EN Ceuta y Melilla la situación ha llegado a tales límites que los propios guardias civiles tienen que plantear hasta qué punto son legales las expulsiones en caliente de inmigrantes subsaharianos al carecer de un protocolo de actuación.

Ante las dudas sobre la legalidad de las devoluciones de inmigrantes ilegales, que se repiten continuamente en Melilla, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de la ciudad autónoma ha solicitado ante la Fiscalía General que informe sobre si los agentes pueden incurrir en alguna ilegalidad.

Y es que los agentes de la Guardia Civil son los principales expositores ante el freno de los saltos a las alambradas fronterizas, cumpliendo órdenes directas de las delegaciones del Gobierno. Es decir, cumplen decisiones de superiores que son los que recomiendan que los agentes expulsen por las puertas de la valla a los inmigrantes subsaharianos.

Los agentes «se encuentran indefensos jurídicamente al desconocer si en algún momento pueden estar vulnerando los derechos de los inmigrantes» cita un comunicado de AUGC, quien de alguna manera se desvincula de estas acciones que han denunciado ante el parlamento grupos como IU, UPyD y Equo.

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