La instalación de malla antitrepa se está haciendo a marchas forzadas en la valla de Melilla. / José Palazón

La instalación de malla antitrepa se está haciendo a marchas forzadas en la valla de Melilla. / José Palazón

Las autoridades de España y Marruecos “deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera”, así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las “devoluciones en caliente”

Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.

“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.

La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.

Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.

Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch.
El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.

“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.

El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.

Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.

Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.

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