Andalucía
«No se suicidó». Ahmed es hermano de Mohamed Bouderbala, el argelino hallado muerto en la cárcel CIE de Archidona el pasado 29 de diciembre. Pide ver el cadáver de su hermano y una investigación. A la espera de que se haga pública la autopsia, el Ministerio del Interior
Andalucía
España cuenta con numerosos Centros de Internamientos de Extranjeros, conocidas como pequeñas cárceles pero que realmente son establecimiento público de carácter no penitenciario dependientes del ministerio de interior, dónde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional durante un máximo de 60 días.
En España hay actualmente nueve centros de internamientos para extranjeros, en Andalucía están los dos más grandes y donde cada año se llenan a causa de la llegada numerosas de pateras en el estrecho entre Europa y África. Sin embargo estos están situados en edificios antiguos, ruinosos, aislados y vetados para la prensa nacional e internacional.
Os contamos la realidad del centro de La Piñera en este reportaje de TeleSUR
Inmigración
Doce organizaciones entregan 10.520 firmas rechazando la detención de migrantes en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) como medida para el control migratorio.
Las organizaciones, donde destacan Amnistía Internacional o Andalucía Acoge, han considerado en un comunicado que los CIE son lugares susceptibles de violaciones de derechos humanos y han recordado a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, debe garantizar los derechos de las personas internadas.
Las entidades han entregado una carta al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, en la que muestran su preocupación por la detención indiscriminada de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería.
“Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad”, ha asegurado Cristina Manzanedo, portavoz de la organización Pueblos Unidos.
No existen cifras públicas anuales sobre los CIE, aunque las autoridades españolas aseguran que solo se está internando a personas con antecedentes penales. Sin embargo, tan solo un tercio de las personas visitadas en 2012 por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche tenían condenas penales. Asimismo, según datos oficiales solicitados por Defensor del Pueblo y por el Congreso, casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, lo que indica que en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente.
Las organizaciones resaltan que la detención y el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas. Además, aseguran que no debe internarse a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, menores, o progenitores con menores españoles a su cargo.
Tanto el retraso como el contenido del nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE, que el Ministerio de Interior prepara desde enero de 2012, también es motivo de preocupación de las organizaciones, que recuerdan que el documento debe revisar el modelo de funcionamiento de los CIE, garantizar los derechos de las personas internadas y prevenir y asegurar mecanismos frente a agresiones u otros tratos inhumanos o degradantes que se produzcan en el interior de los centros y durante la ejecución de las expulsiones.
Inmigración
Miles de inmigrantes han pasado por las celdas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) rompiendo su sueño de trabajar en Europa, y la función de esos recintos es cuestionada por colectivos que denuncian violaciones de derechos humanos y supuestos abusos como los que juzgan en Málaga.
En 2012, según un estudio del Defensor del Pueblo, en España fueron detenidas unas 60.000 personas por infracción de la ley de Extranjería, y de ellos más de 11.000 fueron internados en un CIE. El de Algeciras (Cádiz) fue el que más internos tuvo, con 3.262.
Los internos suelen pasar un máximo de 60 días en estas instalaciones y más del 52 por ciento de los extranjeros no fueron expulsados de España.
Pero tanto este informe como los colectivos en defensa de los derechos de los migrantes han asegurado que los CIE tienen carencias básicas tanto en infraestructuras como en los reglamentos, ya que en el caso del de Algeciras el edificio está prácticamente en ruina, motivo por el que se cerró el que funcionaba en Málaga.
«Salvo un par de CIE como pueden ser el de Murcia o Aluche, el resto son instalaciones reconvertidas que no se consideraban aptas para su uso», ha señalado a Efe Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
El Defensor del Pueblo ha considerado la necesidad de que se publique un reglamento específico que regule el régimen de internamiento de los ciudadanos extranjeros, ya que, según Arce, «los procedimientos como las visitas o los accesos a recursos sociales y de ocio están mejor en las prisiones que en los CIE».
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Andalucía
El alcalde, José Ignacio Landaluce, mantuvo una reunión de trabajo con Felipe del Pozo, subdirector general de de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior, en el marco de una cita que sirvió para que ambas administraciones muestren su voluntad de contar en Algeciras con un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que sustituya al actual, ubicado en la antigua prisión de La Piñera.
El actual centro cuenta con condiciones sanitarias muy lamentables y las asociaciones de inmigrantes denuncian desde hace años el mal estado tanto del edificio como de los funcionarios que controlan a los internos.
No obstante, con esta medida se pretende llegar a un nuevo centro que mejores las condiciones de los internos y rechaze las criticas de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
En el encuentro, donde no participaron los colectivos de inmigrantes, también estuvieron presentes el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, y el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, Pedro Ríos, además de técnicos municipales.
El primer edil expresó que ésta ha sido la primera toma de contacto entre ambas partes y que durante los próximos meses se celebrarán nuevas reuniones para avanzar en esta cuestión.
