Fanta murió ayer varias horas antes de que el barco naranja de Salvamento localizase su balsa en Alborán. Murió hacinada junto a los decenas de compañeros de viaje que iban a bordo de su balsa con la que cruzó desde Marruecos hacia España. No logró sobrevivir a la tenebrosa ruta del Mediterráneo que sigue sumando nombres a una lista vergonzosa que no despierta la solidaridad de los dirigentes de Europa sino que aviva el discurso del odio contra los que huyen del expolio continuado en África
La mujer falleció este 30 de noviembre de 2018 en una balsa de plástico con la que cruzaban el Mediterráneo más de 60 personas, además el supuesto patrón de la embarcación fue detenido por la Guardia Civil española. En las ultimas 24 más de mil cien personas fueron recuperadas de un total de 25 balsas de plástico con la que los migrantes cruzaron desde Marruecos hacia las costas de Andalucía. La víctimas de las fronteras de Europa sigue aumentando en aguas españolas que suma ya más de 620 vidas fallecidas o desaparecidas durante 2018.
Se cumple un año de aquel 20 de noviembre de 2017, cuando los periodistas recibíamos el primer comunicado del Ministerio del Interior aclarando que los cientos de migrantes argelinos llegados aquel fin de semana al Levante español desde Mostaganem (Argelia) iban a ser trasladados al “centro de Archidona”, sin más detalles.
Ese día empezaron a llegar los primeros internos a Archidona, todos argelinos, con un auto individual dictado por siete jueces murcianos que señalaban que el destino de los migrantes era el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona. Los magistrados desmentían así la versión oficial del entonces ministro Juan Ignacio Zoido, dado que no se trataba de un centro de acogida, sino un CIE que, además, según dicho auto dependía del CIE de Málaga, cerrado en 2012.
Un minuto después de aquella información oficial, los periodistas entendimos que estábamos ante una mentira. El destino de aquellos migrantes era el Centro Penitenciario Málaga II, en el municipio andaluz de Archidona. Aquel 20 de noviembre el Estado español encerró en una cárcel sin inaugurar a 572 migrantes, violando así la Ley de extranjería, que señala que la privación de libertad de migrantes por falta administrativa no puede tener lugar en centros con “carácter penitenciario”.
En los días posteriores, numerosos colectivos denunciaron la falta de agua potable, ausencia de mudas e incluso la presencia de menores entre los recluidos, entre otros abusos. Poco a poco fueron llegando familiares desde Francia, pero muchos no pudieron acceder al recinto. Otros directamente denunciaron que sus allegados eran menores de edad y que el documento que acreditaba su minoría podía ser usado para garantizar una deportación a Argelia pero no para asegurar su protección en España, donde supuestamente la ley impide encerrarlos junto a adultos. Recuerdo aún las palabras de Margarite, una de las primeras personas que accedieron al lugar en régimen de visita: “si no murieron en el mar, van a morir en la prisión”.
Y así fue. El 29 de noviembre apareció en una celda del módulo 3 el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala. Apenas 18 horas antes, Bouderbala había participado en las protestas que se produjeron en ese módulo para evitar la deportación inminente a Argelia de otros migrantes. El hermano del fallecido se presentó en Archidona 24 horas después, pero no pudo ver el cadáver hasta el 4 de enero. Por razones que todavía no han sido esclarecidas, coincide que justo aquel mismo día el juzgado archivó la causa abierta tras su muerte, a raíz de denuncias presentadas por acusación popular y particular.
La policía reprime una protesta de los migrantes internos en la cárcel-CIE de Archidona. Foto: EntreFronteras.
Un año después vuelve a reabrirse esa causa, pero algo edulcorada. Amanda Romero, abogada de la acusación particular, explica que la Audiencia de Málaga ha reabierto el caso y será a principios de febrero cuando comiencen las declaraciones. Sin embargo, la letrada señala que la Audiencia “da por sentada la versión que la policía ofrece en el atestado y por lo tanto considera innecesaria ninguna diligencia de investigación, como la aportación de cámaras de seguridad o la testificación por parte de internos del centro de internamiento, dando por bueno el atestado de la policía”.
Depurar el caso de Bouderbala resolvería además otras denuncias por violaciones de derechos, desde el auto de internamiento dictado contra esos migrantes, hasta su reclusión en régimen de aislamiento. Se trata de varias piezas de un mismo puzzle sin resolver que podría alcanzar a las esferas más altas que dieron órdenes para el internamiento de 572 migrantes, desde jueces hasta ministros del gobierno del Partido Popular.
