Andalucía

La islamofobia tras los atentados de París

Tras los atentados de Charlie Hebdo los países europeos están tomando medias a favor del control de internet así como aumentar la seguridad, algo que en muchos casos confronta con las propias libertades de los ciudadanos, sobre todos de los musulmanes, que se han visto no solo aumentada la seguridad sobre ellos, simplemente por ser musulmanes, sino que también crece el sentimiento islamofobos en toda Europa.

Colectivos musulmanes, ha denunciado los atentados, pero ahora también denuncian la caza y las políticas de seguridad que solo benefician al distanciamientos de las relaciones humanas, en países donde la convivencia es mayoritaria.

Los mensajes de la extrema derecha tras los atentados están sirviendo ya para que crezca -aún más- la ola de islamofobia que recorre Europa. Tanto la islamofobia como la xenofobia son sentimientos, actitudes y comportamientos execrables, que de no combatirse contaminan a toda la sociedad y ponen en tela de juicio la propia calidad democrática de la misma. La ultraderecha y los partidos antiinmigrantes y xenófobos crecen en Francia, haciendo culpables a todos los inmigrantes y a los musulmanes de lo que no es sino una minoría fanática, aunque creciente lamentablemente.

 

La xenofobia crece en toda Europa. Las pintadas de Jerez se enmarcan en esa ola de aguas fétidas. Para ello la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha querido mostrar su rechazo y expresar «nuestra solidaridad con la comunidad musulmana, que en casi su totalidad son creyentes pacíficos, y que hace muchos años forma parte de nuestra sociedad, con todos los derechos a los que debemos acceder la ciudadanía».

Pero lo que ha sucedido en Jerez no es un caso aislado. Aquí en España aumentan las medidas y declaraciones racistas de mano de determinados dirigentes del Partido Popular (véase Vitoria, Sestao, Gandía, Badalona…).

 

Túnez

¿El Comienzo de una nueva era de derechos humanos…

Sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, 22 de noviembre de 2011. /Samir Abdelmoumen
Sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, 22 de noviembre de 2011. /Samir Abdelmoumen

La aprobación de la nueva Constitución de Túnez debe poner en marcha la revisión de una amplia gama de leyes e instituciones públicas, han dicho las organizaciones pro derechos humanos Al Bawsala, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La aplicación de la Constitución, que garantiza muchos derechos y libertades fundamentales, debe proporcionar el mayor grado de protección para los derechos humanos de los tunecinos.

El 26 de enero de 2014, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución por una amplia mayoría, tras debatirla y votarla artículo por artículo a lo largo del mes. El texto supone una importante mejora sobre la primera redacción, de julio de 2012, e incorpora varias recomendaciones para reforzar la protección de los derechos humanos que las organizaciones que suscriben esta declaración y otras formularon en los dos últimos años.

«La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez ha aprobado una Constitución que favorece los derechos humanos con una audaz redacción”, ha dicho Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Ahora corresponde a los tribunales, los legisladores, los fiscales y otras autoridades asegurarse de que sus políticas, procedimientos y leyes se ajustan a los derechos consagrados en la Constitución”.

La Constitución defiende muchos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales clave, como el derecho a la ciudadanía, a fundar partidos políticos, a la integridad física y a la libertad de circulación, opinión, expresión, reunión y asociación. Incluye el derecho a no sufrir detención arbitraria y a un juicio justo. Además, el texto constitucional prohíbe la tortura y cualquier prescripción del procesamiento de casos de tortura. También garantiza el derecho al asilo político.

La Constitución refuerza la protección de los derechos de las mujeres. Así, su artículo 45 dispone que “el Estado se compromete a proteger los derechos establecidos de las mujeres y trabajará para fortalecer y desarrollar esos derechos”, y garantiza “la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a todos los niveles de responsabilidad y en todos los ámbitos”. Esto convierte a Túnez en uno de los pocos países de la región con obligación constitucional de trabajar en pro de la paridad de género en las asambleas elegidas democráticamente.

El texto constitucional protege también el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Las autoridades de Túnez deben aprobar medidas concretas para alcanzar progresivamente la realización plena de estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles del país, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Túnez.

