Estrasburgo ratificó el 10 de diciembre de 2013, día de los Derechos Humanos, el ansiado acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y el reino alauí, un acuerdo que faena a los pescadores, que no enriquece a nadie y que afianza el lazo político. Ahora, 4 años después el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró no válido el acuerdo de pesca entre el bloque y Marruecos ya que su aplicación se extendería al Sahara Occidental, un territorio no autónomo en proceso de descolonización y donde su pueblo no goza de los recursos al estar exiliado en Argelia hace más de 40 años.

Los mayores afectados son los pescadores que pueden ver roto sus acuerdos, sobre todo los andaluces de Barbate que llegan hasta la zona de Kenitra (Marruecos), sin embargo las asociaciones de empresarios pesqueros declaran que lo primero es “su derecho atrabajar” y luego los derechos humanos, según Tomas Pacheco, Presidente de ABEMPE, “estas son decisiones no se deben tomar afectando a un acuerdo pesquero” y ha apostillado que “son problemas burocráticos que tendrán que defender en otro estadio y no implicando un acuerdo pesquero, los derechos humanos y todo lo que afecta al Sahara habrá organismos mejores que afectando al acuerdo pesquero”.

Estas palabras hieren a los saharaui, sobre todo sabiendo que los pescadores apenas superan un sueldo mínimo, y que vienen de uno de los pueblos más pobre de España. Les duele, porque los saharauis saben que el acuerdo no es pesquero sino político. “Marruecos no piensa en las familias de pescadores, piensa en que Europa reconozca su soberanía sobre el Sahara” comenta Quasadu Cori, activista de los derechos del Pueblo Saharaui.

El pacto pesquero denota su estrategia política ante el altísimo precio que pagan, y ante el poco beneficio que realmente repercute. Es más, si el dinero invertido al año para el acuerdo se repartiera entre la flota, cabrían a un sueldo de más de 4.000 euros mensuales para cada uno de los pescadores.

Expertos creen que el dinero desembolsado de la UE en Marruecos tiene un carácter político y su intención viene a desarrollar mejor su industria pesquera que beneficia directamente al desarrollo de Marruecos y beneficia al vecino europeo como socio privilegiado a la hora de comprar productos. Algo legítimo siempre que se trate de la soberanía marroquí, pero el reino defiende introducir los territorios ocupados del Sahara, algo que aceptan tanto los políticos conservadores en Europa como los empresarios pesqueros en puertos como los de Barbate.

De momento todo sigue su curso hasta que el Tribunal Europeo declare la nulidad del acuerdo como ya ocurriera con el agrícola. Lo que sorprende es que los empresarios pesqueros como ABEMPE no defiendan una alternativa a un acuerdo en el que se incluyan tan solo las aguas de Marruecos y no expolio los recursos de un pueblo que está exiliado desde hace décadas en las cloacas de la hamada argelina, y que va a seguir defendiendo sus pescados mientras sus hijos tan solo pueda comer la poca harina que llega de la ayuda humanitaria.