Ha pasado un año desde aquel 20 de noviembre, uno de los episodios más oscuros y sangrantes en el dramático historial de derechos de las personas en tránsito. Yo viví y seguí como periodista, en primera persona, cada minuto de aquel atropello. Solo puedo destacar el increíble trabajo colectivo de la Plataforma por el Cierre de Archidona, yel esfuerzo sobrehumano de ONGs y juristas que apoyaron a familiares y a afectados para luchar contra aquella violación que acabó con la vida de Bouderbala en “Archidona, la cárcel de los migrantes”. Ese es el título del único documental de aquellos 51 días interminables de encarcelamiento.
Samuel (cuatro años), su madre Vero, Larissa, Brenda, Djibril, Merlín, Abdourrahmane, Thiare, los hermanos gemelos de Amira, Ester, Yacouba, Larios,… si sigo sumando la cifra llega hasta los casi 8.000 tan solo en 30 años de la primera foto de un naufragio en España.
No nos cabe duda a los que llevamos años recorriendo la costa andaluza que las cifras se han convertido solos números para los dirigentes que no logran mirar a los ojos de las víctimas de las fronteras. Para Ildefonso Sena, un senior de esto del periodismo en Frontera Sur, en estos treinta años de su fotografía “nada ha cambiado”, e insiste que tras de su fotografía: “Después de ese primer naufragio vino otro en el 89 y después otro, y luego otro, y así puntos suspensivos hasta ahora. Y aquí no ha cambiado nada, aquí las autoridades han ido parcheando poco a poco”.
Y así es parche a parche la cifra de muertos sigue sumándose, con nombre y apellidos, con sus nacionalidades, con sus familias, con sus particularidades,… Pero las muertes no han cesado. Aquel primer naufragio era 1 de noviembre de 1988. Un fuerte temporal provocó el naufragio de una barca marroquí con 23 ocupantes que se dirigía a España. El cuerpo de la primera víctima apareció en la playa gaditana de los Lances, a poco más de 15 km de Tánger. Era un joven de 23 años, de Nador, y había pagado 35.000 pesetas para cruzar el Estrecho y llegar a Europa con el fin de encontrar trabajo. Entonces España era tan solo un país de tránsito, su objetivo era llegar a Francia o Italia. Los cuerpos de once de los 18 desaparecidos fueron apareciendo en los días siguientes, a los demás se los tragó el mar. Los cuatro que sabían nadar tuvieron más suerte y fueron detenidos, como ocurre hoy.
Tras ese 1 de noviembre, poco se ha hecho para impedir que estas muertes se sigan produciendo y mucho para hacer de “la represión, el encierro y las expulsiones, la única política de gestión de los flujos migratorios”, asegura la organización andaluza APDHA.
Desde el año 2000 a 2018 la Secretaría de Estado de Seguridad afirma haber destinado 249 millones de euros al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que es el encargado de vigilar la Frontera Sur. Los miles de millones de euros dedicados a levantar vallas, alambradas, concertinas, patrulleras, externalización de fronteras y alta tecnología para reforzar las fronteras hacen que las personas cada vez se vean obligadas a migrar por rutas más peligrosas.
En estos 30 años han cambiado los gobiernos, los comunicaciones, los activistas, las balsas, las asociaciones, el origen de los migrantes,… pero si algo no ha cambiado en estos 30 años de ruta hacia España ha sido la muerte.
Una delegación internacional de activistas de Grecia, Italia, España y Croacia hemos visitado la isla de Lesbos durante los días 23-29 de mayo en el marco de TROS – “The Route of Solidarity”, un proyecto europeo que vincula diferentes iniciativas ciudadanas de inclusión a personas migrantes y refugiadas. En la isla observamos la situación de las miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas como consecuencia del tratado de la UE con Turquía (#Tratado de la VergÜEnza). En la actualidad, alrededor de 9.000 personas se encuentran atrapadas, la mayoría de ellas malviviendo en el Hotspot de “Moria”. En un kilómetro cuadrado se encuentran hacinadas aproximadamente unas 7.000 personas con acceso limitado a suministros vitales como agua y comida, así como con condiciones higiénicas muy precarias y un acceso a atención sanitaria limitado.
Una gran parte de las personas residentes de Moria viven en tiendas de campañas fabricadas con carpas y están obligadas a hacer colas durante horas para acceder a un reparto de agua o comida que a veces no llega para todas. El escaso espacio disponible y las duras condiciones de vida causan estrés, tensión y problemas de convivencia. El invierno de 2017 en Moria ha llegado a matar personas de frío, y la experiencia de permanecer en el Hotspot durante años han causado problemas psiquiátricos graves en algunos residentes, teniendo el hotspot una tasa de suicidios preocupantemente alta.
Las personas refugiadas permanecen en esta situación a la espera continua de una resolución administrativa para poder salir de la isla. Muchas de ellas siendo familias, esperando reunirse con sus familiares en otros países miembros de la Unión Europea.
Dentro del campamento de Moria – vallado con concertinas- se encuentra un centro de detención. En esta “cárcel dentro de la cárcel”, como lo expresa un residente del campo, se priva de libertad a solicitantes de asilo y familias con el fin de deportarlos a Turquía.
