Sahara Occidental

Anzuelo político para la pesca

Los ministros de pesca de España y Marruecos. / Magrama
Los ministros de pesca de España y Marruecos. / Magrama

Estrasburgo ha ratificado el día de los Derechos Humanos el ansiado acuerdo de pesca entre la UE y el reino alauí, un acuerdo que faena a los pescadores, que no enriquece a nadie y que afianza el lazo político. Un anzuelo mordido por las partes que se caracteriza por callar a pescadores, llenar bolsillos poderosos y no repercute sobre la población.

El protocolo aprobado por 311 votos en el parlamento europeo tiene una vigencia de cuatro años, con una contrapartida financiera aproximada de 40 millones de euros por cada uno de los cuatro años de duración del acuerdo.

Pero el pacto denota su estrategia política ante el altísimo precio que pagan, y ante el poco beneficio que realmente repercute. Es más, si el dinero invertido al año para el acuerdo se repartiera entre la flota, cabrían a un sueldo de más de 4.000 euros mensuales para cada uno de los pescadores, cuyo sueldo raras veces supera el mínimo. Según el Ministerio de esta cantidad, 16 millones corresponden a derechos de acceso y 14 millones en concepto de apoyo sectorial y cooperación al sector pesquero marroquí, y 10 millones procedentes de los pagos por licencias de los diferentes operadores que, en el caso español, suponen un incremento aproximado del 12%.

Expertos creen que el dinero desembolsado de la UE en Marruecos tiene un carácter político y su intención viene a desarrollar mejor su industria pesquera que beneficia directamente al desarrollo de Marruecos y beneficia al vecino europeo como socio privilegiado a la hora de comprar productos. Algo legítimo siempre que se trate de la soberanía marroquí.

No ocurre lo mismo cuando el dueño del pescado se alimenta de la ayuda humanitaria mientras que los estados desarrollados saborean sus recurso , y es que el último de los acuerdos, inhabilitado por el Parlamento Europeo, permitía pescar en aguas del Sahara Occidental, el recién aprobado, la pesca puede realizarse en “aguas que se encuentren bajo la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos”, es decir incluye el Sahara, para ello la UE acordó que los beneficios debían repercutir sobre la población autóctona, divididos entre los campamentos de refugiados de Tinduf, controlados por el Frente Polisario, y la antigua colonia española, bajo domino marroquí.

Sin embargo, no ha habido una comprobación de que el pueblo Saharaui pueda obtener los recursos de esos beneficios, es más la premio Nobel de la Paz no ha preguntado a su población, en proceso de descolonización, de manera democrática.

Las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea son más que necesarias ya que los beneficios mutuos son legítimos y perceptibles. Pero obtener los recursos de una región en conflicto perjudica a la ética, y un ente supranacional que quiere dar ejemplo de respecto internacional no puede quebrantar el derecho a la autodeterminación y picar de un anzuelo político.

El acuerdo de pesca da trabajo a una flota que da de comer a sus hijos, pero que olvida a los niños abandonados en el desierto cuyo pescado nunca probaron, y que ahora es esquilmado. La necesidad de solventar el conflicto del Sahara en el que los saharauis puedan decidir su independencia o integración con Marruecos solo se consigue con buenos gestos, y la UE debe apoyar ese acuerdo, el del referéndum, antes de llevarse el pescado y permitir unas relaciones bilaterales donde reine la cordura entre Marruecos y la UE, y no un acuerdo manchando por la ilegalidad.

Inmigración

Inmigrantes denuncian las expulsiones ilegales de España ante Estrasburgo

infografía de Isla de Tierra. / Wikipedia
infografía de Isla de Tierra. / Wikipedia

Dos ciudadanos cameruneses han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, una demanda contra el Estado español por haber sido expulsados ilegalmente de Isla de Tierra en septiembre de 2012. En su demanda, solicitan que el Alto Tribunal condene a España por haber ejecutado una expulsión colectiva, expresamente prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), negándoles la posibilidad de solicitar asilo en nuestro país y acceder a la tutela judicial recogida en la normativa española e internacional.

También denuncian que su expulsión se produjo hacia un país, Marruecos, donde «se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de origen subsahariano» egún un comunicado de de la sección española de Migreurop.

La Ley de Extranjería, al igual que el CEDH, contempla la obligatoriedad de las autoridades de informar a los inmigrantes interceptados de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva. También es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. En cambio, el Gobierno español decidió expulsarles de forma colectiva, sin estudiar de forma individualizada cada caso.

De esta forma se le negó a Enmanuelle, uno de los demandantes, la posibilidad de solicitar asilo en España, viéndose obligado a solicitar protección internacional en Marruecos, país que segun las organizaciones denunciantes «carece de un sistema eficaz de asilo y dónde existe un grave problema de discriminación hacia las personas refugiadas subsaharianas».

La expulsión colectiva también tuvo como consecuencia «la imposibilidad de recurrir la decisión ante los tribunales, al impedirse el acceso a los procedimientos establecidos por Ley, con las debidas garantías, ni ser informados de las vías para defender sus derechos». La obligatoriedad de acceso a un recurso efectivo está recogida en el CEDH, siendo, por tanto, condenable por el Alto Tribunal esta actuación del Gobierno español.

Violando también el principio internacional de no devolución a países dónde puedan sufrir torturas y tratos degradantes e inhumanos, los demandantes, junto con el resto del grupo, fueron expulsados a Marruecos, país denunciado por múltiples organismos internacionales y ONG por «violar sistemáticamente los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas subsaharianas».

Denis, el otro demandante, ha lamentado que fue víctima de «una brutal paliza por parte de la gendarmería marroquí al negarse a subir a un autobús con destino al desierto argelino, donde sería abandonado a su suerte» cita el comunicado. La expulsión de personas subsaharianas al desierto, cerca de la ciudad fronteriza de Oujda, es una práctica habitual de las autoridades marroquíes que no puede desconocer el Estado español.

Los hechos, de significativo impacto mediático en España, acontecieron en 2012, cuando una primera embarcación arribó en la madrugada del 28 al 29 de agosto al islote de Isla de Tierra con 19 personas en su interior, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Posteriormente, en la madrugada del 1 al 2 de septiembre, llegaría otra embarcación con 68 personas en su interior. La expulsión colectiva se produciría en la madrugada del martes 4 de septiembre, cuando la Guardia Civil entregó a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos las 73 personas subsaharianas que se encontraban aún en Isla de Tierra. Con anterioridad habían sido trasladadas a Melilla las mujeres embarazadas, los niños y sus madres.

Tras varios meses de investigación, las organizaciones españolas de Migreurop (ACSUR, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Mugak y SOS Racismo) en colaboración con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), consiguieron localizar en Rabat a Enmanuelle y Denis, quiénes habían conseguido regresar a territorio marroquí tras su expulsión a Argelia. Una vez entrevistados e informados de sus derechos, decidieron interponer una demanda contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Magreb

Presentación del documental ‘Hijos de las Nubes’ en el…

Con la sala más grande del Parlamento Europeo repleta, y decenas de personas de pie, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, junto al actor y productor, Javier Bardem, el director del largometraje, Álvaro Longoria, presentaron ayer en Bruselas el documental ‘Hijos de las nubes: la última colonia’, junto con la co-productora, Lilly Hartley, y otros eurodiputados miembros del Intergrupo ‘Paz para el pueblo Saharaui’.