Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de origen nigeriano, de 30 años de edad, como presunta autora de un delito de inmigración clandestina con fines de explotación sexual. La arrestada ofrecía a jóvenes de su país un trabajo digno en España y el traslado en patera desde Marruecos por 1.200 euros. Cuando las mujeres llegaban a su destino les comunicaba que la deuda contraída era muy superior a lo acordado y que la única vía para saldarla era ejercer la prostitución. Para doblegar la voluntad de las mujeres utilizaba la magia negra e incluso las privaba de su libertad.

La investigación se inició a raíz de una información obtenida por los agentes que apuntaba a la existencia de una víctima de explotación sexual en Córdoba. Las primeras pesquisas realizadas permitieron localizar e identificar a esta mujer, que manifestó a los policías que meses antes había llegado en patera desde Marruecos. Según sus declaraciones un matrimonio de origen nigeriano le ofreció un trabajo digno en España y la posibilidad de llegar a nuestro país a cambio de 1.200 euros.

Una vez en España viajó hasta Roquetas de Mar (Almería) para reunirse con la mujer que había facilitado su llegada a nuestro país y comenzar a trabajar en el empleo prometido. Cuando finalmente se produjo el encuentro, su contacto le manifestó que la deuda contraída por el viaje se

había incrementado notablemente y que para satisfacerla en el tiempo acordado debía ejercer la prostitución. La víctima se negó y por este motivo fue encerrada, si bien finalmente logró escapar y abandonar la ciudad.

Con toda la información obtenida a partir de la denuncia de la víctima, se consiguió identificar y localizar a la presunta autora de los hechos, siendo finalmente detenida en Almería. La arrestada y su marido viajaban frecuentemente hasta Marruecos para contactar con jóvenes inmigrantes que querían entrar ilegalmente en España. Las engañaban con falsas promesas de trabajo, facilitaban su entrada en nuestro país y luego utilizaban diferentes formas de coacción para obligarlas a prostituirse para saldar una deuda muy superior a lo acordado inicialmente.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha puesto en marcha un Plan Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, donde se reconocen una serie de derechos a las víctimas de estos delitos. Las afectadas disponen de treinta días para que reflexionen sobre si quieren colaborar o no con la policía. Durante este periodo se autoriza su estancia en España, se les facilita protección, alojamiento, asistencia sanitaria y otras prestaciones. También tienen la posibilidad de elegir entre retornar a su país de origen o una autorización de residencia y trabajo en España. Para garantizar su seguridad, en las diligencias policiales y judiciales no figura ningún tipo de dato que dé lugar a su identificación por parte de los grupos delincuenciales. Además, son beneficiarias de las ayudas previstas para las víctimas de delitos violentos.

 

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