Especial preocupación ha causado la situación de los miles de niñas y niños que se encuentran en Moria y en los campamentos de toda la isla, dado que casi la mitad de la población de demandantes de protección internacional en la isla son menores. A éstos se les niega la protección, la educación y la integración a la que cada menor tiene derecho, según establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la UE y todos sus Estados miembros.
La situación permanente de emergencia humanitaria en la isla afecta a la población local. La población de Lesbos asiste a una situación de emergencia que se ha tornado en permanente, sin respuestas útiles ni por parte de las autoridades griegas ni las europeas.
La Unión Europea, mientras tanto, en vez de unir fuerzas en la acogida de personas refugiadas y respetar los objetivos establecidos en el reasentamiento en otros países miembros, mantiene el #Tratado de la VergÜEnza con Turquía. Éste implica que todas las personas que han llegado a las islas griegas después de marzo 2016 deben ser devueltas a Turquía. La consecuencia directa de este tratado es que el número de personas atrapadas en la isla en una situación desesperante sigue aumentando.
La situación en Lesbos supone una vulneración masiva y flagrante de los derechos humanos en territorio de la Unión Europea. Las políticas ejecutivas que permiten esta situación atentan contra los principios de la carta europea de los DDHH e incumplen la directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y el Consejo del 26/6/2013 por la que se aprueban normas para la acogida de solicitantes de protección internacional.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, movilizó el pasado jueves personal y recursos al sur de México, tras la llegada de miles de personas a la frontera entre México y Guatemala como parte de una “caravana” de refugiados y migrantes que arrancó en Honduras.
Más de 45 trabajadores de ACNUR se encontraban ayer lunes sobre el terreno en Tapachula, (Estado de Chiapas, al sur de México), y otros están en camino.
Los equipos de ACNUR están prestando apoyo a las autoridades mexicanas, tanto a nivel técnico como de personal para ayudar con el registro de solicitantes de asilo en plazo adecuado, la puesta en marcha de mecanismos de identificación y derivación para personas en situación vulnerable y con necesidades específicas, e incrementar capacidad y asistencia en materia de cobijo.
ACNUR ve con preocupación la evolución de la situación humanitaria de la caravana, y su posible paso por áreas en las que se han producido secuestros y riesgos de seguridad. Por ello, es urgente estabilizar la situación y esencial que se den unas condiciones adecuadas de recepción entre otras cosas, tanto para las personas que buscan asilo como para quienes también participan en el desplazamiento.
La “caravana”, cuyo tamaño se ha estimado en unas 7.000 personas, es la segunda marcha organizada que tiene lugar en la región este año; la primera tuvo lugar en México el pasado mes de abril.
En Guatemala, ACNUR monitorea la frontera en Tecun Uman, para evaluar necesidades y organizar, junto a socios, la asistencia humanitaria para aquellas personas que más la necesitan.
En Honduras, ACNUR supervisa la situación en la frontera con Guatemala a través de la Oficina en San Pedro Sula y de socios colaboradores; asimismo, trabaja junto a las autoridades para garantizar la recepción segura de aquellos miembros de la caravana que han decidido regresar.
ACNUR ha recordado a los países por donde pasa la ruta de la caravana que en ella viajan personas en situación de auténtico peligro. En una coyuntura como esta, es imprescindible que la gente pueda tener la oportunidad de pedir asilo y que sus necesidades de protección internacional se evalúen adecuadamente, antes de que se tome cualquier decisión sobre retornos o deportaciones.
Un bosque de pino en Marruecos corona el último refugio del viaje de decenas de migrantes que se chocaron con la valla fronteriza de Ceuta (España). En los bosques de Belyounech aguardan su oportunidad para dar el salto al continente europeo, el sueño de muchos de ellos tras años viajando por el continente africano, que cada mañana divisan el continente europeo desde lo más alto del monte.
Pero el 6 de febrero de 2014 cambió la historia de las migraciones. Apenas había comenzado el amanecer cuando un grupo de unos 400 migrantes descendían de los montes cercanos a Ceuta. Su meta era el paso fronterizo del Tarajal. Allí hicieron frente a las agresiones de los cuerpos policiales de Marruecos consiguiendo finalmente llegar a la valla española.
La guardia civil los esperaba fuertemente amados con material antidisturbio. Muchos intentaron cruzar por el mar a nado otros saltando las alambradas. El uso desproporcionado de las fuerzas españolas y la falta de auxilio a los migrantes ocasionó la muerte de al menso 14 personas, todas ahogadas.
Desde hace años los periodistas y profesionales de la comunicación vienen denunciado las trabas a periodistas en el Puerto de Málaga. El Sindicato de Periodistas de Andalucía ha denunciado en un vídeo realizado por EntreFronteras en la que muestra las dificultades para informar del proceso migratorio.
