Durante el año 2015, llegaron a nuestras costas, según fuentes a las que ha tenido acceso APDHA, al menos 16.111 personas, un 34% más que el año anterior, y se certifica además la reactivación de la ruta de Canarias, que triplica sus llegadas, lo que viene a confirmar, según la organización, que “los muros no pueden contener la falta de futuro y de esperanza”. Todo ello, a pesar de que el Gobierno español invirtió 22.000 euros diarios entre 2005 y 2013 para la instalación y mantenimiento de las vallas en la frontera de Ceuta y Melilla, a tenor del reciente informe de Amnistía Internacional Miedo y Vallas: los planteamientos de Europa para contener a los refugiados.

Por otro lado, del total de personas llegadas a España, el 23% eran menores, (magrebíes no acompañados y subsaharianos de corta edad que venían con sus familias), y el 9% eran mujeres, en su mayoría procedentes del África Subsahariana.

El informe además, destaca el aumento en cerca de un 50% en el número de personas que perdieron la vida intentando llegar a España el año pasado. A las al menos 195 personas fallecidas en su intento de alcanzar España, se suman a las 3.770 que murieron en el mediterráneo central y el Egeo, durante este mismo año. Una “sangrante realidad, consecuencia de las políticas de la una Unión Europea que ha asumido el modelo deEspaña como pionera en la falta de respeto a los derechos humanos en las fronteras”, aseguran.

Así lo manifiesta, opinan, “la exportación del mecanismo de devoluciones en caliente patentado en España y al que el Gobierno ha querido dar respaldo legal durante 2015, quitándose la careta del respeto formal a los derechos humanos”. Las llamadas devoluciones en caliente se han visto integradas de lleno en el acuerdo UE-Turquía para la devolución “en masa” de miles de refugiados llegados a las costas de Grecia, asegura la APDHA que, puntualiza, “además de exhibir un despreciable mercadeo de seres humanos, ha dinamitado el derecho de asilo (Convención de Ginebra), el derecho de no devolución (Convenio de Prevención de la Tortura de la ONU) y la prohibición de devoluciones colectivas (Convenio Europeo de los Derechos Humanos).

Esta “subcontratación del asilo” ha dejado a miles de personas que huyen de la guerra en manos de un país que no respeta los derechos humanos, que mantiene un conflicto abierto con el pueblo kurdo, que está sufriendo ataques constantes del ISIS y que ha iniciado expulsiones colectivas a Siria, hecho denunciado por diversos organismos internacionales.

El acuerdo turco-europeo, explican, tiene sus antecedentes más inmediatos en España, en 1992, con el acuerdo de readmisión de extranjeros por parte de Marruecos, y en 2006, cuando durante la crisis de los cayucos, España puso en marcha el Plan África, firmando acuerdos de cooperación con Nigeria, Guinea Bissau, Senegal y Mauritania, condicionados al control sus fronteras.