíes armados entraron en territorio Español para realizar deportaciones «in extremis» tal y como demuestra un vídeo difundido por la ONG melillense «Prodein».
Y es que Marruecos, país que acoge a unos 10.000 subsaharianos según la ONU, es el socio colaborador de las ilegalidades del ejecutivo nacional (PP), así como la Unión Europea, que violan constantemente la ley de extranjería en pro de un acuerdo bilateral firmado por el ejecutivo de Felipe González (PSOE), en el que se justifican dichas deportaciones.
Prodein ha denunciado que los militares entraron en Melilla con el objetivo de detener a inmigrantes que acababan de protagonizar un salto a la alambrada fronteriza, para posteriormente ser trasladados en autobuses.
Prodein afirma que las fuerzas de seguridad españolas actuaron conjuntamente con las fuerzas marroquíes «llegando a echar gases en la cara a inmigrantes que estaban subidos a la valla».
El vídeo muestra claramente como el vallado tiene sus puertas abiertas y tanto agentes españoles como marroquíes apresan y trasladan a los inmigrantes mientras estos lloraban y suplican a las autoridades españolas ser acogidos.
La violación de la ley de extranjería así como de los derechos de los migrantes fueron violados según el vídeo, acción que motivó a un ciudadanos de Camerún, Ngila, a permanecer unas tres horas subido a una farola par evitar ser deportado como sus compañeros.
Hace unas semanas la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), así como otras organizaciones internacionales que se incluyen Amnistía Internacional o HRW, solicitaron tanto a España como Marruecos respetar el derecho de los inmigrantes que en muchos casos son «refugiados».
Desde los sucesos de Ceuta decenas de migrantes se han desplazado desde las zonas próximas a Ceuta para intentar llegar a Melilla, tras conocerse que las autoridades españolas no estaban realizando devoluciones en caliente, así como al temor que provocó la violencia de la Guardia Civil en el paso del Tarajal.
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch. El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Hace unos días varios subsaharianos preguntaban a este periodista si conocía Ceuta y cual eran sus puntos más franqueables, no tenía respuesta para aquella pregunta pero me volvió a lanzar otra preguntar, si era más fácil entrar por Melilla.Este aseguraba que muchos compañeros había salido hacia los montes limítrofes del otro enclave español tras los frustrados intentos en Ceuta.
Lo cierto es que el vallado de Ceuta por su orografía es más complicado, si le añadimos que la alambrada está repleta de concertina, todo lo contrario que en Melilla, donde esta madrugada la palabra más pronunciada era «brouillard». La niebla, esa densa capa que ha cubierto hoy la frontera y que ha permitido que unas 500 personas sorteasen la valla hacia Melilla.
La entrada de inmigrantes de esta mañana en Melilla es ya la más numerosa desde que hay registros, puesto que varias fuentes policiales cifran en unas quinientas el número de personas que lograron saltar la valla y acceder a la ciudad autónoma. Además hay que añadir que otras fuentes cifran en más de treinta personas heridas en la zona marroquí durante el salto, cinco de ellos policías.
Según algunas ONG que trabajan en Melilla han confirmado que de nuevo no se han producido las conocidas como devoluciones en calientes, una información que se corre entre los montes de Marruecos cuyos habitantes clandestinos llevan años entrando en territorio español y expulsado in extremis.
La delegación del Gobierno en Melilla, que ha calificado el salto como el más violento y masivo desde 2005, ha destacado que las adversas condiciones meteorológicas –sobre todo una espesa niebla- unida al conocimiento cada vez más detallado que los inmigrantes tienen de la valla de Melilla, restan eficacia al sistema anti-intrusión, facilitando la entrada masiva.
El numeroso salto se ha producido un día después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se reuniera en Rabat (Marruecos) con el ministro delegado del Interior de Marruecos, Charki Draiss, para abordar la cooperación de ambos países en la lucha contra la inmigración ilegal y para preparar la reunión del Comité Mixto, contemplado en el artículo 11 del Acuerdo sobre readmisión hispano-marroquí de 1992, que tendrá lugar en Tánger a finales de este mes.
De momento la situación sigue complicándose ya que miles de personas buscan un futuro mejor en Europa y cuya vía sigue siendo las frontera sur, y donde europa sigue empeñada en erigir sus muros sin consideración al carácter humanitario que se viven en estas zonas.
La organización lanza una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para exigir que paren estas expulsiones, no se reforme la ley de extranjería y se depuren resposabilidades tras las muertes de Ceuta el pasado 6 de febrero.
Amnistía Internacional rechaza las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ha afirmado que se va a modificar la Ley de Extranjería para permitir las expulsiones “en caliente” de inmigrantes.
“Las expulsiones colectivas y “en caliente” son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.”
Una de las últimas veces donde pueden apreciarse claramente expulsiones ilegales de inmigrantes fue tras la tragedia del 6 de febrero pasado, cuando al menos 15 inmigrantes perdieron la vida en su intento de alcanzar territorio español. El Ministro del Interior admitió públicamente que la Guardia Civil entregó de forma sumaria a 23 inmigrantes a las autoridades marroquíes.
“Esta practicas ilegales deben parar inmediatamente. Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, sigue Beltrán.
El Ministro del Interior también ha anunciado su intención de modificar el acuerdo con Marruecos en materia de Inmigración para agilizar la devolución de personas inmigrantes. La organización recuerda que cualquier acuerdo de readmisión con Marruecos debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Todas las personas inmigrantes que acceden a territorio español tienen derecho a acceder a un proceso de devolución o expulsión que garantice su derecho a pedir asilo, a tener un abogado, un interprete o a impugnar su expulsión ante las autoridades judiciales.