La barriada del Palo amanece con frías nubes. Cristina y Jose Luís apenas han dormido. Varios coches de Policía vigilan la casa desde el día anterior. A las 7 de la mañana los agentes se encuentran en ambos lados del inmueble. Nadie puede entrar a la casa. Esperan el desahucio.

Se trata de un desahucio ilegal. Jose Ignacio Francés, abogado de Cristina, lo confirma. Mientras esperan novedades del juzgado, aportan toda la documentación a la Policía Nacional para que estudien el caso. A las 9 de la mañana abandonan la casa, han comprobado que no pueden desahuciarlos. Los colectivos Stop Deshaucios y Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Málaga (PAH) aplauden.

Pero no hay orden judicial todavía. Hay que esperar. La lluvia aprieta y Cristina invita a todos los que la apoyaban desde la calle a entrar. En la casa de Cristina hay dos habitaciones. Bajo ese techo viven ella, su marido y sus tres hijos. La frustración de Jose Luís es muy grande. No se explica como puede cambiar su situación de la noche a la mañana. “Nosotros vivimos bien”, repite constantemente. Han gastado todos sus ahorros en abogados.

Finalmente llega la llamada: “el desahucio se ha parado”. Pero no saben hasta cuándo. Jose Ignacio se dirige al juzgado. En la casa, la tensión sigue. Enseña fotos de sus hijos, que ahora están con sus abuelos. Son su principal preocupación. Los vecinos la apoyan, “mañana podemos ser nosotros”.

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— Andrei Stefan Balog (@andreibalog) 12 de mayo de 2017

Está empadronada en esa casa desde 1994. La vivienda fue cedida por Costas, la propietaria de esta y las demás casas de la zona. En enero de este año desahuciaron a la madre de Cristina de una casa colindante. Los mismos demandantes quieren desahuciar a su familia porque consideran esta casa parte de la de su madre. Sin embargo, aunque la administración reconoció hace años que las casas pertenecían a sus habitantes, desde hace 30 los herederos de la casa la siguen reclamando, pese a que, según Cristina y su abogado, eso ya ha prescrito.

El demandante no es propietario y ha cambiado el catastro, que antes estaba a nombre de su madre. Según cuenta Cristina, “aparecen nuevas personas” y a ella no le dejan pagar el IBI porque consideran que no tiene escrituras. Lo cual es cierto, pues la casa sigue perteneciendo a Costas. Vuelve a aportar la documentación, pero el catastro sigue modificandose. Según Cristina estas “terceras personas” quieren apropiarse de esta propiedad cuando las casas de la playa eran para las familias de los pescadores. 

Como esta, son muchas las familias que pueden quedarse en la calle. Las nubes frías han dejado caer gotas sobre el techo de esta casa. Cristina y su familia siguen a la espera de una respuesta y no dormirá tranquila hasta que se haga justicia.

Andrei Stefan Balog