Inmigración
Llegar a Europa por el Estrecho de Gibraltar se ha convertido en un viaje peligroso para miles de migrantes que abandonan sus países movidos por la pobreza y la desigualdad. teleSur
Inmigración
Es la primera vez que ocurre pero en el último salto a la valla de Melilla militares marroquíes armados entraron en territorio Español para realizar deportaciones «in extremis» tal y como demuestra un vídeo difundido por la ONG melillense «Prodein».
Y es que Marruecos, país que acoge a unos 10.000 subsaharianos según la ONU, es el socio colaborador de las ilegalidades del ejecutivo nacional (PP), así como la Unión Europea, que violan constantemente la ley de extranjería en pro de un acuerdo bilateral firmado por el ejecutivo de Felipe González (PSOE), en el que se justifican dichas deportaciones.
Prodein ha denunciado que los militares entraron en Melilla con el objetivo de detener a inmigrantes que acababan de protagonizar un salto a la alambrada fronteriza, para posteriormente ser trasladados en autobuses.
Prodein afirma que las fuerzas de seguridad españolas actuaron conjuntamente con las fuerzas marroquíes «llegando a echar gases en la cara a inmigrantes que estaban subidos a la valla».
El vídeo muestra claramente como el vallado tiene sus puertas abiertas y tanto agentes españoles como marroquíes apresan y trasladan a los inmigrantes mientras estos lloraban y suplican a las autoridades españolas ser acogidos.
La violación de la ley de extranjería así como de los derechos de los migrantes fueron violados según el vídeo, acción que motivó a un ciudadanos de Camerún, Ngila, a permanecer unas tres horas subido a una farola par evitar ser deportado como sus compañeros.
Hace unas semanas la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), así como otras organizaciones internacionales que se incluyen Amnistía Internacional o HRW, solicitaron tanto a España como Marruecos respetar el derecho de los inmigrantes que en muchos casos son «refugiados».
Desde los sucesos de Ceuta decenas de migrantes se han desplazado desde las zonas próximas a Ceuta para intentar llegar a Melilla, tras conocerse que las autoridades españolas no estaban realizando devoluciones en caliente, así como al temor que provocó la violencia de la Guardia Civil en el paso del Tarajal.
Ceuta
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch.
El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Ceuta
La organización lanza una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para exigir que paren estas expulsiones, no se reforme la ley de extranjería y se depuren resposabilidades tras las muertes de Ceuta el pasado 6 de febrero.
Amnistía Internacional rechaza las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ha afirmado que se va a modificar la Ley de Extranjería para permitir las expulsiones “en caliente” de inmigrantes.
“Las expulsiones colectivas y “en caliente” son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.”
Una de las últimas veces donde pueden apreciarse claramente expulsiones ilegales de inmigrantes fue tras la tragedia del 6 de febrero pasado, cuando al menos 15 inmigrantes perdieron la vida en su intento de alcanzar territorio español. El Ministro del Interior admitió públicamente que la Guardia Civil entregó de forma sumaria a 23 inmigrantes a las autoridades marroquíes.
“Esta practicas ilegales deben parar inmediatamente. Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, sigue Beltrán.
El Ministro del Interior también ha anunciado su intención de modificar el acuerdo con Marruecos en materia de Inmigración para agilizar la devolución de personas inmigrantes. La organización recuerda que cualquier acuerdo de readmisión con Marruecos debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Todas las personas inmigrantes que acceden a territorio español tienen derecho a acceder a un proceso de devolución o expulsión que garantice su derecho a pedir asilo, a tener un abogado, un interprete o a impugnar su expulsión ante las autoridades judiciales.
Inmigración
Una historia paralela vive la ciudad autónoma de Melilla. Doce kilómetros cuadrados en los que reina el bullicio y la normalidad pese al cóctel de 70 nacionalidades entre 80.000 habitantes. “Se habla de presión migratoria como si estuviésemos todos contra la pared, empujados por hordas de inmigrantes que nos aplastan, y resulta que nos enteramos de los saltos por las noticias”, comenta el abogado melillense José Alonso.
Aunque trabaja como defensor de derechos humanos en la ciudad, cree que los vecinos “son conscientes de la problemática de la alambrada, pero actúan como si no pasara nada”. Otros vecinos creen que al producirse los saltos por la noche o de madrugada y en zonas alejadas a la población –la frontera tiene 17 kilómetros de extensión– apenas se enteran. “No estamos todo el día viendo correr a negros”, apostilla con tono grave Alonso, aunque en los últimos años parece que esa es la imagen que se quiere dar de Melilla. En el último salto de la valla hace unos días lograron entrar de manera ilegal en la ciudad 150 subsaharianos. Los detenidos fueron a parar al centro de inmigrantes.
