Médicos del Mundo ha lanzado la campaña ‘Derecho a curar’ para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. Para ello han puesto en marcha una acción de movilización ciudadana contra un decreto que deja a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público a partir del 1 de septiembre. La campaña online, www.derechoacurar.org, también recabará apoyos de la ciudadanía a la objeción sanitaria contra el Real Decreto Ley 16/2012.
este vídeo es parte de la campaña de sensibilización de la organización internacional que tiene como objetivo concienciar a la población y al sector de trabajadores públicos sanitarios.
Ya han pasado casi siete años desde que en septiembre de 2005, cientos de personas intentaran traspasar la valla que separa las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de Marruecos. En ese momento, la respuesta ante los asaltos de las autoridades española y marroquí provocaron cinco muertos y más de un centenar de heridos.
Las autopsias de los dos muertos en el lado español concluyeron que murieron por disparos de arma de fuego desde el lado marroquí. Las autoridades del país vecino culparon a los agentes españoles de los muertos en su lado de la frontera. Consecuencia de esto el Gobierno de Zapatero movilizó después de este incidente a 480 militares y el Gobierno norteafricano, a 600.
Estas políticas, incluyendo las promovidas por la Unión Europeas, que ofreció fondos a los países del norte de África para frenar la inmigración ilegal, no han reducido el incremento de personas que intenta llegar por las ciudades de Ceuta y Melilla.
En Ceuta ha aumentado el número de detenidos en un 125% con respecto a 2010, según el último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) Frontera Sur.
El pasado domingo 10 de junio la Organización Democrática del Trabajo organizó en Rabat una manifestación bajo el lema “La marcha de la cólera, en defensa de la dignidad y de la justicia social de los trabajadores”. En el momento de concentrarse para comenzar el acto, las autoridades se presentaron en los alrededores del lugar de convocatoria para “advertir” a los inmigrantes subsaharianos que pretendían manifestarse de que la participación en la marcha supondría su arresto.
Esa misma tarde se iniciaron una serie de redadas para detener a inmigrantes subsaharianos en los barrios de Rabat. También en Tánger se hostigó, persiguió e identificó en las calles, casas y lugares de trabajo a población procedente del África subsahariana.
En Marruecos se está intensificando la represión y estigmatización de esta población. Los medios de comunicación están publicando falsas noticias informando de que estas personas subsaharianas son, en realidad, rebeldes procedentes de Libia o de Malí. Utilizando esta burda excusa, están multiplicándose las redadas y las deportaciones en el reino alauita y se normaliza la xenofobia en la población local. Las operaciones realizadas por parte del gobierno marroquí son totalmente opacas y carecen de observadores externos que puedan dar fe de lo que está ocurriendo.
La negación del derecho de libertad de expresión y de manifestación, unida a las violaciones de tantos otros derechos, son el día a día de la población subsahariana en Marruecos (ya sea en tránsito o residentes). La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una vez más, vuelve a denunciar esta situación, manifiesta su solidaridad con las personas y colectivos que sufren estas violaciones de sus derechos fundamentales, reclama responsabilidad a los medios de comunicación que están creando una opinión pública contra la población migrante e insta al gobierno marroquí a que respete todos los acuerdos internacionales firmados.
Marruecos se mantiene como el segundo país de partida de migrantes a España con 801.690 personas, del total de 5.251.094 inmigrantes, según los últimos datos del Informe Trimestral «Extranjeros residentes en España. Principales Resultados» elaborado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Sin embargo, del total de 2.696.476 residentes del Régimen General, el 29,74% son marroquíes (801.690 personas), es decir son el principal país de partida de migrantes a España de países no comunitarios. Para los que no lo sepan el Régimen General es el régimen jurídico que se aplica a los nacionales de terceros países, salvo que les sea de aplicación del Régimen Comunitario, es decir perteneciente a la ciudadanía europea.
En referencia a los otros países del Magreb destaca como segundo lugar Argelia con 54.642 personas residentes en España, hay que destacar que la situación del los refugiados saharauis de ‘A patridas’ y cuyos documentos no son aceptados en la UE, estos recurren a documentos argelinos que el país magrebí les autoriza para poder viajar a España y recibir ayuda médica, muy carentes en los campamentos de Tinduf.
Por su parte, Mauritania tiene 10.833 nacionales en España, Túnez 1.963 y en menor medida Libia con 366. Datos que ni rozan a los más de ochocientos mil marroquíes que viven en España.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se dirigió a la Comisión Europea para mostrarle su preocupación por la indigna situación a la que se enfrentan las personas recluidas injustamente en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España por las penosas condiciones de estos centros, su nula habitabilidad y la constante vulneración de sus derechos.