Inmigración

Rescatados diez niños usados como pasaportes humanos para entrar…

Imagen de un mujer subiendo a la embarcación de la Guardia Civil en Melilla. / G.C
Imagen de un mujer subiendo a la embarcación de la Guardia Civil en Melilla. / G.C

La Guardia Civil, en el marco de la operación “HERODOTO”, ha rescatado a 10 menores de edad que eran utilizados por las mafias de trata de seres humanos para facilitar el acceso de inmigrantes ilegales a la ciudad de Melilla. Han sido imputadas doce personas que manifestaban ser sus padres biológicos con el fin de garantizarse un procedimiento preferencial para acceder a Europa o evitar un procedimiento de expulsión. Las mafias suelen lucrarse utilizando tanto a estos niños como a las personas que intentan acceder a nuestro país a cambio de dinero.

Las investigaciones comenzaron el pasado año, cuando la Guardia Civil detectó un nuevo procedimiento utilizado por las mafias internacionales que tratan con seres humanos, que consistía en embarcar en pateras a mujeres con menores de edad, previo pago de entre 1.500 a 2.000 euros por persona para acceder a la ciudad de Melilla.

Tras las primeras investigaciones los agentes pudieron determinar que esos menores podrían no ser verdaderamente los hijos biológicos de quienes decían ser sus madres o conformaban una unidad familiar. Esta cuestión era difícil de acreditar, ya que afectaban a diversos ámbitos de derecho internacional, tanto público como privado y tenían que ser varias las Administraciones que actuasen coordinadas.

Por ello, se puso en marcha un protocolo de actuación en el que han colaborado INTERPOL, la Fiscalía de Menores, autoridades judiciales, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla y la Universidad de Granada para realizar las pruebas de ADN.

En el marco de este protocolo se realizó la prueba de ADN a 12 personas de procedencias subsahariana y argelina, con las que se ha puesto de manifiesto que en 10 casos no había vinculación biológica con los supuestos progenitores.

Los menores eran captados y comprados en terceros países por las organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos y posteriormente entregados a inmigrantes adultos, también captados por estas redes para ser explotados en Europa. De esta forma la organización se aseguraba que los menores actuaban de “seguro o salvoconducto”, en su objetivo de acceder por vía marítima a Melilla.

Las mafias embarcaban a los adultos junto a los menores en pateras, en donde el adulto solía abusar de su superioridad y de la vulnerabilidad del menor (normalmente niños menores de 10 años) poniendo en riesgo sus vidas, salud e integridad física. Ya en una ocasión se recuperó el cuerpo de un menor fallecido por ahogamiento en el mar, cuyo cadáver no fue reclamado por ninguno de los inmigrantes que iban en la patera.

En otras ocasiones, cuando los inmigrantes eran interceptados por alguna patrullera de la Guardia Civil, amenazaban con lanzar al menor al agua, o incluso prender fuego a la embarcación en la que viajaban.

También se ha dado el caso de un menor que estuvo registrado en el CETI en dos ocasiones, con sus supuestas madres biológicas, una de las cuales llegó a dejarlo abandonado en el centro.

En otro caso se ha detectado a varias inmigrantes del CETI que decían ser madres biológicas de un mismo menor, con el fin de ser registradas como una unidad familiar. En realidad se comprobó que este menor había sido vendido por 20.000 dinares por su verdadera madre biológica, que también se encontraba acogida en el mismo centro.

Asimismo, se han dado casos de unidades familiares registradas en dicho centro que al saber que estaban siendo investigadas por los agentes han abandonado el lugar con el menor.

Los menores rescatados están bajo la tutela de los servicios sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Además, tras la realización de estas investigaciones y comprobaciones por parte de las distintas autoridades que han participado, se ha conseguido que las mafias dejen de usar a los menores en este tipo de prácticas.

Inmigración

Inmigrantes denuncian las expulsiones ilegales de España ante Estrasburgo

infografía de Isla de Tierra. / Wikipedia
infografía de Isla de Tierra. / Wikipedia

Dos ciudadanos cameruneses han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, una demanda contra el Estado español por haber sido expulsados ilegalmente de Isla de Tierra en septiembre de 2012. En su demanda, solicitan que el Alto Tribunal condene a España por haber ejecutado una expulsión colectiva, expresamente prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), negándoles la posibilidad de solicitar asilo en nuestro país y acceder a la tutela judicial recogida en la normativa española e internacional.

También denuncian que su expulsión se produjo hacia un país, Marruecos, donde «se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de origen subsahariano» egún un comunicado de de la sección española de Migreurop.

La Ley de Extranjería, al igual que el CEDH, contempla la obligatoriedad de las autoridades de informar a los inmigrantes interceptados de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva. También es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. En cambio, el Gobierno español decidió expulsarles de forma colectiva, sin estudiar de forma individualizada cada caso.

