La organización lanza una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para exigir que paren estas expulsiones, no se reforme la ley de extranjería y se depuren resposabilidades tras las muertes de Ceuta el pasado 6 de febrero.

Amnistía Internacional rechaza las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ha afirmado que se va a modificar la Ley de Extranjería para permitir las expulsiones “en caliente” de inmigrantes.

“Las expulsiones colectivas y “en caliente” son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.”

Una de las últimas veces donde pueden apreciarse claramente expulsiones ilegales de inmigrantes fue tras la tragedia del 6 de febrero pasado, cuando al menos 15 inmigrantes perdieron la vida en su intento de alcanzar territorio español. El Ministro del Interior admitió públicamente que la Guardia Civil entregó de forma sumaria a 23 inmigrantes a las autoridades marroquíes.

“Esta practicas ilegales deben parar inmediatamente. Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, sigue Beltrán.

El Ministro del Interior también ha anunciado su intención de modificar el acuerdo con Marruecos en materia de Inmigración para agilizar la devolución de personas inmigrantes. La organización recuerda que cualquier acuerdo de readmisión con Marruecos debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Todas las personas inmigrantes que acceden a territorio español tienen derecho a acceder a un proceso de devolución o expulsión que garantice su derecho a pedir asilo, a tener un abogado, un interprete o a impugnar su expulsión ante las autoridades judiciales.