Meyer informó a la Comisión Europea de la reciente muerte en extrañas condiciones de Idrissa Diallo, joven de 21 años, en el CIE de Barcelona, muerte que se suma a la de otras tres personas en el mismo CIE y a la de otras personas en otros centros durante los últimos años.
«Es inaceptable que las autoridades españolas sigan mirando hacia otro lado cuando son numerosas las denuncias, tanto de internos como de organizaciones sociales, de las graves deficiencias en los servicios sanitarios de estos centros, las condiciones generales de la vida allí, y, sobre todo, cuando las muertes se repiten cada vez con más frecuencia», afirmó Meyer.
Meyer evidenció la necesidad de «un cambio radical en la actual política migratoria europea, implantada tanto por conservadores como por socialdemócratas, que trata a las personas extranjeras como mera mano de obra barata, desechando y maltratando aquellas que el mercado no necesita, sin tener en cuenta, ni siquiera mínimamente, los derechos más básicos de estas personas».
Asimismo denunció la opacidad de la gestión de este tipo de centros, carentes de reglamento que rija su funcionamiento, y la ausencia de control sobre el trato que reciben las personas recluidas que conlleva, según alertan varias organizaciones, que se repitan impunemente actos de maltrato y represión policial.
«En los CIE se priva de libertad a personas cuyo única falta es carecer de permiso de residencia, una falta administrativa equivalente en el marco legislativo español a una multa de tráfico, pero que esta injustificadamente tipificada con una reclusión obligada en estos centros de hasta 60 días. A todas luces es injusto e inaceptable», sentenció Meyer.
Por todo ello, el Responsable de Política Internacional de IU solicitó a la Comisión Europea que investigue la vulneración que se está llevando a cabo con estos centros de los derechos humanos y fundamentales y exigió información sobre centros similares en otros países miembros de la UE.
La Guardia Civil ha dirigido la operación INDALO 2011, desarrollada bajo la coordinación de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) frente a las costas de Almería, Granada y Murcia, que se ha saldado con la interceptación de un total de 2671 migrantes procedentes del continente africano y 101 embarcaciones y la detención de 38 traficantes de personas y organizadores de las travesías.
La operación ha contado con la participación de nueve países europeos y se ha desarrollado entre los meses de mayo y diciembre de este año. El objetivo principal ha sido coordinar sobre el terreno los métodos de actuación de los cuerpos policiales participantes en el dispositivo, para un control efectivo de las fronteras aéreas y marítimas del sureste peninsular, con el fin de evitar el tráfico ilegal de personas. También se han llevado a cabo acciones relativas a la lucha contra el narcotráfico, la contaminación marítima y el crimen transfronterizo.
En relación con el tráfico de drogas, el dispositivo de vigilancia marítima y aérea ha permitido detener a 49 personas e incautar 12.274 kilos de hachís. También se han incautado 2 avionetas, 14 embarcaciones y 2 vehículos.
La utilización de medios aéreos en la vigilancia marítima permite la detección temprana del narcotráfico, por lo que se puede actuar con mayor prontitud y eficacia, así como de embarcaciones con migrantes, lo cual hace que los tiempos de respuesta sean menores y se pueda atender y socorrer antes a los migrantes.
No obstante el futuro de estas personas es casi desconocido por la opinión pública, ya que los medios de comunicación no suelen profundizar en la información de ‘pateras’. Pero la mayoría son expulsado y retenidos durante semanas en los Centros de Internamientos de Extranjeros en Andalucía, situados en Málaga y Algeciras.
Agentes de la Policía Nacional de Málaga han desarticulado una organización dedicada al tráfico ilícito de personas en el África Subsahariana. Han sido detenidas cinco personas por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración y tráfico ilícito de personas. Cuatro de los arrestados con edades comprendidas entre los 21 y 35 años son naturales de Guinea Bissau y el quinto de 30 años, de Sudán
Los hechos que originaron la actuación policial sucedieron sobre las 12:10 horas del día 23 de septiembre cuando un buque mercante que hacía la travesía de Melilla a Málaga interceptó, en aguas del Mar de Alborán a 60 millas náuticas de la costa de Melilla, una embarcación de goma con motor fueraborda. En su interior iban 44 personas que seguidamente rescataron y trasladaron hasta el puerto de Málaga.
Por este motivo se activó el oportuno dispositivo policial y varios efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para hacerse cargo de los inmigrantes.
A las 22:30 horas se produjo la llegada del buque al puerto en donde esperaban los agentes y personal de los servicios de urgencia y asistenciales que asistieron a las personas que resultaron ser dos mujeres y cuarenta y dos varones todos mayores de edad y de origen subsahariano.