De esta forma se le negó a Enmanuelle, uno de los demandantes, la posibilidad de solicitar asilo en España, viéndose obligado a solicitar protección internacional en Marruecos, país que segun las organizaciones denunciantes «carece de un sistema eficaz de asilo y dónde existe un grave problema de discriminación hacia las personas refugiadas subsaharianas».

La expulsión colectiva también tuvo como consecuencia «la imposibilidad de recurrir la decisión ante los tribunales, al impedirse el acceso a los procedimientos establecidos por Ley, con las debidas garantías, ni ser informados de las vías para defender sus derechos». La obligatoriedad de acceso a un recurso efectivo está recogida en el CEDH, siendo, por tanto, condenable por el Alto Tribunal esta actuación del Gobierno español.

Violando también el principio internacional de no devolución a países dónde puedan sufrir torturas y tratos degradantes e inhumanos, los demandantes, junto con el resto del grupo, fueron expulsados a Marruecos, país denunciado por múltiples organismos internacionales y ONG por «violar sistemáticamente los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas subsaharianas».

Denis, el otro demandante, ha lamentado que fue víctima de «una brutal paliza por parte de la gendarmería marroquí al negarse a subir a un autobús con destino al desierto argelino, donde sería abandonado a su suerte» cita el comunicado. La expulsión de personas subsaharianas al desierto, cerca de la ciudad fronteriza de Oujda, es una práctica habitual de las autoridades marroquíes que no puede desconocer el Estado español.

Los hechos, de significativo impacto mediático en España, acontecieron en 2012, cuando una primera embarcación arribó en la madrugada del 28 al 29 de agosto al islote de Isla de Tierra con 19 personas en su interior, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Posteriormente, en la madrugada del 1 al 2 de septiembre, llegaría otra embarcación con 68 personas en su interior. La expulsión colectiva se produciría en la madrugada del martes 4 de septiembre, cuando la Guardia Civil entregó a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos las 73 personas subsaharianas que se encontraban aún en Isla de Tierra. Con anterioridad habían sido trasladadas a Melilla las mujeres embarazadas, los niños y sus madres.

Tras varios meses de investigación, las organizaciones españolas de Migreurop (ACSUR, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Mugak y SOS Racismo) en colaboración con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), consiguieron localizar en Rabat a Enmanuelle y Denis, quiénes habían conseguido regresar a territorio marroquí tras su expulsión a Argelia. Una vez entrevistados e informados de sus derechos, decidieron interponer una demanda contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sahara Occidental

EEUU tambalea la hegemonía totalitaria de Marruecos en el…

Un coche de MINURSO en el Sahara. / ONU Photo
Un coche de MINURSO en el Sahara. / ONU Photo
La administración Obama en la ONU han presentado al Grupo de amigos del Sahara, compuesto por Francia, España, Rusia, Reino Unido y el propio EEUU, una propuesta en la que se incluye ampliar las competencias de la Misión de la ONU en el Sahara Occidental para que proteja e informe sobre las violaciones de los derechos humanos.

Este es una giro radical a la situación del conflicto, que dura ya 38 años, y un claro guiño a las propuestas del Frente Polisario que reivindicaba esta media desde hace años y siempre derogada por Francia. Y es que la MINURSO es la única misión de la ONU que no vela por el firme cumplimiento de los derechos fundamentales.

Por su parte, Marrueco por instrucciones del monarca, celebró el pasado lunes en Fez un inesperado Gabinete Real para debatir la medida de EEUU. Al acto asistieron consejeros del Rey, del Jefe del Gobierno, de los líderes de los partidos políticos, así como de varios miembros del Gobierno, según informó el diario marroquí Lakome.

La medida ha sido calificada por los medios en Marruecos como una “escalada peligrosa” ya que las violaciones de derechos se llevan produciendo desde años en el 75% del territorio que controla Marruecos de la antigua colonia española.

La Fundación Robert F. Kennedy ha sido históricamente una de las grandes defensoras de esta demanda del Polisario, y en su último informe denunció la grave situación en el territorio. Además, el actual representante personal de Ban Ki-moon, Christofer Ross, ha sido el primer enviado en visitar el territorio del Sahara y en reunirse con los activistas.

De momento hay que esperar al día 22 de abril que el Consejo de seguridad debata la propuesta de EEUU que encabezará Susan Rice, para que más tarde, el día 25, lo voten. Francia no se ha pronunciado sobre su voto, y aunque en Rabat están intranquilos Francia es el gran aliado de Marruecos, batalla que perdió el Polisario.

