El circo andaluz

La ‘Comisión de Investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía durante el período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010’, tal y como ha definido el propio Parlamento andaluz a la investigación del ‘Caso de los ERE’, está celebrando en Sevilla las comparecencias de distintos supuestos implicados en estos acontecimientos.

Pero como es habitual en un país que cada día una media de cinco millones de espectadores visualizan programas del corazón, el caso andaluz ha saltado directo a los residuos más tóxicos del la parrilla televisiva, y más después de la comparecencia del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Guerrero ha llegado a la fama no por conceder, supuestamente, subvenciones públicas a empresas que falseaban ERE, sino por gastarse ese dinero en cocaína y alcohol con su chofer, datos que judicialmente no han sido sentenciados.

Además, el compareciente optó en el Parlamento por dar lectura a un comunicado de defensa y rehusó contestar a las preguntas planteadas por los Grupos parlamentarios, interviniendo únicamente para realizar algunas puntualizaciones al contenido de las cuestiones.

Sin embargo, algo que los medios televisivos no parecen percatarse es que esta comisión es un interesante ejercicio democrático en la comunidad andaluza, donde los dirigentes están intentando sanear desde sus puestos públicos un hecho denigrante. Relevancia que los gestores públicos de la cadena TVE no han logrado analizar, pero que los responsables de la cadena CANAL SUR intentan convencernos.

Son eso detalles lo que indignan a la población, porque la basura ya está podrida y no tardará en marcharse, pero las cadenas públicas son nuestros pilares a la hora de aplicarse el derecho a la información. Hace uno año pregunté al director de los servicios informativos de la televisión pública Onda Azul Málaga que quién pagaba la televisión, y sin reparo me dijo que el Ayuntamiento, yo le dije que los consistorios son la representación del pueblo por lo que no paga un grupo gobernante sino los impuesto de unos votantes.

Pero este error común de los cargos públicos y de confianza es algo que sigue ocurriendo en esta querida y maltratada Andalucía, y cuya solución es ofrecer al trabajador público la capacidad de trabajar libremente y al servicio de todos lo que pagan impuestos.