El flujo migratorio en Europa sigue creciendo a través de las costas del Mediterráneo. Más de 167.000 migrantes llegaron a las costas del sur de europa costandole la vida a más de 3000 personas. Mientras el mayor flujo fue entre Libia e Italia, el flujo que más ha crecido en un año ha sido el de España donde las llegadas se han duplicado y las muertes se han triplicado.
«No se suicidó». Ahmed es hermano de Mohamed Bouderbala, el argelino hallado muerto en la cárcel CIE de Archidona el pasado 29 de diciembre. Pide ver el cadáver de su hermano y una investigación. A la espera de que se haga pública la autopsia, el Ministerio del Interior
Tras una reluciente vitrina, Zinain Mohamed vuelve a ver a su hijo después de sobrevivir a la ruta del Mediterráneo. Están en la sala de visitas del centro Penitenciario de Archidona (Málaga), donde otros familiares también conversan con sus allegados a través de los teléfonos. Lo hacen después de días anclados frente a las puertas de la cárcel donde fueron encerrados más de 500 migrantes recién llegados a las costas españolas. Y ante la incertidumbre de si llegaron a tierra o se perdieron en la mar.
«Mi hijo no es un criminal», asegura una y otra vez Zinain, desesperado al ver como su hijo «puede ser deportado tras ser encarcelado de forma ilegal en la prisión de Archidona». Zinain Mahmud es un joven argelino que la madrugada del 17 al 18 de noviembre tomó una patera junto a otros compatriotas desde la ciudad argelina de Mostaganem, la ciudad más cercana geográficamente a Europa, a unos 150 km de la costa española. Fue interceptado por las autoridades españolas y puesto a disposición policial. Tras varios días logró llamar a su padre que vive en París para advertirle de la situación.
«Se encuentra en una situación muy, muy delicada. Él está enfermo y yo lo que pido es que sea liberado y todos los que están aquí en el interior», señala el padre del joven, que fue trasladado desde Cartagena hasta esta cárcel donde «enfermó», según su padre, ante «la falta de medicamentos y la ausencia de duchas de agua caliente».
Zinain ha recorrido más de 1.000 kilómetros para llegar a Archidona. Fue su propio hijo quien le comunicó que había llegado a Europa y que estaba en una cárcel sin haber hablado con un abogado ni pasado por un juzgado. A través de la prensa, se enteró de existía esta cárcel y se trasladó hasta Malaga para verificar si su hijo podría estar en el interior. «En este centro no se respetan los derechos humanos. Ellos no son criminales. No son criminales», afirma el padre.
Artículos Lucía Muñoz y Sergio Rodrigo desde Archidona para ElDiario.es
Más de medio millar de migrantes rescatados de pateras en las costas del sur de España han sido encarcelados en el centro penitenciario Málaga II de Archidona, aún sin inaugurar pese a que terminó de construirse en 2013, por orden de siete juzgados de Cartagena.
En estos días abogados de Málaga Acoge han visitado la cárcel en dos ocasiones para entrevistarse con internos, siempre a través de mamparas, y han podido constatar la presencia de al menos dos menores, además de frío en el interior y falta de ropa para unas personas que llevan semanas encerradas.
Los letrados han comprobado también que no a todos los familiares de los internos, procedentes de Francia y resto de España, se les está permitiendo pasar al centro penitenciario.
El Gobierno ha argumentado que esta medida es de carácter temporal y la adoptaron los jueces de forma extraordinaria ante la imposibilidad de alojar a los más de 500 migrantes que llegaron a las playas de Murcia y por la capacidad limitada que tienen en estos momentos los diferentes centros de la región.
En un nuevo informe al Consejo de Seguridad divulgado este 8 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) asegura que Libia vive un estado de inseguridad permanente y que en el país se comenten graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y tráfico de personas.
“La volátil situación en Libia sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacional”, afirmó este miércoles Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, ante el Consejo de Seguridad. Bensouda confirmó que el Estado Islámico sigue activo en el país y podría estar detrás de un ataque suicida perpetrado el 4 de octubre contra un tribunal de Misrata.
La fiscal indicó que la Corte volvió a pedir la extradición de Mahmoud al-Werfalli, comandante de Al-Saiqa, las fuerzas especiales del ejército nacional libio, que habría ordenado la ejecución de decenas de detenidos en Bengasi, algo que podría ser considerado un crimen de guerra. Muchos de los ejecutados habrían sido civiles.
