Amnistía Internacional insta a la Asamblea Constituyente Nacional, que se reúne por primera vez para redactar la nueva Constitución de Túnez, a garantizar que se abordan los defectos de la antigua Constitución y que en el nuevo texto se incorporan garantías fundamentales de derechos humanos.

La Asamblea debe, ante todo, reflejar en la nueva Constitución las obligaciones internacionales contraídas por Túnez en materia de derechos humanos, en particular respecto a: la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos por encima del derecho nacional; el principio de no discriminación; la protección del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; la independencia del poder judicial; las garantías judiciales en el sistema de justicia penal; la protección frente a la tortura y otras formas de malos tratos; el derecho a la vida; y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las disposiciones de la antigua Constitución tunecina, suspendida el 23 de marzo de 2011, no protegían los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de la población de Túnez. Los miembros de la oposición política, los activistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y, en la práctica, cualquiera que manifestara una opinión discrepante eran reprimidos implacablemente y se enfrentaban a detención y reclusión arbitraria.

Las fuerzas de seguridad y el poder judicial eran parte de la maquinaria represiva de las autoridades, en lugar de instituciones para la protección de los derechos de la población. Las condiciones penitenciarias y el trato a los reclusos eran notoriamente malos; las leyes se aprobaban para aumentar la represión, no para proteger a los tunecinos.