El día 10 de septiembre la delegación española ofreció su informe anual sobre la situación de los derechos humanos ante el Alto Comisionado para los derechos humanos.
La delegación española, encabezada por la diplomática Ana Menéndez, ha mostrado su interés por los movimientos sociales y giros democráticos tras la Primavera Árabe, en concreto las funciones de apoyo para el desarrollo de los derechos humanos por parte de la oficina instalada en Túnez, que coordina el malagueño Bernardino León Gross.
Gonzalo de Benito en la sede de Naciones Unidas. / Moncloa
El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ha viajado a Rabat, a fin de preparar, principalmente, la agenda de la X Reunión de Alto Nivel(RAN) Marruecos-España, que tendrá lugar en Rabat el próximo 3 de octubre, manteniendo sendos encuentros con el Ministro Delegado, Youssef Amrani, y con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Saad Eddine Othmani.
Durante la reunión, ambos han resaltado las excelentes relaciones bilaterales y la estrecha colaboración en las diferentes instancias regionales e internacionales, así como el intercambio de visitas de alto nivel entre los dos países.
Ha formado parte asimismo del orden del día la próxima Reunión de Alto Nivel entre Marruecos y España, que tendrá lugar el 3 de octubre en Rabat y que contribuirá a la consolidación de la Asociación Estratégica entre ambos países y que se celebrará, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en todos los ámbitos y, en particular, en el plano económico, cultural y educativo, incluyendo la cooperación con la Unión Europea, así como la coordinación de las posiciones de ambos países en el seno de la ONU y ante otras instancias internacionales.
En los encuentros se han abordado también diferentes temas de interés de ámbito regional, incluyendo el papel de la Unión por el Mediterráneo, la celebración de la próxima Cumbre 5 + 5, que está previsto se celebre en Malta los próximos días 5 y 6 de octubre, así como la iniciativa conjunta de promoción de la Mediación en el Mediterráneo que España y Marruecos propusieron en la sede de Naciones Unidas el pasado mayo y que tiene por objetivo apoyar los esfuerzos de mediación en este espacio estratégico.
Dos niñas refugiadas por el conflicto en el norte de Malí en un campo de Burkina Faso. / ACNUR-H.Caux
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, ha instado a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos para lograr la solución política de la crisis en Malí, advirtiendo que la región completa podría verse afectada si no se aplican medidas más firmes.
“Hoy Mali importa más que nunca”, enfatizó Guterres en un editorial publicado por el New York Times el martes. Observó, además, que la atribulada nación africana ya no era un lugar mítico aislado, susceptible a ser ignorado y escribió que “la crisis política y la fragmentación estatal en Malí representan una amenaza significativa para la estabilidad política de la región”.
Las múltiples crisis que se desarrollaron paulatinamente dentro y fuera de Malí, escribió, fueron “conformadas por la convergencia de tendencias que resuenan más allá de la región”. Éstas incluyeron la inseguridad alimentaria y la desertificación, estrechamente relacionadas con el cambio climático, y el incompleto proceso de democratización marcado por la exclusión social y el crecimiento de una población de gente joven con acotadas oportunidades de trabajo.
Guterres advirtió que la crisis en Malí, si continúa desatendida, podría “crear un arco de instabilidad extendiéndose hacia el oeste por Mauritania y al este por Níger, Chad y Sudán hasta el Cuerno de África y el Golfo de Adén”. Pidiendo por una pronta resolución, instó por un mayor apoyo internacional para aquellos actores, nacionales y regionales, que están trabajando para asegurar un acuerdo político y ocupándose de las complejas cuestiones de seguridad. Asimismo, recomendó que la respuesta a la crisis humanitaria sea expandida y no se permita omitirla de la agenda internacional mientras la atención está puesta sobre los eventos en Siria.
Mali se sumergió en la confusión a principios de este año, cuando estallaron enfrentamientos entre un movimiento rebelde Tuareg y las fuerzas gubernamentales. El gobierno en Bamako fue derrocado por un golpe de estado en abril, mientras la región del norte se encuentra actualmente bajo el control de grupos islamitas. Más de 450.000 personas han abandonado sus hogares en Malí desde entonces, con más de 265.000 de ellos que han buscado protección en los países vecinos, como Burkina Faso, Mauritania y Níger.
Todo esto sucede en simultáneo con un período de drástica escasez de agua y alimentos en la región del Sahel. El ACNUR está trabajando para ayudar a los desplazados en toda la región y para alivianar la carga en las comunidades de acogida.
