Un bosque de pino en Marruecos corona el último refugio del viaje de decenas de migrantes que se han chocado con la valla fronteriza de Ceuta (España). En los bosques de Belyounech aguardan su oportunidad para dar el salto al continente europeo, el sueño de muchos de ellos tras años viajando por el continente africano, que cada mañana divisan el continente europeo desde lo más alto del monte.

Pero el 6 de febrero de 2014 cambió la historia de las migraciones. Apenas había comenzado el amanecer cuando un grupo de unos 400 migrantes descendían de los montes cercanos a Ceuta. Su meta era el paso fronterizo del Tarajal. Allí hicieron frente a las agresiones de los cuerpos policiales de Marruecos consiguiendo finalmente llegar a la valla española.

La guardia civil los esperaba fuertemente amados con material antidisturbio. Muchos intentaron cruzar por el mar a nado otros saltando las alambradas. El uso desproporcionado de las fuerzas españolas y la flata de auxilio a los migrantes ocasionó la muerte de al menso 15 personas, todas ahogadas.

Y es que según las propias imágenes oficiales, un relato judicial y los propios testigos los agentes españoles disparaban pelotas de gomas al mar y gases lacrimógenos para evitar la llegada de los migrantes, el resultado fue la mayor tragedia provocada por las políticas de “seguridad de fronteras”.

Hasta el momento no ha habido responsabilidad, la investigación sigue parada. Pese a la presión de organismos internacionales, entre ellos la ONU. La estrategia del ministro español, que sigue en su puesto pese a pesarle estas vidas, es una campaña de desprestigio contra los perjudicados de las migraciones, que son los propios migrantes, y no contra los que lo combaten con armas.

Un año después, no sólo no se ha asumido ninguna responsabilidad por esta tragedia, sino que la investigación en marcha no ha servido para ofrecer una explicación clara de lo sucedido ni para brindar justicia a las víctimas. Lejos de haber servido de precedente para cambiar las prácticas de control de la considerada “Frontera Sur”, la situación es cada vez más grave. La legalización de las llamadas devoluciones “en caliente” a través de la enmienda prevista en a la Ley de Seguridad Ciudadana es un grave atentado a la legislación española, europea e internacional y a la vida de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras.