Manar pisa tierra en Europa tras huir del conflicto…

Foto difundida a los medios de comunicación de la refugiada antes de salir de Melilla. / F.B
Foto difundida a los medios de comunicación de la refugiada antes de salir de Melilla. / F.B

Manar Almustafa ha recorrido todo el norte de África tras huir de su casa cuando fue bombardeada por el régimen sirio, y hoy ha pisado tierra europea donde pretende recuperarse junto a su padre de las quemaduras sufridas en la guerra y las heridas psicológicas tras perder a una hija.

Manar huyó de la guerra por diferentes países, como Líbano, Egipto o Argelia y, al llegar a Melilla, se topó con la burocracia que le impidió viajar a la península para poder ser atendida de sus graves heridas.

Como otros exiliados del conflicto que vive Siria -hay más de dos millones en los países limítrofes-, ella decidió emprender un viaje que le llevase a Europa si tener que tomar un barco como los que arriban a las costas italianas.

Manar y parte de su familia invirtió su dinero en comprar varios pasaportes marroquíes que le permitieron el acceso a la ciudad autónoma de Melilla, donde ha vivido desde hace dos meses en un piso de alquiler tras escapar de su país con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

Uno de sus hermanos, Mohamed Almustafa, ha señalado a los periodistas en el puerto de Málaga que se encuentran satisfechos y que lo primero que van hacer al llegar a Barcelona, donde vive su padre, es ir al médico especialista.

Almustafa ha agradecido la labor del Gobierno de España, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), así como a las personas que le han ayudado en la ciudad autónoma.

«El viaje -ocho horas en barco- lo ha pasado bien, pero el problema son los dolores» ha destacado el hermano de la inmigrante siria quién ha manifestado que ha tenido que tomar pastillas contra el sufrimiento.

El padre de Manar no ha viajado hasta Málaga para recoger a los trece familiares que han llegado desde Melilla, y que se desplazaran hasta Barcelona por diversos medios para encontrarse con él en la ciudad condal.

El hermano de Manar ha lamentado la situación de su país, donde «todo el mundo tiene problemas con la guerra y la gente buscan países tranquilos».

La mujer del hermano de Manar también estaba en el bombardeo, y según Mohamed también va a ser atendida en Barcelona de las secuelas de la guerra.

El caso de Manar ha vuelto a sacar a la palestra las dificultades de los solicitantes de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se manifestaron en octubre pidiendo su traslado a la península denunciando su mala situación en los centros de inmigrantes donde suelen residir.

Puedes continuar leyendo mi reportaje para la Agencia EFE en el diario La Vanguardia

Olivareros del Sahel

El jornalero Issa Keita en una posa para una foto del reportaje difundido por la Agencia EFE
El jornalero Issa Keita en una posa para una foto del reportaje difundido por la Agencia EFE

Andalucía vuelve a afrontar la campaña de la recolección de la aceituna con una nueva bajada de la contratación de trabajadores extranjeros a favor de la ocupación de jornaleros locales que, tras la caída de la construcción, vuelven al campo para ganarse la vida.

Todavía algunos inmigrantes del Sahel, región del África subsahariana, siguen trabajando en la zona oriental como es en Jaén, pero su presencia es poco frecuente en zonas como la occidental de Andalucía, comunidad que representa el 60 por ciento de la superficie del olivar de toda España.

Es el caso de Issa Keita, un hombre de 49 años procedente de Bamako (Malí), de los pocos subsaharianos que sigue trabajando en la aceituna, y lo hace en la localidad malagueña de Mollina, donde cada vez son menos los trabajadores extranjeros.

Entre los olivos se ven pequeñas cuadrillas recolectando la aceituna. La mayoría de los trabajadores son vecinos del pueblo aunque algunos de ellos son todavía empleados de origen magrebí o subsaharianos.

Keita, en su tercera campaña en la zona, trabaja para una finca privada donde recoge sus olivos con la ayuda de un paraguas, que es una máquina agraria que se engancha al tronco del olivo y lo hace vibrar descargando su fruto en él.

Este inmigrante maliense llegó hace nueve años en un viaje en cayuco a las Islas Canarias tras atravesar el desierto del Sahara por Mauritania. En su país, donde trabajaba de comerciante, dejó a sus tres hijos y a su esposa.