Médicos atienden a migrantes subsaharianos en Nador. / MSFLa organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) expresó su preocupación por la creciente violencia contra migrantes subsaharianos indocumentados en la región Oriental de Marruecos, en particular, en la ciudad fronteriza de Nador, según MSF desde finales de abril, sus equipos han atendido a un número cada vez mayor de víctimas de la violencia en la región.
“En las clínicas móviles de MSF en Nador, el porcentaje de pacientes atendidos por heridas relacionadas con la violencia se ha doblado: de un 15% a un 34% entre abril y julio”, explica David Cantero, coordinador general de MSF en Marruecos. “Muchas de estas personas han resultado heridas al intentar evitar ser arrestadas o cuando trataban de saltar las vallas fronterizas. Sin embargo, en los últimos meses un mayor número de pacientes nos han dicho que sus heridas eran a resultas de ser golpeados por las fuerzas de seguridad cuando intentaban cruzar hacia España”.
El equipo móvil de MSF acompañó en julio a 20 migrantes heridos al hospital Al Hassani en Nador, donde fueron atendidos por los servicios de salud marroquíes. Nueve de ellos tuvieron que ser hospitalizados por causas diversas, entre ellas, traumatismos craneales y fracturas de mandíbula y de miembros superiores e inferiores. Tres de ellos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.
En Oujda, a 134 kilómetros al sur de Nador, el número de víctimas de la violencia atendidas por los equipos de MSF, directamente o por referencia a los servicios de salud marroquíes, paso de unos 40 pacientes en situación normal a 130 en el mes de julio.
“El hecho de que en julio hayamos sido testigos de un aumento de víctimas de la violencia en Oujda significa que probablemente muchos migrantes fueron deportados a la frontera argelina ya enfermos o heridos, y que están regresando a Marruecos”, explica Cantero. “También es un indicador de la falta de asistencia adecuada a esta población en Nador y de la necesidad urgente de que un mayor número de ONG y organizaciones internacionales se implique en la zona”.
MSF está dispuesta a aumentar sus actividades médicas móviles y a dar apoyo a los servicios de salud de Nador para garantizar que los migrantes pueden acceder a la asistencia médica que necesiten.
Isla de Tierra, perteneciente al archipiélago de Alhucemas. / WP
Amnistía Internacional ha enviado una carta al ministro del Interior en la que le pide que aclare lo sucedido en la operación de expulsión de inmigrantes llevada a cabo en el islote español de Tierra, que responda por la no aplicación de la ley y de los tratados internacionales y que desista de operaciones similares en el futuro. Y lo más importante, le pide que no se creen “limbos jurídicos” que permitan expulsiones colectivas o sumarias desde España.
“Ninguna parte del territorio nacional puede quedar al margen de la aplicación de la ley”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
La organización de derechos humanos plantea en esa carta casi 20 preguntas a Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de asegurar la transparencia en la investigación de la expulsión de un grupo de unas 70 personas desde el islote hacia Marruecos en la madrugada del pasado 4 de septiembre.
La información disponible hasta el momento evidencia que esta expulsión se hizo vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos, que prohíben taxativamente las expulsiones colectivas y que obligan a los Estados a garantizar que las personas tienen la oportunidad de contar con un procedimiento individual en el que puedan oponerse o impugnar su expulsión.
La operación también viola la Ley de Extranjería española, al privar a las personas migrantes del debido proceso y garantías, incluyendo el derecho a la asistencia letrada y de intérprete.
“¿Qué mensaje transmite a los ciudadanos un gobierno que vulnera sus propias leyes?”, se pregunta Esteban Beltrán. ”El gobierno no puede llevar a cabo expulsiones colectivas prohibidas ni evadir sus obligaciones en materia de asilo como lo ha hecho en este caso”, añade.
Las personas expulsadas no han tenido acceso a los procedimientos individualizados de asilo, que permitan identificar si necesitan protección internacional, y su expulsión podría vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro.
Amnistía Internacional considera que España es responsable de lo que les suceda a las personas expulsadas. Los antecedentes del trato recibido en Marruecos por otros migrantes en el pasado llevan a AI a mostrar su preocupación por la vulneración de los derechos humanos que pudieran sufrir las personas enviadas ayer a este país.
La organización se ha dirigido también al ministro de Asuntos Exteriores pidiéndole que recabe información del gobierno de Marruecos y dé cuenta de la situación actual de las personas expulsadas.
Documentos clasificados de la investigación de Human Rights Watch. / HRW
Durante la presidencia de Bush, el Gobierno de Estados Unidos torturó a opositores de Muamar Gadafi y luego los trasladó a Libia sabiendo que allí sufrirían maltratos, según señalan ex detenidos y documentos de la CIA y el Servicio Secreto del Reino Unido que fueron revelados recientemente, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Un ex detenido manifestó haber sido sometido a simulacros de ahogamiento, y otro describió torturas similares con agua, lo cual contradice la afirmación de funcionarios del gobierno de Bush de que solamente tres hombres que estuvieron detenidos bajo custodia estadounidense habían sido sometidos a estas prácticas.