“Estamos cansados de que solo se hable de Melilla por este problema”, se lamenta Ana, una melillense que regenta un comercio en el centro de la ciudad. “La presión migratoria la notamos nosotros, pero no sentimos el apoyo del resto de España y de Europa”. Melilla se ha convertido en la escala principal de los inmigrantes subsaharianos para llegar a Europa. Su situación geografía permite que los inmigrantes puedan acceder a territorio europeo sin tener que cruzar el estrecho y pagar las costosas tasas de las pateras.
“Saltar es gratis”, asegura Eugène, camerunés de 29 años que saltó la alambrada el pasado lunes, y aunque dolorido en un dedo por la concertina de la valla, se encuentra bien. Ahora vive en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrante (CETI). “Aquí tengo lo necesario para vivir”, y aunque todavía no se ha comunicado con su familia, habla con aprensión de un viaje de dos años donde asegura que ha sufrido persecuciones, arrestos y calamidades, sobre todo en el monte que rodea a Melilla, el Gurugú. “La situación económica y social en Camerún es el motivo por el que cogí la carretera y vine aquí, tengo que ayudar a mi familia” manifiesta, satisfecho de haber podido llegar a Melilla.
Daniel N’Duaye enumera los países que ha tenido que recorrer hasta llegar. Cinco en total en su periplo de Camerún a Marruecos. Y en todos ellos ha tenido que pagar mordidas a funcionarios corruptos que le exigían dinero para dejarle pasar. Como Eugène, guarda un recuerdo horrible de su estancia en el monte Gurugú. “Los gendarmes marroquíes llegaban una y otra vez, nos molían a palos y nos robaban lo poco que teníamos”… Historias desesperadas, pero historias vivas.
Parte del reportaje que publiqué el pasado domingo para el diario de tirada nacional La Vanguardia
Ceuta
«Violentos», este es el termino con el que las autoridades españolas han etiquetado estos días a los centenares de personas provenientes del África subsaharaiana que intentaron llegar a Ceuta y que les costó la vida a más de 15 de ellos.
Violentos es el vídeo donde las autoridades españolas se escudan en no mostrar los ataques con material antidisturbio que aplicaron para frenar el «éxodo» de una seres humanos que huyen generalmente de los conflictos bélicos y la hambruna.
En esta imagen cedido por una ONG muestra lo evidente, que los violentos eran los otros, que los dispararon y gasearon a los migrantes en el mar eran ellos, los curritos de las autoridades españolas.
Este varón muestra la herida de una pelota de goma sobre su frente que le ha afectado a su ojo derecho, y que casi lo ahoga ya que iba nadando hacia Ceuta cuando los agentes los increparon.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández, dijo ayer los agentes de la Guardia Civil son el primer frente de contención de la inmigración irregular hacia España y hacia Europa, y les dijo que «sois los primeros que os enfrentáis al drama humano que supone la inmigración. Estoy convencido de que cuando veis a los inmigrantes acercarse a la valla, sois los primeros que os compadecéis de ellos, pero también sabéis que sois los garantes de la protección de las fronteras españolas y lo hacéis con absoluta profesionalidad».
Este mensaje no solo confirma lo evidente, que lo agentes cumplen ordenes, sino que son las autoridades, los que duermen en Madrid los que mandan ejecutar estas acciones que van a quedar impunes pero que desde luego va a servir de precedente.
La inmigración no es un drama, tampoco algo a lo que combatir con armas y muros, es un flujo temporal cuyo problema no está en las fronteras.
Sahara Occidental
El próximo miércoles día 12 de febrero a partir de las 10.30 de la mañana los nuevos testigos pestarán declaración ante la Audiencia Nacional en relación con la querella presentada por el genocidio del que ha sido víctima el pueblo saharaui.
La citación constituye un nuevo avance en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos que ha venido sufriendo la población de la antigua provincia española desde el comienzo de la ocupación ilegal llevada a cabo por el ejército marroquí en octubre de 1975. De hecho, la convocatoria de estos testigos es consecuencia de la decisión del juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez de atender la solicitud de la APDHE, junto con AFAPREDESA, CEAS-Sáhara y familiares de víctimas, para que se ampliase la querella admitida a trámite en 2007.
Se pedía con ello que se incluyesen los nuevos datos sobre varios desaparecidos saharauis puestos en evidencia por el descubrimiento en junio de 2013 de una fosa común con 8 cadáveres, (algunos de ellos con documentación española del año 1975) presuntamente ejecutados con arma de fuego el 12 de febrero por las fuerzas invasoras marroquíes.
Al atender la petición de la APDHE y el resto de organizaciones querellantes para que la investigación judicial abarque las circunstancias que acabaron con las vidas de estas víctimas, el magistrado Ruz ha solicitado la comparecencia de Carlos Martín Beristain y Francisco Etxeberria Gabilondo, el perito y psicólogo españoles responsables descubrimiento, para que remitan al juzgado todo el material fotográfico, documental y genético que reunieron en su investigación forense de las fosas con el fin de incorporarlo a la causa.
También se ha llamado a prestar declaración a varios familiares saharauis de las víctimas y testigos de la matanza que tienen previsto viajar a Madrid desde el Sáhara Occidental.