Amnistía Internacional insta a la Asamblea Constituyente Nacional, que se reúne por primera vez para redactar la nueva Constitución de Túnez, a garantizar que se abordan los defectos de la antigua Constitución y que en el nuevo texto se incorporan garantías fundamentales de derechos humanos.

Manifestantes tunecinos en el país africano. /AI

La Asamblea debe, ante todo, reflejar en la nueva Constitución las obligaciones internacionales contraídas por Túnez en materia de derechos humanos, en particular respecto a: la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos por encima del derecho nacional; el principio de no discriminación; la protección del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; la independencia del poder judicial; las garantías judiciales en el sistema de justicia penal; la protección frente a la tortura y otras formas de malos tratos; el derecho a la vida; y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las disposiciones de la antigua Constitución tunecina, suspendida el 23 de marzo de 2011, no protegían los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de la población de Túnez. Los miembros de la oposición política, los activistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y, en la práctica, cualquiera que manifestara una opinión discrepante eran reprimidos implacablemente y se enfrentaban a detención y reclusión arbitraria.

Las fuerzas de seguridad y el poder judicial eran parte de la maquinaria represiva de las autoridades, en lugar de instituciones para la protección de los derechos de la población. Las condiciones penitenciarias y el trato a los reclusos eran notoriamente malos; las leyes se aprobaban para aumentar la represión, no para proteger a los tunecinos.

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