Recordó que el Estado libio tiene la responsabilidad legal de detener a al-Werfally y de entregarlo a la Corte. Exhortó al ejército nacional libio a transferir a M. al-Werfally a las autoridades del país. La Corte también emitió una orden de detención en contra de M. Al-Tuhamy, ex jefe de la agencia de seguridad interna de Libia, por supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante los eventos de 2011.
El tribunal mantiene el diálogo con el Gobierno de Acuerdo Nacional para conseguir la detención de Saif Gaddafi, el hijo del líder libio. Respecto al tráfico y maltrato de migrantes, la CPI sigue recabando pruebas sobre supuestos crímenes para que no sigan impunes. Cuenta con el apoyo de Estados, organizaciones internacionales y regionales para recoger información acerca del tráfico de personas.
“Algunos crímenes podrían ser de la competencia de la Corte”, afirmó Bensouda. La fiscal también se mostró preocupada por las restricciones para acceder a la ciudad de Derna impuestas por el ejército libio, donde se enfrentan las fuerzas nacionales y los muyahidines. Según informes, se habría llamado al bloqueo total de la ciudad, bajo la consigna que no se dejara entrar medicinas, combustible o aceite. Asimismo, centenares de habitantes habrían sido detenidos al tratar de huir.
Finalmente, Fatou Bensouda resaltó que la inseguridad en Libia, junto con recursos insuficientes, impiden que la Corte lleve a cabo las investigaciones requeridas en el país.
Actualmente, las aguas del Mediterráneo son las más peligrosas del mundo en término del número de muertos y desaparecidos entre quienes se embarcan en el sur para tratar de ganar las costas europeas. El equipo de EntreFronteras viajó junto a un grupo de voluntarios para dar voz a los que huyen de Libia
La ruta hacia Europa a través del Mediterráneo sigue siendo la más mortal para los migrantes que intentan desesperadamente poner sus vidas a salvo tras huir de los conflictos armados, el expolio o la pobreza.
El ministro del interior de España, el “cofradisimo”, Juan Ignacio Zoido ha insinuado que las ONG que rescatan vidas en el Mediterráneo “favorecen la inmigración irregular”. Textualmente ha dicho «Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no para favorecer o potenciar la inmigración irregular».
Las polémicas palabras del “cofradisimo” criminalizan a los que rescatan vidas frente a los que dejan que se mueran en el Mediterráneo. Tal es el caso que el 3 de julio fallecieron en las costas de España 49 migrantes, muchos de ellos mujeres y adolescentes, y hasta la fecha no ha habido una repulsa por parte de Zoido o de forma oficial por el Gobierno.
Sin embargo, la presión de grupos como Izquierda Unida lo van a llevar al Congreso para que dé explicaciones. La propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha calificado este naufragio como “la peor tragedia de la última década en el Mediterráneo español”. Además colectivos como CEAR señalan que “esta tragedia en el mar de Alborán debe ser la llamada de atención definitiva para un cambio de la política migratoria y de refugio, tanto en Europa como en España y un cambio inmediato encaminado a ofrecer vías seguras a las personas que buscan refugio”.
El dolor de las familias trasmitidas por las ONG no duele a un gobierno que criminaliza a los colectivos cuyo objetivo es salvar vidas, vidas abandonadas por gente como el “cofradisimo”. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España también se ha pronunciado y ha acusado a Zoido de «atentar» contra «quienes protegen la vida» y contra las miles de personas que la pierden cada año en el Mediterráneo al decir que estas organizaciones no deben «potenciar la inmigración irregular».
Las vidas perdidas ya superan las 2200 en lo que va de 2017, más de 100 tan solo en las costas de España. Mientras ministros y medios “cofradisimos” nos siguen diciendo “hay que reforzar las fronteras”, “hay avalanchas”, ”nos invaden”, “no podemos acogerlos a todos”, “vienen terroristas en las pateras”… Estos mismos que rechazan a esta gente son los que no condenan sus muertes, son los mismos que “expolian el coltan, oro, uranio, petróleo…” “apoyan dictaduras” “bombardean regiones” “vende armas”. Y es que es muy bonito saquear las minas malienses de oro para la virgen del ministro, pero cierro la puerta al hombre cuyas manos cavaron la tierra. Eso es muy “cofradisimo”, porque si dijese cristiano el jefe de la Iglesia enviaba a paseo al ministro.