Diez días después de la evacuación por sorpresa de los cooperantes españoles en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, algunos de estos desafiaron la sugerencia del Gobierno volviendo al trabajo.

Los cooperantes viajaron en un vuelo organizado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), junto a una alta representación del movimiento solidario, que tienen como objetivo mostrar al Gobierno de Rajoy una prueba de la seguridad en los campamentos de Tinduf, controlados desde 1975 por el Frente Polisario, y exigir el retorno de los trabajadores humanitarios.

En el vuelo, donde viajan 27 personas, hay representantes de ONG que trabajan en el terreno como Médicos del Mundo o Mundubat, esta última regresa para volver a instalarse en los campamentos a pesar de que uno de sus compañeros, Enric Gonyalons, fue secuestrado por una facción disidente de Al Qaeda en el Magreb Islámica en octubre de 2011.

La visita, que finalizará el próximo sábado día 11 de agosto, aprovechó el viaje para llevar un cargamento con ayuda humanitaria y medicamentos que repartirán entre la población a través de la red de hospitales creados por las autoridades saharauis con la ayuda internacional.

El Gobierno, quién aseguró que no puede frenar el retorno, advirtió en un comunicado que mientras no se apliquen las medidas de seguridad acordadas con el Polisario en la reunión del pasado 30 de julio mantendrá su llamamiento a la responsabilidad de las ONG y su advertencia con respecto a la amenaza sobre la seguridad en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

Por su parte, las ONG que trabajan en los campamentos de refugiados enviaron un comunicado en el que instaron al Gobierno a crear un grupo técnico de trabajo que ayude a integrar los procesos de seguridad ya establecidos hace varios meses entre las ONG, el Gobierno del Polisario y las agencias internacionales, así como a hacer efectivas las medidas de seguridad acordadas, medida que el Gobierno ya ha puesto en marcha junto a la AECID, según un comunicado.