Confiesa que el empleo es duro pero que le gusta trabajar en el campo, ya que según él «se gana bien», y todos los días se desplaza desde su casa de Antequera (Málaga) al olivar donde trabaja.

Se siente afortunado de estar en el campo porque, según ha declarado a Efe, «si hay trabajo no hay problema», y ha añadido que su familia está contenta si trabaja, pues el problema de los inmigrantes es que tienen que enviar dinero: «si no trabajo -afirma Keita- no envío dinero a Bamako».

En Andalucía hay 200.000 olivicultores, y Keita trabaja con uno de ellos, José Manuel Aguilar, que a la vez es el presidente de la cooperativa Virgen de la Oliva de Mollina (Málaga). Él se encarga de manejar las máquinas mientras Issa varea los olivos.

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Rescatados diez niños usados como pasaportes humanos para entrar…

Imagen de un mujer subiendo a la embarcación de la Guardia Civil en Melilla. / G.C
Imagen de un mujer subiendo a la embarcación de la Guardia Civil en Melilla. / G.C

La Guardia Civil, en el marco de la operación “HERODOTO”, ha rescatado a 10 menores de edad que eran utilizados por las mafias de trata de seres humanos para facilitar el acceso de inmigrantes ilegales a la ciudad de Melilla. Han sido imputadas doce personas que manifestaban ser sus padres biológicos con el fin de garantizarse un procedimiento preferencial para acceder a Europa o evitar un procedimiento de expulsión. Las mafias suelen lucrarse utilizando tanto a estos niños como a las personas que intentan acceder a nuestro país a cambio de dinero.

Las investigaciones comenzaron el pasado año, cuando la Guardia Civil detectó un nuevo procedimiento utilizado por las mafias internacionales que tratan con seres humanos, que consistía en embarcar en pateras a mujeres con menores de edad, previo pago de entre 1.500 a 2.000 euros por persona para acceder a la ciudad de Melilla.

Tras las primeras investigaciones los agentes pudieron determinar que esos menores podrían no ser verdaderamente los hijos biológicos de quienes decían ser sus madres o conformaban una unidad familiar. Esta cuestión era difícil de acreditar, ya que afectaban a diversos ámbitos de derecho internacional, tanto público como privado y tenían que ser varias las Administraciones que actuasen coordinadas.

Por ello, se puso en marcha un protocolo de actuación en el que han colaborado INTERPOL, la Fiscalía de Menores, autoridades judiciales, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla y la Universidad de Granada para realizar las pruebas de ADN.

En el marco de este protocolo se realizó la prueba de ADN a 12 personas de procedencias subsahariana y argelina, con las que se ha puesto de manifiesto que en 10 casos no había vinculación biológica con los supuestos progenitores.

Los menores eran captados y comprados en terceros países por las organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos y posteriormente entregados a inmigrantes adultos, también captados por estas redes para ser explotados en Europa. De esta forma la organización se aseguraba que los menores actuaban de “seguro o salvoconducto”, en su objetivo de acceder por vía marítima a Melilla.

Las mafias embarcaban a los adultos junto a los menores en pateras, en donde el adulto solía abusar de su superioridad y de la vulnerabilidad del menor (normalmente niños menores de 10 años) poniendo en riesgo sus vidas, salud e integridad física. Ya en una ocasión se recuperó el cuerpo de un menor fallecido por ahogamiento en el mar, cuyo cadáver no fue reclamado por ninguno de los inmigrantes que iban en la patera.

En otras ocasiones, cuando los inmigrantes eran interceptados por alguna patrullera de la Guardia Civil, amenazaban con lanzar al menor al agua, o incluso prender fuego a la embarcación en la que viajaban.

También se ha dado el caso de un menor que estuvo registrado en el CETI en dos ocasiones, con sus supuestas madres biológicas, una de las cuales llegó a dejarlo abandonado en el centro.

En otro caso se ha detectado a varias inmigrantes del CETI que decían ser madres biológicas de un mismo menor, con el fin de ser registradas como una unidad familiar. En realidad se comprobó que este menor había sido vendido por 20.000 dinares por su verdadera madre biológica, que también se encontraba acogida en el mismo centro.

