Inmigración
Melilla se la ciudad española con más violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Ahí, cientos de personas intentan solicitar asilo pero son expulsados en las puertas de uno de los muros fronterizos más peligrosos que existen en el mundo: la valla de Melilla. teleSUR
Inmigración
Una patera con veintitrés inmigrantes subsaharianos a bordo arribó en la mañana de ayer a Maspalomas, principal zona turística de Gran Canaria, donde fue avistada al llegar a la costa por personal del servicio de limpieza de playas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Cruz Roja que atendieron a los ocupantes de la patera, veintiún hombres y dos mujeres. Dado que algunos de ellos presentaban fiebre se especuló con la posibilidad de activar el protocolo por sospecha de ébola.
Finalmente, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias acordó no activar el protocolo tras efectuar el estudio epidemiológico pertinente a sus ocupantes.
Sin embargo, estos migrantes que provenían en una patera de Guinea Conakry y Senegal, la embarcación partió del Sahara Occidental, estuvieron más de cinco horas esperando en la playa frente a las altas temperaturas de la isla con el fin de saber si se activaba o no el protocolo de Ébola. La mala gestión también se desarrolló entre la operación de traslado que transportó a los migrantes, algunos de sellos enfermos en los camiones de la basura de la Comunidad canaria.
De momentos los migrantes permanecen en el centro de Estancia Temporal de Inmigrantes a la espera de las decisiones judiciales, pero se vuelve a poner en evidencia la lenta y mala gestión de España ante los flujos migratorios y sobre los protocolos de Ébola.
#ESPAÑA Los inmigrantes llegados a #Canarias que presentaron síntomas febriles fueron transportados en camión basura pic.twitter.com/28p3ypbmT3
— Sergio Rodrigo (@SRodrigoruiz) noviembre 6, 2014
Ceuta
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, da la bienvenida a la decisión del Ministerio del Interior de crear oficinas de asilo y protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Esta decisión hecha pública ayer, que sigue una recomendación de ACNUR, es un paso muy positivo para posibilitar que las personas que necesitan protección internacional puedan solicitar asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, como ocurre en otros puestos fronterizos de España. En el último año hemos venido observando un incremento importante de las llegadas de personas que huyen de países en conflicto a estas ciudades. A los más de 2.000 sirios que han llegado desde enero de 2014, se suman cientos de personas de países del África subsahariana procedentes de países donde hay guerras, persecución y violaciones de derechos humanos.
ACNUR coincide en la necesidad de invertir en recursos materiales y humanos para el establecimiento de estas oficinas, incluyendo la formación del personal que atienda a los solicitantes de asilo. En línea con su mandato y el trabajo habitual de ACNUR, en estrecha colaboración con la Policía Nacional, se han puesto en marcha cursos de formación para los oficiales de policía destacados en las fronteras de ambas ciudades, así como con los Colegios de Abogados.
Teniendo en cuenta el perfil actual de la población que llega a estas ciudades, la Agencia de la ONU para los Refugiados considera que sería necesario establecer una presencia de la Oficina de Asilo y Refugio en estas ciudades, como lo ha hecho ACNUR desde el mes de julio, al objeto de establecer mecanismos ágiles de tramitación, identificación y derivación de los casos de asilo meritorios, para lo cual, las autoridades podrán contar con la colaboración de ACNUR.
ACNUR reitera la necesidad que todos los casos meritorios de protección internacional sean trasladados a la mayor brevedad a la península y que puedan disfrutar de los mismos derechos y asistencia que los solicitantes de asilo que formalizan sus peticiones en otros puntos de España.
Sin menoscabo de la creación de estas oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, ACNUR recuerda que se deben garantizar también los derechos fundamentales de las personas que intentan acceder de forma irregular al territorio español, en relación con la iniciativa de modificación de la Ley de Extranjería anunciada a finales de octubre.
ACNUR se pone a disposición de las Autoridades españolas para trabajar conjuntamente en materia de protección internacional en Ceuta y Melilla.
Inmigración
Cuatro activistas de ONG que participan en el encuentro Frontera sur realizado en la ciudad fronteriza Melilla, España, se encadenaron para exigir se respeten los derehos humanos de los mirhrantes y pidieron se detengan las deportaciones ilegales.
Poco después de las seis de la tarde, un grupo de representantes de las ONG que estaban en la puerta del Centro de Estancia Temporal de Inmigranntes (CETI) se dirigieron a un punto cercano del perímetro fronterizo y, acto seguido, cuatro de las activistas se han atado a la valla utilizando una cadena y dos candados.
