El ministro compareciendo ante el Senado. /MAGRAMA

El Gobierno del Partido Popular y el responsable de la cartera de Agricultura y Pesca se han empeñado en reestablecer el acuerdo de pesca con Marruecos, que el Parlamento europeo lo rechazó por incluir aguas no autónomas, en concreto las del Sahara Occidental.

El ministro Miguel Arias Cañete ha comparecido ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, donde ha respondido a ocho preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.

En respuesta a una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo, Miguel Arias Cañete ha asegurado que el Gobierno está trabajando para conseguir que las medidas que introduce laPolítica Pesquera Común que se aprueben finalmente “permitan al sector pesquero español ejercer una actividad rentable y con futuro, en la que se concilien los aspectos biológicos, ambientales y socioeconómicos”.

Para ello, el ministro ha manifestado que el Gobierno apuesta por la consecución de un acuerdo satisfactorio y en bloque sobre todos los textos (Reglamento de la PPC, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y Reforma de la OCM de productos de la pesca).

Arias Cañete también ha respondido al senador Fidalgo sobre la situación de los Acuerdos Internacionales de Pesca que afectan a España. Así, Arias Cañete ha recordado que se han firmado nuevos protocolos de pesca con Costa de Marfil, Madagascar, Mozambique, Mauricio y Kiribati.

No obstante, “el mayor de nuestros esfuerzos se ha dedicado a la renovación del protocolo de pesca con Marruecos y el acuerdo con Mauritania”, ha asegurado. Respecto al primero de ellos, el ministro ha indicado que hoy, tras varias rondas negociadoras, nos encontramos en un proceso muy avanzado de negociación. Hasta el momento, se han consolidado los avances en relación con las condiciones técnicas, que facilitarán un mejor aprovechamiento del acuerdo. Ahora, se está negociando la contrapartida financiera que recibirá Marruecos.

Sobre el acuerdo con Mauritania, Arias Cañete ha recordado que el Gobierno votó en contra de la aprobación del Protocolo y sigue haciendo todos los esfuerzos para llamar la atención sobre sus efectos negativos. En particular, “desde el Gobierno continuaremos ejerciendo nuestra influencia para que sea vetado en el Parlamento Europeo y, de llegar a aprobarse, solicitaremos a la Comisión Europea que denuncie el acuerdo por falta de utilización”.

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