Melilla se la ciudad española con más violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Ahí, cientos de personas intentan solicitar asilo pero son expulsados en las puertas de uno de los muros fronterizos más peligrosos que existen en el mundo: la valla de Melilla. teleSUR
Una patera con veintitrés inmigrantes subsaharianos a bordo arribó en la mañana de ayer a Maspalomas, principal zona turística de Gran Canaria, donde fue avistada al llegar a la costa por personal del servicio de limpieza de playas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Cruz Roja que atendieron a los ocupantes de la patera, veintiún hombres y dos mujeres. Dado que algunos de ellos presentaban fiebre se especuló con la posibilidad de activar el protocolo por sospecha de ébola.
Finalmente, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias acordó no activar el protocolo tras efectuar el estudio epidemiológico pertinente a sus ocupantes.
Sin embargo, estos migrantes que provenían en una patera de Guinea Conakry y Senegal, la embarcación partió del Sahara Occidental, estuvieron más de cinco horas esperando en la playa frente a las altas temperaturas de la isla con el fin de saber si se activaba o no el protocolo de Ébola. La mala gestión también se desarrolló entre la operación de traslado que transportó a los migrantes, algunos de sellos enfermos en los camiones de la basura de la Comunidad canaria.
De momentos los migrantes permanecen en el centro de Estancia Temporal de Inmigrantes a la espera de las decisiones judiciales, pero se vuelve a poner en evidencia la lenta y mala gestión de España ante los flujos migratorios y sobre los protocolos de Ébola.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, da la bienvenida a la decisión del Ministerio del Interior de crear oficinas de asilo y protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Esta decisión hecha pública ayer, que sigue una recomendación de ACNUR, es un paso muy positivo para posibilitar que las personas que necesitan protección internacional puedan solicitar asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, como ocurre en otros puestos fronterizos de España. En el último año hemos venido observando un incremento importante de las llegadas de personas que huyen de países en conflicto a estas ciudades. A los más de 2.000 sirios que han llegado desde enero de 2014, se suman cientos de personas de países del África subsahariana procedentes de países donde hay guerras, persecución y violaciones de derechos humanos.
ACNUR coincide en la necesidad de invertir en recursos materiales y humanos para el establecimiento de estas oficinas, incluyendo la formación del personal que atienda a los solicitantes de asilo. En línea con su mandato y el trabajo habitual de ACNUR, en estrecha colaboración con la Policía Nacional, se han puesto en marcha cursos de formación para los oficiales de policía destacados en las fronteras de ambas ciudades, así como con los Colegios de Abogados.
Teniendo en cuenta el perfil actual de la población que llega a estas ciudades, la Agencia de la ONU para los Refugiados considera que sería necesario establecer una presencia de la Oficina de Asilo y Refugio en estas ciudades, como lo ha hecho ACNUR desde el mes de julio, al objeto de establecer mecanismos ágiles de tramitación, identificación y derivación de los casos de asilo meritorios, para lo cual, las autoridades podrán contar con la colaboración de ACNUR.
ACNUR reitera la necesidad que todos los casos meritorios de protección internacional sean trasladados a la mayor brevedad a la península y que puedan disfrutar de los mismos derechos y asistencia que los solicitantes de asilo que formalizan sus peticiones en otros puntos de España.
Sin menoscabo de la creación de estas oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, ACNUR recuerda que se deben garantizar también los derechos fundamentales de las personas que intentan acceder de forma irregular al territorio español, en relación con la iniciativa de modificación de la Ley de Extranjería anunciada a finales de octubre.
ACNUR se pone a disposición de las Autoridades españolas para trabajar conjuntamente en materia de protección internacional en Ceuta y Melilla.
Cuatro activistas de ONG que participan en el encuentro Frontera sur realizado en la ciudad fronteriza Melilla, España, se encadenaron para exigir se respeten los derehos humanos de los mirhrantes y pidieron se detengan las deportaciones ilegales.
Poco después de las seis de la tarde, un grupo de representantes de las ONG que estaban en la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigranntes (CETI) se dirigieron a un punto cercano del perímetro fronterizo y, acto seguido, cuatro de las activistas se han atado a la valla utilizando una cadena y dos candados.
Además, portaban una pancarta en la que se podía leer «Aquí se violan Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo?», mientras otras dos compañeras suyas, al otro lado de la carretera, mostraban otra con el lema «Stop deportaciones ilegales».