Andalucía
El 20 de junio será una fecha histórica para la ciudad de Málaga que desde el año 1990 alberga en la barriada de Capuchinos uno de los Centro de Internamiento de extranjeros más deteriorados del país.
Entre sus rejas, parece una autentica cárcel, se puede apreciar la inhospitalidad del edificio, y entre sus custodianos se percibe la chabacanería y poca formación.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha manifestado hoy en rueda de prensa que “el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga es una decisión responsable, ya que la infraestructura no permitía que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad”.
La resolución de cerrar el CIE, prevista para el día 20 de junio, según el subdelegado, la toma el Ejecutivo “a la vista de la situación de la infraestructura del propio Centro, de los informes que han remitido la Delegación del Gobierno; la propia Subdelegación, la Comisaría Provincial, las autoridades judiciales y fiscales; el defensor del pueblo y las propias asociaciones y ong’s que se han pronunciado sobre este asunto”. Para Hernández Mollar, “es una decisión que había que tomar y que el ministro del Interior ha tomado”.
El subdelegado ha señalado que el cierre también se produce en función de la filosofía del nuevo Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los centros de internamiento, que ahora van a pasar a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE), y cuyo anteproyecto ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su aprobación.
La filosofía de este nuevo anteproyecto presenta distintas novedades, como por ejemplo separar a los internos con antecedentes del resto de internos y contratar los servicios que se prestarán de asistencia sanitaria y social. Además, los funcionarios policiales separarán sus funciones policiales de las que son propias de los que son acogidos en los centros.
Desde, los colectivos de inmigrantes como Málaga Acoge quisieron felicitar a todas las organizaciones, entidades, colectivos sociales y personas que han luchado durante muchos años para lograr el cierre. “El cierre del CIE de Capuchinos acaba con 22 años de historias de sufrimiento innecesario de las miles de personas que han pasado por estas instalaciones desde su apertura en 1990. Baste decir que, según datos del Ministerio del Interior, entre 2004 y 2009 pasaron por allí más de 17.000 personas. A lo largo de estas más de dos décadas, las denuncias y quejas de un buen número de organizaciones, entre ellas Málaga Acoge, han sido una constante debido a la falta de respeto a los Derechos Humanos, los abusos, las malas condiciones del centro o la falta de transparencia en su gestión y funcionamiento. De hecho, apenas dispone de una Orden Ministerial que regula su funcionamiento y éste ha estado siempre a disposición de sus diferentes directores, que han decidido arbitrariamente aspectos como el régimen de visitas” cita el comunicado de la organización.
De momento no se sabe donde se instalará el nuevo CECE, en cuanto al futuro del centro, Hernández Mollar ha afirmado que aún no hay tomada ninguna decisión sobre si se trata de un cierre temporal o definitivo y que será necesario realizar un estudio, pero “no merece la pena remodelarlo”.
Andalucía
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se dirigió a la Comisión Europea para mostrarle su preocupación por la indigna situación a la que se enfrentan las personas recluidas injustamente en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España por las penosas condiciones de estos centros, su nula habitabilidad y la constante vulneración de sus derechos.
Meyer informó a la Comisión Europea de la reciente muerte en extrañas condiciones de Idrissa Diallo, joven de 21 años, en el CIE de Barcelona, muerte que se suma a la de otras tres personas en el mismo CIE y a la de otras personas en otros centros durante los últimos años.
«Es inaceptable que las autoridades españolas sigan mirando hacia otro lado cuando son numerosas las denuncias, tanto de internos como de organizaciones sociales, de las graves deficiencias en los servicios sanitarios de estos centros, las condiciones generales de la vida allí, y, sobre todo, cuando las muertes se repiten cada vez con más frecuencia», afirmó Meyer.
Meyer evidenció la necesidad de «un cambio radical en la actual política migratoria europea, implantada tanto por conservadores como por socialdemócratas, que trata a las personas extranjeras como mera mano de obra barata, desechando y maltratando aquellas que el mercado no necesita, sin tener en cuenta, ni siquiera mínimamente, los derechos más básicos de estas personas».
Asimismo denunció la opacidad de la gestión de este tipo de centros, carentes de reglamento que rija su funcionamiento, y la ausencia de control sobre el trato que reciben las personas recluidas que conlleva, según alertan varias organizaciones, que se repitan impunemente actos de maltrato y represión policial.
«En los CIE se priva de libertad a personas cuyo única falta es carecer de permiso de residencia, una falta administrativa equivalente en el marco legislativo español a una multa de tráfico, pero que esta injustificadamente tipificada con una reclusión obligada en estos centros de hasta 60 días. A todas luces es injusto e inaceptable», sentenció Meyer.
Por todo ello, el Responsable de Política Internacional de IU solicitó a la Comisión Europea que investigue la vulneración que se está llevando a cabo con estos centros de los derechos humanos y fundamentales y exigió información sobre centros similares en otros países miembros de la UE.