Un bosque de pino en Marruecos corona el último refugio del viaje de decenas de migrantes que se han chocado con la valla fronteriza de Ceuta (España). En los bosques de Belyounech aguardan su oportunidad para dar el salto al continente europeo, el sueño de muchos de ellos tras años viajando por el continente africano, que cada mañana divisan el continente europeo desde lo más alto del monte.
Pero el 6 de febrero de 2014 cambió la historia de las migraciones. Apenas había comenzado el amanecer cuando un grupo de unos 400 migrantes descendían de los montes cercanos a Ceuta. Su meta era el paso fronterizo del Tarajal. Allí hicieron frente a las agresiones de los cuerpos policiales de Marruecos consiguiendo finalmente llegar a la valla española.
Un grupo de manifstantes reclaman justicia frente a la frontera del Tarajal en Ceuta. / @APDHA
La guardia civil los esperaba fuertemente amados con material antidisturbio. Muchos intentaron cruzar por el mar a nado otros saltando las alambradas. El uso desproporcionado de las fuerzas españolas y la flata de auxilio a los migrantes ocasionó la muerte de al menso 15 personas, todas ahogadas.
Y es que según las propias imágenes oficiales, un relato judicial y los propios testigos los agentes españoles disparaban pelotas de gomas al mar y gases lacrimógenos para evitar la llegada de los migrantes, el resultado fue la mayor tragedia provocada por las políticas de “seguridad de fronteras”.
Hasta el momento no ha habido responsabilidad, la investigación sigue parada. Pese a la presión de organismos internacionales, entre ellos la ONU. La estrategia del ministro español, que sigue en su puesto pese a pesarle estas vidas, es una campaña de desprestigio contra los perjudicados de las migraciones, que son los propios migrantes, y no contra los que lo combaten con armas.
Un año después, no sólo no se ha asumido ninguna responsabilidad por esta tragedia, sino que la investigación en marcha no ha servido para ofrecer una explicación clara de lo sucedido ni para brindar justicia a las víctimas. Lejos de haber servido de precedente para cambiar las prácticas de control de la considerada “Frontera Sur”, la situación es cada vez más grave. La legalización de las llamadas devoluciones “en caliente” a través de la enmienda prevista en a la Ley de Seguridad Ciudadana es un grave atentado a la legislación española, europea e internacional y a la vida de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras.
Miles de migrantes siguen sufriendo con las políticas migratorias de la Unión Europea, y para muestra está la Valla de Ceuta que separa la frontera entre España y Marruecos, donde el pasado febrero de este año centenares de migrantes intentaron entrar y fueron rechazados con material antidisturbio ocasionando la muerte de 15 personas. La ONU ha pedido que la violencia cese en esta región argumentando que los migrantes sólo quieren solicitar asilo. teleSUR
Varios inmigrantes intenta llegar a Melilla saltando la valla./ G.C
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, da la bienvenida a la decisión del Ministerio del Interior de crear oficinas de asilo y protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Esta decisión hecha pública ayer, que sigue una recomendación de ACNUR, es un paso muy positivo para posibilitar que las personas que necesitan protección internacional puedan solicitar asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, como ocurre en otros puestos fronterizos de España. En el último año hemos venido observando un incremento importante de las llegadas de personas que huyen de países en conflicto a estas ciudades. A los más de 2.000 sirios que han llegado desde enero de 2014, se suman cientos de personas de países del África subsahariana procedentes de países donde hay guerras, persecución y violaciones de derechos humanos.
ACNUR coincide en la necesidad de invertir en recursos materiales y humanos para el establecimiento de estas oficinas, incluyendo la formación del personal que atienda a los solicitantes de asilo. En línea con su mandato y el trabajo habitual de ACNUR, en estrecha colaboración con la Policía Nacional, se han puesto en marcha cursos de formación para los oficiales de policía destacados en las fronteras de ambas ciudades, así como con los Colegios de Abogados.
Teniendo en cuenta el perfil actual de la población que llega a estas ciudades, la Agencia de la ONU para los Refugiados considera que sería necesario establecer una presencia de la Oficina de Asilo y Refugio en estas ciudades, como lo ha hecho ACNUR desde el mes de julio, al objeto de establecer mecanismos ágiles de tramitación, identificación y derivación de los casos de asilo meritorios, para lo cual, las autoridades podrán contar con la colaboración de ACNUR.
