Durante años el estado español y sus distintos ejecutivos han buscado las maneras de frenar lo que ellos llaman “presión migratoria” en la frontera sur mediante la expulsión de los inmigrantes que acceden a la ciudad de forma irregular.

Y aunque en algunas ocasiones los conflictos migratorios se han resuelto por parte del estado español violando la ley de extranjería, como denunciaron asociaciones pro derechos humanos durante el desalojo de Isla de Tierra en septiembre del año pasado, o las expulsiones in extremis denunciadas por los propios inmigrantes en el Monte Gurugú (Marruecos).

Parece que de nuevo sale a la palestra el acuerdo entre España y Marrueco relativo a la readmisión de extranjero entrados ilegalmente, promovido por ejecutivo de Felipe González en el 1992, y ratificado por el reino alauí en octubre de 2012, 20 años después y tras la crisis de Isla de Tierra.

En el artículo uno de dicho acuerdo se especifica que “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”.

Es decir, con este acuerdo se podría devolver a Marruecos los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta o Melilla, o entre a través de las pateras, siempre que el vecino lo acepte, incluso sin tener que llevar a cabo un trámite administrativo.

España podrá devolver a Marruecos los migrantes de países terceros que entren de forma irregular

Claramente esta medida fomentará las devoluciones en caliente, motivo por el que en muchas ocasiones se producen incidentes violentos entre los propios inmigrantes y la policía.

Hace unas semanas una patera llegó a la playa de Melilla con 15 inmigrantes a bordo con palos y cuchillos, hiriendo a seis agentes de la Guardia Civil al tratar de interceptarlos. Posible consecuencia del acto violento fue que un mes antes la Benemérita expulsó a un grupo de doce migrantes subsaharianos a un campamento militar marroquí en la frontera con Marruecos, tras interceptarlos en una patera cerca de la Bahía de Melilla.

El recién Tratado de Readmisión que se ha aplicado de forma provisional estos años plantea que estas acciones tenga un aval. Y aunque todavía no tienen un puesto fronterizo o aeropuerto acordado entre las partes para efectuar la entregas de inmigrantes, la tarea les corresponde a los ministro de interior de España y Marruecos.

La actual norma de extranjería obliga a interceptar a los ciudadanos extranjeros que entren de forma irregular al territorio español, y ser entregados a las jefaturas de la policía nacional. Los agentes son los correspondientes de organizar su deportación, siempre analizando los casos individualmente ya que se pueden dar procesos de solicitud de asilo.

Con el tratado biliteral se evitará estos trámites ya que Marruecos será el encargado de las deportaciones de estos inmigrantes, sin embargo no garantiza el regreso de los inmigrantes a sus destinos ya que en el artículo quinto del acuerdo el Estado requerido se asegurará de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su “Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje”, es decir que Marruecos podrá dejar en la frontera con Argelia a los inmigrantes como llevan denunciando asociaciones como la APDHA.