La operación de rescate y asistencia se convirtió en un largo periodo de privación de libertad sin poner a las personas inmigrantes a disposición judicial en el plazo que estipula la ley.

Buena parte de los inmigrantes llegados entre los días 11 y 12 de agosto en pateras a las costas de Cádiz, y desalojados ayer del Polideportivo de Tarifa, estuvieron privados de libertad sin ser puestos a disposición judicial en el plazo de 72 horas, como lo estipula la ley.

Ésta es la denuncia que la Federación Andalucía Acoge y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) llevan haciendo desde el pasado miércoles, día 20 de agosto, ante organismos nacionales e internacionales, intentando poner freno a la situación de ilegalidad manifiesta.

“Aunque el Gobierno quiera tildar de mera operación de rescate y asistencia al conjunto de las acciones llevadas a cabo entre los días 11 y 25 de agosto, lo cierto es que no se le permitía a quienes estaban en el polideportivo la libertad de movimiento, que es un derecho constitucional. Por tanto, un gran número de personas han estado detenidas ilegalmente, ya que no se les puso a disposición de un juez en el plazo máximo de 72 horas y sin asistencia letrada. Eso es un hecho”, afirma Valentín Aguilar, coordinador general de APDHA.

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