ACNUR reitera la necesidad que todos los casos meritorios de protección internacional sean trasladados a la mayor brevedad a la península y que puedan disfrutar de los mismos derechos y asistencia que los solicitantes de asilo que formalizan sus peticiones en otros puntos de España.
Sin menoscabo de la creación de estas oficinas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, ACNUR recuerda que se deben garantizar también los derechos fundamentales de las personas que intentan acceder de forma irregular al territorio español, en relación con la iniciativa de modificación de la Ley de Extranjería anunciada a finales de octubre.
ACNUR se pone a disposición de las Autoridades españolas para trabajar conjuntamente en materia de protección internacional en Ceuta y Melilla.
La Policía cerró el paso de El Tarajal de Ceuta, en la frontera sur entre España y Marruecos, tras producirse una avalancha de ciudadanos marroquíes, los llamados «porteadores», quienes trabajan de ambos lados. Los porteadores intentaron entrar en España y las autoridades españolas han optado por cerrar durante unas 5 horas el tránsito. teleSUR
Uno de los chicos que ha atravesado hoy la valla de Melilla. / José Palazón
La Delegación en España de ACNUR refuerza su presencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante un equipo de tres personas que trabajaran inicialmente hasta finales de año en el ámbito de la protección internacional.
El equipo estará en contacto directo con personas y colectivos que se encuentran bajo el mandato de ACNUR y uno de sus objetivos principales será apoyar las labores de las autoridades españolas en el ámbito de la identificación, derivación y protección de las personas que necesiten la protección del asilo, tras haber accedido al territorio español a través de estas fronteras externas de la Unión Europea.
El incremento de la presencia en Ceuta y Melilla de personas procedentes de países en conflicto, como Siria, Mali, República Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur o Somalia, entre otros, que podrían estar en necesidad de protección internacional, ha motivado la decisión de ACNUR de intensificar su trabajo en estas ciudades.
A lo largo de los años, la Delegación de ACNUR en España ha venido desempeñando esta labor realizando, entre otras, misiones regulares a los principales puntos de entrada en España de flujos mixtos -inmigrantes económicos y refugiados-, de conformidad con su mandato internacional y el rol que la legislación española otorga al ACNUR en el procedimiento de asilo. El envío de un equipo especializado a estas ciudades españolas pretende dar continuidad a este trabajo en Ceuta y Melilla donde, desde hace más de un año, llegan cada vez más personas en necesidad de protección internacional.
La instalación de malla antitrepa se está haciendo a marchas forzadas en la valla de Melilla. / José Palazón
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch. El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Jorge Fernández Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. /Interior
La organización lanza una ciberacción en www.actuaconamnistia.org para exigir que paren estas expulsiones, no se reforme la ley de extranjería y se depuren resposabilidades tras las muertes de Ceuta el pasado 6 de febrero.
Amnistía Internacional rechaza las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ha afirmado que se va a modificar la Ley de Extranjería para permitir las expulsiones “en caliente” de inmigrantes.
“Las expulsiones colectivas y “en caliente” son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.”
Una de las últimas veces donde pueden apreciarse claramente expulsiones ilegales de inmigrantes fue tras la tragedia del 6 de febrero pasado, cuando al menos 15 inmigrantes perdieron la vida en su intento de alcanzar territorio español. El Ministro del Interior admitió públicamente que la Guardia Civil entregó de forma sumaria a 23 inmigrantes a las autoridades marroquíes.
“Esta practicas ilegales deben parar inmediatamente. Ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, sigue Beltrán.
El Ministro del Interior también ha anunciado su intención de modificar el acuerdo con Marruecos en materia de Inmigración para agilizar la devolución de personas inmigrantes. La organización recuerda que cualquier acuerdo de readmisión con Marruecos debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Todas las personas inmigrantes que acceden a territorio español tienen derecho a acceder a un proceso de devolución o expulsión que garantice su derecho a pedir asilo, a tener un abogado, un interprete o a impugnar su expulsión ante las autoridades judiciales.