Es la primera vez que ocurre pero en el último salto a la valla de Melilla militares marroquíes armados entraron en territorio Español para realizar deportaciones «in extremis» tal y como demuestra un vídeo difundido por la ONG melillense «Prodein».
Y es que Marruecos, país que acoge a unos 10.000 subsaharianos según la ONU, es el socio colaborador de las ilegalidades del ejecutivo nacional (PP), así como la Unión Europea, que violan constantemente la ley de extranjería en pro de un acuerdo bilateral firmado por el ejecutivo de Felipe González (PSOE), en el que se justifican dichas deportaciones.
Prodein ha denunciado que los militares entraron en Melilla con el objetivo de detener a inmigrantes que acababan de protagonizar un salto a la alambrada fronteriza, para posteriormente ser trasladados en autobuses.
Prodein afirma que las fuerzas de seguridad españolas actuaron conjuntamente con las fuerzas marroquíes «llegando a echar gases en la cara a inmigrantes que estaban subidos a la valla».
El vídeo muestra claramente como el vallado tiene sus puertas abiertas y tanto agentes españoles como marroquíes apresan y trasladan a los inmigrantes mientras estos lloraban y suplican a las autoridades españolas ser acogidos.
La violación de la ley de extranjería así como de los derechos de los migrantes fueron violados según el vídeo, acción que motivó a un ciudadanos de Camerún, Ngila, a permanecer unas tres horas subido a una farola par evitar ser deportado como sus compañeros.
Hace unas semanas la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), así como otras organizaciones internacionales que se incluyen Amnistía Internacional o HRW, solicitaron tanto a España como Marruecos respetar el derecho de los inmigrantes que en muchos casos son «refugiados».
Desde los sucesos de Ceuta decenas de migrantes se han desplazado desde las zonas próximas a Ceuta para intentar llegar a Melilla, tras conocerse que las autoridades españolas no estaban realizando devoluciones en caliente, así como al temor que provocó la violencia de la Guardia Civil en el paso del Tarajal.
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch. El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Hace unos días varios subsaharianos preguntaban a este periodista si conocía Ceuta y cual eran sus puntos más franqueables, no tenía respuesta para aquella pregunta pero me volvió a lanzar otra preguntar, si era más fácil entrar por Melilla.Este aseguraba que muchos compañeros había salido hacia los montes limítrofes del otro enclave español tras los frustrados intentos en Ceuta.
Lo cierto es que el vallado de Ceuta por su orografía es más complicado, si le añadimos que la alambrada está repleta de concertina, todo lo contrario que en Melilla, donde esta madrugada la palabra más pronunciada era «brouillard». La niebla, esa densa capa que ha cubierto hoy la frontera y que ha permitido que unas 500 personas sorteasen la valla hacia Melilla.
La entrada de inmigrantes de esta mañana en Melilla es ya la más numerosa desde que hay registros, puesto que varias fuentes policiales cifran en unas quinientas el número de personas que lograron saltar la valla y acceder a la ciudad autónoma. Además hay que añadir que otras fuentes cifran en más de treinta personas heridas en la zona marroquí durante el salto, cinco de ellos policías.
Según algunas ONG que trabajan en Melilla han confirmado que de nuevo no se han producido las conocidas como devoluciones en calientes, una información que se corre entre los montes de Marruecos cuyos habitantes clandestinos llevan años entrando en territorio español y expulsado in extremis.
La delegación del Gobierno en Melilla, que ha calificado el salto como el más violento y masivo desde 2005, ha destacado que las adversas condiciones meteorológicas –sobre todo una espesa niebla- unida al conocimiento cada vez más detallado que los inmigrantes tienen de la valla de Melilla, restan eficacia al sistema anti-intrusión, facilitando la entrada masiva.
El numeroso salto se ha producido un día después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se reuniera en Rabat (Marruecos) con el ministro delegado del Interior de Marruecos, Charki Draiss, para abordar la cooperación de ambos países en la lucha contra la inmigración ilegal y para preparar la reunión del Comité Mixto, contemplado en el artículo 11 del Acuerdo sobre readmisión hispano-marroquí de 1992, que tendrá lugar en Tánger a finales de este mes.
De momento la situación sigue complicándose ya que miles de personas buscan un futuro mejor en Europa y cuya vía sigue siendo las frontera sur, y donde europa sigue empeñada en erigir sus muros sin consideración al carácter humanitario que se viven en estas zonas.