Estrasburgo ha ratificado el día de los Derechos Humanos el ansiado acuerdo de pesca entre la UE y el reino alauí, un acuerdo que faena a los pescadores, que no enriquece a nadie y que afianza el lazo político. Un anzuelo mordido por las partes que se caracteriza por callar a pescadores, llenar bolsillos poderosos y no repercute sobre la población.

El protocolo aprobado por 311 votos en el parlamento europeo tiene una vigencia de cuatro años, con una contrapartida financiera aproximada de 40 millones de euros por cada uno de los cuatro años de duración del acuerdo.

Pero el pacto denota su estrategia política ante el altísimo precio que pagan, y ante el poco beneficio que realmente repercute. Es más, si el dinero invertido al año para el acuerdo se repartiera entre la flota, cabrían a un sueldo de más de 4.000 euros mensuales para cada uno de los pescadores, cuyo sueldo raras veces supera el mínimo. Según el Ministerio de esta cantidad, 16 millones corresponden a derechos de acceso y 14 millones en concepto de apoyo sectorial y cooperación al sector pesquero marroquí, y 10 millones procedentes de los pagos por licencias de los diferentes operadores que, en el caso español, suponen un incremento aproximado del 12%.

Expertos creen que el dinero desembolsado de la UE en Marruecos tiene un carácter político y su intención viene a desarrollar mejor su industria pesquera que beneficia directamente al desarrollo de Marruecos y beneficia al vecino europeo como socio privilegiado a la hora de comprar productos. Algo legítimo siempre que se trate de la soberanía marroquí.

No ocurre lo mismo cuando el dueño del pescado se alimenta de la ayuda humanitaria mientras que los estados desarrollados saborean sus recurso , y es que el último de los acuerdos, inhabilitado por el Parlamento Europeo, permitía pescar en aguas del Sahara Occidental, el recién aprobado, la pesca puede realizarse en “aguas que se encuentren bajo la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos”, es decir incluye el Sahara, para ello la UE acordó que los beneficios debían repercutir sobre la población autóctona, divididos entre los campamentos de refugiados de Tinduf, controlados por el Frente Polisario, y la antigua colonia española, bajo domino marroquí.

Sin embargo, no ha habido una comprobación de que el pueblo Saharaui pueda obtener los recursos de esos beneficios, es más la premio Nobel de la Paz no ha preguntado a su población, en proceso de descolonización, de manera democrática.

Las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea son más que necesarias ya que los beneficios mutuos son legítimos y perceptibles. Pero obtener los recursos de una región en conflicto perjudica a la ética, y un ente supranacional que quiere dar ejemplo de respecto internacional no puede quebrantar el derecho a la autodeterminación y picar de un anzuelo político.

El acuerdo de pesca da trabajo a una flota que da de comer a sus hijos, pero que olvida a los niños abandonados en el desierto cuyo pescado nunca probaron, y que ahora es esquilmado. La necesidad de solventar el conflicto del Sahara en el que los saharauis puedan decidir su independencia o integración con Marruecos solo se consigue con buenos gestos, y la UE debe apoyar ese acuerdo, el del referéndum, antes de llevarse el pescado y permitir unas relaciones bilaterales donde reine la cordura entre Marruecos y la UE, y no un acuerdo manchando por la ilegalidad.