Asimismo, se han dado casos de unidades familiares registradas en dicho centro que al saber que estaban siendo investigadas por los agentes han abandonado el lugar con el menor.

Los menores rescatados están bajo la tutela de los servicios sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Además, tras la realización de estas investigaciones y comprobaciones por parte de las distintas autoridades que han participado, se ha conseguido que las mafias dejen de usar a los menores en este tipo de prácticas.

Entregan a Interior 10.520 firmas para frenar el internamiento…

Grupo de subsaharianos a su llegada a la costa andaluza. / Guardia Civil
Grupo de subsaharianos a su llegada a la costa andaluza. / Guardia Civil

Doce organizaciones entregan 10.520 firmas rechazando la detención de migrantes en Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) como medida para el control migratorio.

Las organizaciones, donde destacan Amnistía Internacional o Andalucía Acoge, han considerado en un comunicado que los CIE son lugares susceptibles de violaciones de derechos humanos y han recordado a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, debe garantizar los derechos de las personas internadas.

Las entidades han entregado una carta al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, en la que muestran su preocupación por la detención indiscriminada de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería.

“Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad”, ha asegurado Cristina Manzanedo, portavoz de la organización Pueblos Unidos.

No existen cifras públicas anuales sobre los CIE, aunque las autoridades españolas aseguran que solo se está internando a personas con antecedentes penales. Sin embargo, tan solo un tercio de las personas visitadas en 2012 por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche tenían condenas penales. Asimismo, según datos oficiales solicitados por Defensor del Pueblo y por el Congreso, casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, lo que indica que en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente.

Las organizaciones resaltan que la detención y el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas. Además, aseguran que no debe internarse a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, menores, o progenitores con menores españoles a su cargo.

Tanto el retraso como el contenido del nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE, que el Ministerio de Interior prepara desde enero de 2012, también es motivo de preocupación de las organizaciones, que recuerdan que el documento debe revisar el modelo de funcionamiento de los CIE, garantizar los derechos de las personas internadas y prevenir y asegurar mecanismos frente a agresiones u otros tratos inhumanos o degradantes que se produzcan en el interior de los centros y durante la ejecución de las expulsiones.

Fábrica de concertina dice que su fin «no es…

Máquina fabricando la concertina destinada a la frontera entre España y Marruecos en Melilla. / S.R
Máquina fabricando la concertina destinada a la frontera entre España y Marruecos en Melilla. / S.R

La finalidad de las concertinas ha vuelto a la palestra tras su reinstalación en la frontera de Melilla. Su fabricante, la empresa malagueña European Security Fencing (ESF), dice que su fin «no es cortar» pese a las críticas de las ONG en defensa de los derechos de los inmigrantes.

El único fabricante de concertina de Europa, y la encargada de instalarla en Melilla, produce cada día en Cártama (Málaga) unos 10 kilómetros de este alambre que se reparten para todo el mundo.

Según Antonio Mora, gerente de ESF y del grupo empresarial Mora Salazar, las concertinas que se están instalando en la parte superior de Melilla tienen un «efecto psicológico y visual de que hay unos filamentos que si accedes te puedes hacer daño».

Mora ha manifestado a Efe que «si llegan las avalanchas donde se suben a la vez 300 personas en la valla, unas encima de otras» la concertina termina haciendo «algún rasguño o corte», ya que, según ha explicado, esto ocurre por «la presión que ejercen las personas sobre la chapa metálica».

«La finalidad no es ni cortar ni pinchar a nadie» ha destacado Antonio Mora, quien ha apostillado que «no es un elemento para hacer daño a las personas sino para disuadir».

ESF instala alambradas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde 1989 y, según el fabricante, el efecto concertina «consiste en que el inmigrante que quiere saltar la valla vea que hay unos filamentos y evitar el salto».

Mora ha insistido en que es una estrategia de seguridad pasiva y que los cortes fuertes solo se producen por «aplastamiento», y ha añadido que en la fábrica «jamás» han llevado a ningún trabajador «a que le hagan un punto de sutura por el empaquetamiento o fabricación del producto».