“No solo Estados Unidos entregó sin reparos a los enemigos de Gadafi, sino que supuestamente la CIA primero habría torturado a varias de estas personas”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch y autora del informe. “La magnitud de los abusos cometidos por el gobierno de Bush parece ser mucho mayor de lo admitido en un principio, y pone de manifiesto la importancia de iniciar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido”.
El informe también se basó en documentos –algunos de los cuales se han dando a conocer recientemente – que Human Rights Watch encontró abandonados en la oficina del ex jefe de inteligencia de Libia Musa Kusa el 3 de septiembre de 2011, tras la toma de Trípoli por las fuerzas rebeldes.
Las entrevistas y los documentos indican que, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, el gobierno de este país, con ayuda del Reino Unido (RU) y varios países de Medio Oriente, África y Asia, arrestó y encarceló a miembros del GICL que vivían fuera de Libia sin acusarlos de ningún delito concreto, para luego entregarlos extrajudicialmente al gobierno libio.
El informe también se refiere a los graves abusos que habrían sufrido cinco ex miembros del GICL en dos centros de detención que Estados Unidos mantenía en Afganistán, muy posiblemente administrados por la CIA. Estos relatos incluyen nuevas denuncias sobre prácticas de simulacros de ahogamiento y otras torturas con agua. Los detalles de estas historias coinciden con otros testimonios directos obtenidos de personas que estuvieron en esos mismos establecimientos administrados por las autoridades estadounidenses.
Estos ex detenidos relataron haber sido encadenados desnudos contra la pared –a veces con pañales– en celdas totalmente oscuras y sin ventanas durante semanas o meses; obligados a mantener posiciones forzadas durante períodos prolongados con el propósito de causar dolor físico y estrés; encerrados en espacios minúsculos; golpeados y arrojados con violencia contra las paredes; impedidos de salir al aire libre durante casi cinco meses sin que se les permitiera asearse; y privados del sueño mediante la exposición constante a música occidental a un volumen ensordecedor.
“Durante tres meses, primero fui interrogado continuamente y luego todos los días me aplicaban un tipo de tortura distinto. A veces usaban agua, otras no… A veces me desnudaban y otras me dejaban vestido”, contó Khalid al-Sharif, quien afirmó haber permanecido detenido durante dos años en dos centros de detención estadounidenses distintos en Afganistán que presuntamente estaban bajo la administración de la CIA. Al-Sharif es ahora jefe de la Guardia Nacional de Libia. Una de sus responsabilidades es brindar seguridad a establecimientos donde se encuentran recluidos algunos de los presos más importantes para Libia.
La delegación del la Fundación Kennedy y de Sudáfrica junto al secretario general del Polisario en su casa de la wilaya de Bojador. / P.Ororpesa
El Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK Center) que ha desarrollado una visita institucional al Sahara Occidental, Marruecos y Argelia asegura que han sido sometidos a una campaña de desinformación amplia dirigida a socavar la credibilidad de la delegación.
El semanario Jeune Afrique subrayó la alineación notoria de la presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos (RFK), la estadounidense Kerry Kennedy, con las tesis del «Polisario» que la llevó a ignorar a «los disidentes» en los campos de Tinduf donde se contentó con reunirse únicamente con los oficiales.
Además, medio marroquíes como el periódico Al-Ittihad Al-Ichtiraki aseguraron que Las manifestaciones en los campamentos de Tinduf fueron prohibidas durante la visita de la delegación de la Fundación Robert Kennedy, según un documento confidencial.
Según fuentes citadas por este medio el documento indica que el secretario general del Frente Polisario “dio sus órdenes para tomar todas las medidas y precauciones necesarias con el fin de evitar todo tipo de manifestaciones y de sentadas en los campamentos, en particular frente a la sede de la secretaría general del polisario, pidiendo la imposición del toque de queda y la restricción de la libertad de la circulación durante la visita de esta misión estadounidense de derechos humanos”, subrayó el periódico.
La denuncia por parte de la organización defensora de los derechos humanos se hace pública tras la declaración final de la delegación donde aseguran que en la antigua colonia española existen violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, la libertad de expresión, reunión y asociación.
Kerry Kennedy se reunió con activistas de derechos humanos en El Aaiún, con representantes del Polisario y con el primer vicepresidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos (Senado), Mohamed Faouzi Ben Allal.
