El 5 de agosto, el periodista y activista Sofiene Chourabi fue detenido junto con dos amigos por beber alcohol en una playa de Kebilia, en el noreste de Túnez, donde estaban acampando.

La víspera de su detención, Chourabi había convocado una protesta frente al Ministerio del Interior contra las, en su opinión, iniciativas del partido Ennahda, que encabeza el actual gobierno, encaminadas a imponer un número creciente de restricciones sobre las libertades públicas. El partido es conocido por su programa de conservadurismo religioso.

“Hay indicios crecientes en Túnez de que el nuevo gobierno está aumentando las restricciones de las libertades fundamentales”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Es más que probable que la detención de Sofiene Chourabi fuera desencadenada por su convocatoria de protesta, así como por su activismo en general contra el gobierno.”

Chourabi, que se hizo muy popular tras criticar las políticas del ex presidente Zine El Abidine Ben Ali antes de la rebelión en la que fue derrocado, declaró a Amnistía Internacional que hacia las 3 de la madrugada, 10 policías les despertaron a él, al periodista Mehdi Jlassi y a una amiga, y les esposaron mientras registraban sus tiendas.

Después los llevaron a una comisaría de policía de la que fueron puestos en libertad al día siguiente.

Sofiene Chourabi y Mehdi Jlassi han sido acusados de estar “embriagados en público” y de “dañar la moral pública”. Esperan que en septiembre se fije fecha para comparecer ante un tribunal.

Amnistía Internacional cree que se están utilizando las políticas del gobierno sobre moral pública para sofocar la libertad de expresión.

“Aunque la protección de la moral pública o el orden público a veces es una razón legítima para restringir la libertad de expresión, estas restricciones sólo podrían imponerse en el caso de que fueran absolutamente necesarias, y aun entonces deberían adoptarse las medidas menos restrictivas posibles”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.

Las detenciones se produjeron días después de que Ennahda presentara ante la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano encargado de redactar la nueva Constitución de Túnez, un proyecto de ley que penaliza las ofensas contra valores “sagrados” mediante palabras, imágenes o actos con penas de hasta dos años de prisión o el pago de una multa.