La aprobación de la nueva Constitución de Túnez debe poner en marcha la revisión de una amplia gama de leyes e instituciones públicas, han dicho las organizaciones pro derechos humanos Al Bawsala, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La aplicación de la Constitución, que garantiza muchos derechos y libertades fundamentales, debe proporcionar el mayor grado de protección para los derechos humanos de los tunecinos.

El 26 de enero de 2014, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución por una amplia mayoría, tras debatirla y votarla artículo por artículo a lo largo del mes. El texto supone una importante mejora sobre la primera redacción, de julio de 2012, e incorpora varias recomendaciones para reforzar la protección de los derechos humanos que las organizaciones que suscriben esta declaración y otras formularon en los dos últimos años.

«La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez ha aprobado una Constitución que favorece los derechos humanos con una audaz redacción”, ha dicho Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Ahora corresponde a los tribunales, los legisladores, los fiscales y otras autoridades asegurarse de que sus políticas, procedimientos y leyes se ajustan a los derechos consagrados en la Constitución”.

La Constitución defiende muchos derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales clave, como el derecho a la ciudadanía, a fundar partidos políticos, a la integridad física y a la libertad de circulación, opinión, expresión, reunión y asociación. Incluye el derecho a no sufrir detención arbitraria y a un juicio justo. Además, el texto constitucional prohíbe la tortura y cualquier prescripción del procesamiento de casos de tortura. También garantiza el derecho al asilo político.

La Constitución refuerza la protección de los derechos de las mujeres. Así, su artículo 45 dispone que “el Estado se compromete a proteger los derechos establecidos de las mujeres y trabajará para fortalecer y desarrollar esos derechos”, y garantiza “la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a todos los niveles de responsabilidad y en todos los ámbitos”. Esto convierte a Túnez en uno de los pocos países de la región con obligación constitucional de trabajar en pro de la paridad de género en las asambleas elegidas democráticamente.

El texto constitucional protege también el derecho a la salud, la educación y el trabajo. Las autoridades de Túnez deben aprobar medidas concretas para alcanzar progresivamente la realización plena de estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles del país, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Túnez.