Ante las dudas planteadas sobre la legalidad de las devoluciones de inmigrantes ilegales que llegan cada día a la Ciudad Autónoma de Melilla la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) solicita a la Fiscalía General del Estado que, a la mayor brevedad posible, informe sobre si los agentes pueden incurrir en alguna ilegalidad al cumplir estas órdenes.

Las dudas que las formaciones políticas UPyD, IU y EQUO han llevado al Congreso de los Diputados con diversas preguntas parlamentarias sobre esta posible ilegalidad son las que llevan a AUGC Melilla a solicitar la intervención de la Fiscalía General ya que los guardias civiles, que cada día deben combatir el problema de la inmigración ilegal, se encuentran indefensos jurídicamente al desconocer si en algún momento pueden estar vulnerando los derechos de los inmigrantes.

Esta no es la primera vez que AUGC muestra públicamente su malestar por la falta de unas pautas concretas de actuación con los inmigrantes. Y si ahora se dirige a la Fiscalía General del Estado solicitando estas recomendaciones es porque previamente ha sido la propia Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, en una clara dejación de defensa de sus trabajadores, la que se ha negado a dar un protocolo de actuación como había solicitado AUGC. El fin último de nuestra Organización es proteger los derechos de los guardias civiles y de los inmigrantes, para que ninguno de ellos vean en ningún momento vulnerados sus derechos.

Caso aparte es la denuncia sobre la devolución de dos menores tutelados por las autoridades melillenses y que un teniente ha devuelto a Marruecos. Por ello AUGC exige que se den cuenta de las circunstancias que motivaron esta devolución, y en el caso de que se haya actuado sin ningún respaldo legal que apoye la expulsión de los menores la Organización reclama a la Guardia Civil que se depuren todas las responsabilidades, empezando por el que dio la orden de devolución y terminando por el teniente, pidiendo que sean cesados en sus puestos. En cuanto a los menores, si su expulsión ha sido ilegal AUGC solicita que se tomen las medidas oportunas para que sean devueltos a la tutela de las autoridades melillenses. Así no sólo no se vulneraran los derechos de estos menores sino que se restituirá la buena imagen de la Guardia Civil, dañada por la incertidumbre creada en torno a la legalidad de estas actuaciones.