Magreb

La cárcel del Infierno


Fachada de una cárcel de Marruecos. / B.S
Fachada de una cárcel de Marruecos. / B.S

Porrazos, golpes con palos en la planta de los pies, horas apresados a la celdas, incomunicación,… Esta son algunas de las técnicas más repetidas en las cárceles en Marruecos, y que el propio CNDH (Consejo nacional de los derechos humanos), organismos perteneciente a la corona alauí que fue creada tras la reforma de la constitución, ha denunciado públicamente en un informe.

El documento publicado hace cinco meses afirmaba, tras visitar numerosas cárceles de Marruecos, la persistencia de abusos dentro de las prisiones cometidos por el personal penitenciario contra los reclusos. Estos consideraron una clara violación de las normativas que regulan el sistema penitenciario y una violación de las convenciones internacionales en la materia, el consejo definió estos actos como tratos o penas “crueles, inhumanas y degradantes”.

Sin embargo, meses después los resultados de las recomendaciones emitidas por el CNDH apenas han tenido efecto ya que las denuncias de presos siguen llegado. El pasado 7 de febrero de 2013 la asociación de ayuda a los presos españoles en Marruecos envió una grabación de un preso español en la Cárcel de Tánger, conocida como el Infierno, denunciando la grave situación que vive su padre enfermo de corazón y sin asistencia médica. “La situación en la que se encuentran es crítica, nadie le echa cuentas, no lo llevan al médico, la sanidad es insuficiente, la higiene, todo” comenta desesperado el hijo.

De momento la situación de estos dos españoles sigue sin ser atendida, mientras esperan una solución y la presión de las autoridades españoles, no obstante el contacto con el exterior es casi nulo como afirmaba el informe.

El Consejo Real de Derechos Humanos denunciaron las violaciones a reos en el país alauí

El CNDH constató que los reclusos extranjeros padecen otras violaciones especiales como la falta de comunicación con el mundo exterior en algunos casos, debido al obstáculo del idioma, y la imposibilidad de beneficiar de las visitas, además en muchos casos no disponen de ninguna asistencia jurídica que les garantice un juicio justo.

Este último aparto lo acaba de denunciar un empresario español detenido desde hace cuatro meses en Tánger, acusado de blanquear dinero, y sigue sin tener un juicio. “Aquí no hay abogados que quieran ayudar, solo cogen el dinero, mucho dinero por ejemplo 2.000 euros por persona y luego no hacen nada y nos quedamos aquí abandonados” comenta el reo.

Pero los peor parados en las cárceles de Marruecos no son los ciudadanos europeos sino los ciudadanos de origen subsaharianos, que según el consejo sufren abusos ligados a la discriminación por motivo del color de la piel por parte de los mismos prisioneros o por parte de la administración penitenciaria en algunos casos.

Aparte de la dificultad del idioma o la ausencia de visita, el gran problema es la incomunicación con las embajadas de sus respectivos países, sea debido al desentendimiento de las referidas embajadas pese a ser avisadas por parte de las autoridades marroquíes o sea a la falta de notificación debido al desinterés o a la indiferencia de las partes responsables de la notificación.

Sea cual fuere el motivo, las cárceles en Marruecos siguen sin garantizar los derechos fundamentales denunciados por el CNDH que contrastó las violaciones en los centro penitenciarios que a día de hoy siguen en sus creces como acreditan las historias que llegan casi a diario de cárceles como el Infierno de Tánger.

Libia

Estrasburgo condena a Italia por violación de derechos humanos…

Varias embarcaciones de exiliados de guerra en la isla italiana de Lampedusa. /UN Photo/UNHCR/Phil Behan

Italia violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando interceptó y devolvió a Libia a un grupo de somalíes y eritreos en 2009 sin haber analizado antes si esta medida ponía en riesgo sus vidas. Así lo dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que ese fallo, al que calificó como histórico, proporciona una orientación importante para los países de la Unión Europea sobre las prácticas de control de fronteras.

Dada la situación que prevalecía en Libia en aquel momento, las políticas de devolución impedían el acceso a la protección y socavaban el principio de no devolución, que también se aplica en alta mar, indicó el ACNUR.

Agregó que las personas rescatadas o interceptadas en el mar se encuentran, a menudo, en una situación de mayor vulnerabilidad que otros solicitantes de asilo, tanto física como psicológicamente y por lo tanto no pueden expresar su intención de solicitar asilo inmediatamente.