Libia

Amnistía insta a Libia a entregar al hijo de…


Libia debe acatar la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) y entregar de inmediato a Saif al Islam al Gadafi a la Corte en La Haya, ha dicho Amnistía Internacional.

«Libia es un país en transición. Su sistema de justicia penal se hundió tras la caída del régimen de Gadafi y el país aún no está en condiciones de llevar a cabo juicios justos, y menos aún de juzgar a Saif al Islam por los crímenes de los que la CPI le acusa”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Libia debe cumplir su obligación de entregar a Saif al Islam a la CPI y garantizar que sus derechos estarán plenamente protegidos durante su transferencia.”

Saif al Islam al Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi, está acusado de dos delitos de crímenes contra la humanidad –asesinato y persecución– por su presunta actuación en el conflicto que acabó con el derrocamiento del régimen de Gadafi.

La CPI anunció ayer la decisión de sus jueces de que Libia no es capaz de llevar a cabo la instrucción ni el procesamiento de Saif al Islam al Gadafi y no ha demostrado suficientemente que los tribunales nacionales libios y la CPI están investigando los mismos delitos.

Libia

Amnistía denuncia la restricción de libertad de expresión en…

Escudo del CNT libio

Las autoridades libias no deben suprimir la libertad de expresión con la excusa de proteger la «Revolución del 17 de Febrero», ha manifestado Amnistía Internacional, tras la aprobación de una ley que sanciona el «enaltecimiento» del líder depuesto Muamar al Gadafi.

Hace unos días, el gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT) aprobó la «Ley 37, de 2012, sobre la sanción del enaltecimiento del dictador». La Ley prescribe penas de prisión por difundir falsos rumores, propaganda o información con objeto de dañar la defensa nacional o «aterrorizar a la población» o «menoscabar la moral de la ciudadanía» en tiempo de guerra. Asimismo, prevé cadena perpetua si tales actos «perjudican al país».

La Ley dispone que Libia se encuentra en circunstancias similares a un «estado de guerra». Enaltecer a «Gadafi, su régimen, sus ideas o a sus hijos» se considera un acto de «propaganda sensacionalista», según la nueva ley.

La Ley contiene también imprecisas disposiciones que sancionan con penas de prisión a todo el que dañe «la Revolución del 17 de Febrero». La misma sanción se impone a quienes «ofendan» al islam o al Estado y sus instituciones y a quienes, «ofendan públicamente al pueblo libio”. No se especifica en la Ley la duración de las condenas de prisión, pero el Código Penal libio indica que podrían ser de entre 3 y 15 años.

“Esta nueva ley recuerda de manera inquietante a la draconiana legislación utilizada para reprimir la disidencia durante los cuatro decenios de gobierno brutal de Gadafi. Los libios se echaron a la calle en febrero del año pasado y pagaron un alto precio para librarse de estas represivas prácticas, no para verlas restablecidas”, ha señalado Philip Luther, director del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Un miembro del CNT ha dicho a Amnistía Internacional que la nueva ley tiene por objeto impedir que se hiera la sensibilidad de las víctimas de los crímenes de Gadafi y promover la reconciliación nacional. Otro ha indicado que es necesaria porque algunos profesores continúan enalteciendo el régimen de Gadafi en los colegios, lo que representa una amenaza para la «Revolución del 17 de Febrero».

Libia

Amnistía insta al CNT libio a investigar la muerte…

Heridas provocadas por los rebeldes a un tawargha. / AI
Amnistía Internacional ha instado al Consejo Nacional de Transición libio (CNT) a que actúe de inmediato para investigar y enjuiciar los abusos contra la comunidad tawargha de libios negros, después de la muerte por torturas de otro miembro de esta comunidad en un centro de detención de Misrata.

El 16 de abril fue entregado a su familia el cadáver de Barnous Bousa, de 44 años y padre de dos hijos. Estaba lleno de magulladuras y cortes, incluida una herida abierta en la parte posterior de la cabeza. Barnous Bousa era un civil que huyó de su casa en Kararim, en la región occidental de Libia, durante el conflicto armado, estableciéndose en Sirte.

Según informes, tras su detención por las milicias de Misrata en octubre de 2011 mientras huía de los combates de Sirte, fue recluido en un centro de detención controlado por el Comité de Seguridad de Misrata, creado por el ayuntamiento de esa ciudad.

Amnistía Internacional ha documentado más de una docena de muertes bajo custodia a manos de las milicias armadas desde septiembre de 2011, en un contexto de torturas generalizadas contra presuntos partidarios de Gadafi y soldados. Gran parte de las víctimas eran tawarghas.

Toda la población de la ciudad de Tawargha, alrededor de 30.000 personas, ha sufrido abusos a manos de las milicias armadas como represalia por la imagen de lealtad de la localidad al anterior gobierno, y por los crímenes presuntamente cometidos por algunos de ellos durante el sitio y el bombardeo de la vecina ciudad de Misrata por las fuerzas de Gadafi.

Magreb

Amnistía envía un nuevo informe sobre la constitución de…

Manifestantes tunecinos piden paz, libertad de expresión y un estado laico. / AI

La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez debe aprovechar la redacción de la nueva Constitución para impedir la repetición de los abusos generalizados que tuvieron lugar durante el mandato de Ben Alí, según afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe que fue presentado a la Asamblea Nacional Constituyente.

Amnistía Internacional pide a los miembros de la Asamblea que incluyan en la nueva Constitución una serie de disposiciones para salvaguardar los derechos humanos y garantizar que Túnez cumple con las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales.

“Existe una oportunidad real de que la Asamblea incluya en la Constitución la visión del nuevo Túnez, basada en los derechos humanos y el Estado de derecho, así como las aspiraciones de la población tunecina a la libertad, la dignidad, la igualdad y la justicia social”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“La continuidad de las restricciones a la libertad de expresión y de la violencia policial contra manifestantes pacíficos en los últimos días pone de relieve la necesidad de que quienes redacten la nueva Constitución tengan realmente la aspiración de incluir textos que resistan el paso del tiempo y conviertan a Túnez en un líder regional en la protección de los derechos humanos.”

Amnistía Internacional afirmó que es fundamental que la nueva Constitución garantice la separación de poderes, la no discriminación, la igualdad de todas las personas ante la ley, las salvaguardias fundamentales en materia de derechos humanos, como la protección frente a la tortura y la detención arbitraria, las garantías judiciales y la independencia del poder judicial.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene también ante sí la oportunidad única de responder a las demandas de los millones de tunecinos que se manifestaron en 2011 para exigir dignidad mediante la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución, ha afirmado la organización.