El fabricante ha aseverado que tienen once modelos diferentes de concertina y que la instalada en Melilla es «una de las menos agresivas», y ha dicho que de sus productos el instalado en la ciudad autónoma «es uno de los elementos menos punzantes».

Hace más de un siglo que recintos, fronteras y ejércitos usan las concertinas para proteger y evitar acceder a sus áreas restringidas, y en Europa el único fabricante es esta empresa malagueña cuyos principales clientes están en los cinco continentes y venden a centrales nucleares, centros penitenciarios o pirotecnia.

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Concertina made in Málaga

Parte de las concertinas que no fueron retiradas por España en Melilla. / José Palazón
Parte de las concertinas que no fueron retiradas por España en Melilla. / José Palazón

Hace unos días el Ministerio del Interior de España ha iniciado las tareas de recolocación de las concertinas de acero en el perímetro fronterizo entre Melilla y Marruecos.

Tras las denuncias de distintas personas y colectivos, y tras demostrarse que causaban importantes lesiones, el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se comprometió a quitarlas en 2006, fueron retiradas en 2007 y sustituidas por una sirga tridimensional.

Las concertinas o cuchillas fueron prohibidas tras los saltos que sufrió la alambrada y que causó numerosas víctimas a causa de sus afiladas puntas, pero ahora hemos descubierto que el fabricante de estas son la empresa malagueña European Security Fencing.

La compañía perteneciente a al Grupo Mora Salazar, y que visitó hace uno años el expresidente de la Junta de Andalucía, Pepe Griñán, es el único fabricante europeo de concertina y tiene clientes en los cincos continentes.

La empresa es especialista en la fabricación de cuchillas que se usan en puesto fronterizos de todo el mundo, y aunque no se ha precisado el gasto del ministerio en este elemento denunciado por las organizaciones internacionales, si han confirmado que se está usando el número 22.

Este tipo de concertina está compuesto de acero y con un grosor de 0,5mm, una longitud de cuchilla de 22mm y una separación de entre cuchillas de 34mm, está considerada como una concertina estándar de “gran efectividad y resistencia”.

La empresa vende a través de su web este tipo de concertina por 51,92 euros el rollo de 10-12 metros, por lo que si la valla tiene una superficie de unos 12 metrosel gasto sin instalación de la concertina superaría los 50.000 euros.

Ahora tras su instalación varios anónimos han pedido a través de la plataforma Change.org que el ministerio las vuelva a retirar ya que considera que usar estas cuchillas es “una salvajada, propia de seres sin escrúpulos, sin empatía y sin ninguna clase de amor hacia el prójimo”.

En pocas semanas los activistas han conseguido recopilar más de 20.000 firmas en internet.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, el freno del…

Migrantes subsaharianos refugiados en la casa de un melillense. / José Palazón
Migrantes subsaharianos refugiados en la casa de un melillense. / José Palazón

Miles de inmigrantes han pasado por las celdas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) rompiendo su sueño de trabajar en Europa, y la función de esos recintos es cuestionada por colectivos que denuncian violaciones de derechos humanos y supuestos abusos como los que juzgan en Málaga.

En 2012, según un estudio del Defensor del Pueblo, en España fueron detenidas unas 60.000 personas por infracción de la ley de Extranjería, y de ellos más de 11.000 fueron internados en un CIE. El de Algeciras (Cádiz) fue el que más internos tuvo, con 3.262.

Los internos suelen pasar un máximo de 60 días en estas instalaciones y más del 52 por ciento de los extranjeros no fueron expulsados de España.

Pero tanto este informe como los colectivos en defensa de los derechos de los migrantes han asegurado que los CIE tienen carencias básicas tanto en infraestructuras como en los reglamentos, ya que en el caso del de Algeciras el edificio está prácticamente en ruina, motivo por el que se cerró el que funcionaba en Málaga.

«Salvo un par de CIE como pueden ser el de Murcia o Aluche, el resto son instalaciones reconvertidas que no se consideraban aptas para su uso», ha señalado a Efe Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

El Defensor del Pueblo ha considerado la necesidad de que se publique un reglamento específico que regule el régimen de internamiento de los ciudadanos extranjeros, ya que, según Arce, «los procedimientos como las visitas o los accesos a recursos sociales y de ocio están mejor en las prisiones que en los CIE».

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