La propuesta de la Junta de garantizar tres comidas a los menores andaluces en situaciones de riesgos excluye a los hijos de los inmigrantes en situación irregular de la comunidad gobernada por el bipartito de PSOE e Izquierda Unida.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su decepción por el contenido y alcance del recientemente aprobado Decreto-ley andaluz 7/2013 de lucha contra la exclusión social, puesto que consideran que deja sin cobertura a muchas de las situaciones de exclusión más graves de nuestra región y su dotación presupuestaria es claramente insuficiente.

Del refuerzo del servicio de comedor escolar para garantizar 3 comidas diarias (art. 48 Decreto-ley 7/2013) quedan excluidos los hijos o hijas de las personas extranjeras en situación irregular.

En la actualidad, una mala praxis administrativa basada en una Orden de 31 de julio de 2012 de la Consejería de Educación deja sin acceso efectivo a los comedores escolares andaluces a hijos e hijas de las personas extranjeras sin documentación.

Al carecer de número de identificación de extranjero (NIE) se les impide acceder a las bonificaciones en los precios públicos de los comedores escolares previstas en el Decreto andaluz 137/2002, lo que en la práctica constituye una denegación de acceso a los mismos, ya que la muy precaria situación económica de la casi totalidad de este colectivo hace inviable que afronten el pago del coste integro del servicio sin bonificar.

Por lo tanto, dado que de la redacción del art. 48 del DL 7/2013 no se desprende ninguna modificación normativa encaminada a la resolución de esta situación, entendemos que de ese refuerzo del servicio de comedor pueden quedar excluidos los hijos o hijas de las personas extranjeras en situación irregular.

Además, a los hijos de las personas extranjeras en situación documental irregular también se les impide en la práctica el acceso a una plaza de Escuela Infantil de primer ciclo pública o concertada. Por razones análogas a las señaladas para el caso de los comedores escolares (no tener NIE) se les deniega, por cuestiones burocráticas, el acceso a las bonificaciones en los precios públicos del servicio, también recogidas en el Decreto 137/2002, lo que igualmente hace inviable que este colectivo pueda sufragar los cerca de 300 euros mensuales de coste de una plaza pública en una Escuela Infantil sin bonificar.