Además, portaban una pancarta en la que se podía leer «Aquí se violan Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo?», mientras otras dos compañeras suyas, al otro lado de la carretera, mostraban otra con el lema «Stop deportaciones ilegales».
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Ceuta
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch.
El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Inmigración
En campamentos, sentados en las rocas e incluso sobre los pinos que coronan los montes limítrofes a Ceuta y Melilla aguardan historias que dependen de un salto. Pero su historia termina justamente donde empiezan nuestros derechos, en las fronteras.
La valla entre España y Marruecos se ha convertido en foco de la atención internacional con la pérdida de 15 vidas. Ese foco de atención ha podido ser el garante del salto de Melilla, de los pocos que casi la totalidad de los que lo intentaron lo consiguieron, y según fuentes del terreno no se produjeron graves heridos ni deportaciones en caliente. Incluso, Cruz Roja volvió a realizar labores humanitarias en el perímetro fronterizo.
Los intentos de llegada a España ha sido acompañados de una campaña de desprestigio contra los perjudicados de las migraciones, que son los propios migrantes, y no contra los que lo combaten con palos. Estos empujados a dejar sus vidas y familiares optan por llegar a Europa huyendo de la guerra, la hambruna y la corrupción que azota a muchos países africanos, ahora son acusados de violentos, agresivos e incluso de imponer sus normas con el fin de llegar.
Marruecos es el país intermedio entre dos mundos, allí aguardan, según fuentes de Naciones Unidas unos 10.000 subsaharianos. Un dato alarmante que no se asemeja con la realidad de Marruecos, aunque sí es cierto que una amplia mayoría de los subsaharianos tengan intenciones de dar el salto, según colectivos de migrantes. Muchos han obtenido trabajos, han encontrado parejas e incluso tienen residencia en Marruecos, por lo que dar por entendido que todos los inmigrantes subsaharianos que hay en el país quieren llegar a España es un grave error.
Ceuta y Melilla ofrecen la oportunidad de llegar a Europa sin tener que aventurarse en el Mediterráneo ni pagar un céntimo. Seis metros, tres vallas y kilómetros de concertina separan su desesperación. Sin embargo, su solución sigue sin plantearse, y la opción de enriquecer a los países intermediarios para que actúen de sicarios no hacen menos culpables a los políticos de la UE El drama no es la inmigración, es sólo la consecuencia del drama humano de un continente saqueado.
Andalucía
Hace unos días el Ministerio del Interior de España ha iniciado las tareas de recolocación de las concertinas de acero en el perímetro fronterizo entre Melilla y Marruecos.
Tras las denuncias de distintas personas y colectivos, y tras demostrarse que causaban importantes lesiones, el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se comprometió a quitarlas en 2006, fueron retiradas en 2007 y sustituidas por una sirga tridimensional.
Las concertinas o cuchillas fueron prohibidas tras los saltos que sufrió la alambrada y que causó numerosas víctimas a causa de sus afiladas puntas, pero ahora hemos descubierto que el fabricante de estas son la empresa malagueña European Security Fencing.
La compañía perteneciente a al Grupo Mora Salazar, y que visitó hace uno años el expresidente de la Junta de Andalucía, Pepe Griñán, es el único fabricante europeo de concertina y tiene clientes en los cincos continentes.
La empresa es especialista en la fabricación de cuchillas que se usan en puesto fronterizos de todo el mundo, y aunque no se ha precisado el gasto del ministerio en este elemento denunciado por las organizaciones internacionales, si han confirmado que se está usando el número 22.
Este tipo de concertina está compuesto de acero y con un grosor de 0,5mm, una longitud de cuchilla de 22mm y una separación de entre cuchillas de 34mm, está considerada como una concertina estándar de “gran efectividad y resistencia”.
La empresa vende a través de su web este tipo de concertina por 51,92 euros el rollo de 10-12 metros, por lo que si la valla tiene una superficie de unos 12 metrosel gasto sin instalación de la concertina superaría los 50.000 euros.
Ahora tras su instalación varios anónimos han pedido a través de la plataforma Change.org que el ministerio las vuelva a retirar ya que considera que usar estas cuchillas es “una salvajada, propia de seres sin escrúpulos, sin empatía y sin ninguna clase de amor hacia el prójimo”.
En pocas semanas los activistas han conseguido recopilar más de 20.000 firmas en internet.