La historia vuelve a repetirse casi un año después de la aprobación por parte de la Dirección General de la Policía Nacional de la Circular número 2/2012, referente a la identificación de ciudadanos.

Otra vez, la defensora del pueblo español, Soledad Becerril, ha denunciado públicamente que continúan llegando quejas a su administración de redadas racistas en todo el territorio nacional. En concreto, la defensora ha informado que durante este año se han realizado más de trescientos controles de identificación determinados por perfiles étnicos y raciales, realizados en lugares públicos.

Y es que parece que las presiones a la Policía no sirven para que se cumplan las demandas de los ciudadanos que reclamaron el cese de estas prácticas consideradas como racistas por parte de las organizaciones internacionales, incluso fueron denunciadas por la defensora del pueblo ante la ONU.

Como consecuencia de aquellas movilizaciones, la Policía se comprometió a aplicar la circular 2/2012 en la que se insta a los agentes en el apartado segundo a realizar identificaciones de personas de manera proporcionada, respetuosa, cortés y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo.

Es decir, no realizar identificaciones solo en búsqueda del estado de los papeles de los individuos seleccionados de manera racial, y realizar dichas identificaciones si generar espectáculos que conllevan públicos que conllevan a una criminalización de los migrantes.

Para ello la defensora del pueblo ha instado en un nuevo documento a la policía que se apliquen estos criterios y se realice un “manual de procedimientos”. Además, Becerril ha pedido también que se incluyan otras técnicas como formaciones para los agentes en materia de diversidad cultural y capacitación sobre la forma de llevar a cabo controles de identidad con arreglo al principio de igualdad y la prohibición de discriminación.

Interior no se ha pronunciado aún al respecto, pero es más que conocido este tipo de prácticas en nuestro país. El problema es que de los casi cinco millones de ciudadanos extranjeros que residen en España solo una pequeña minoría está en situación irregular o ha llegado al país de manera ilegal.

La defensora del pueblo español ha denunciado las acciones ilegales de la policía en todo el territorio nacional

Pero el pasotismo de estas técnicas no solo se repite en España, sino que la Unión Europea también hace oídos sordos a estas técnicas.

Hace una semana hubo una redada brutal en el monte Gurugú en las proximidades de Melilla, territorio donde sobreviven la mayoría de los inmigrantes subsaharianos que pretenden saltar a la valla o coger una patera.

La actuación es la misma que se ha llevado a cabo en el monte próximo a Ceuta. Según la organización Caminando Fronteras, helicópteros militares apoyaron desde el aire para localizar a los inmigrantes que fueron detenidos y trasladados a la frontera con Argelia. En tierra, los bomberos apoyaron la operación apagando el fuego que dejaron tras su paso las autoridades, que quemaron las pertenencias de los inmigrantes.

La redada se produjo un día más tarde del salto a la ciudad autónoma de Melilla, donde unos 70 inmigrantes de origen subsahariano consiguieron entrar saltando la doble valla con Marruecos, la mayoría resultaron heridos.

Ante semejante hecho no ha habido reacciones por parte de los gobiernos europeos o español, principales receptores de estos inmigrantes en tránsito. Pero es que mientras los flujos continúan las técnicas combativas perjudican los derechos humanos de estos individuos.