Miles de inmigrantes han pasado por las celdas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) rompiendo su sueño de trabajar en Europa, y la función de esos recintos es cuestionada por colectivos que denuncian violaciones de derechos humanos y supuestos abusos como los que juzgan en Málaga.

En 2012, según un estudio del Defensor del Pueblo, en España fueron detenidas unas 60.000 personas por infracción de la ley de Extranjería, y de ellos más de 11.000 fueron internados en un CIE. El de Algeciras (Cádiz) fue el que más internos tuvo, con 3.262.

Los internos suelen pasar un máximo de 60 días en estas instalaciones y más del 52 por ciento de los extranjeros no fueron expulsados de España.

Pero tanto este informe como los colectivos en defensa de los derechos de los migrantes han asegurado que los CIE tienen carencias básicas tanto en infraestructuras como en los reglamentos, ya que en el caso del de Algeciras el edificio está prácticamente en ruina, motivo por el que se cerró el que funcionaba en Málaga.

«Salvo un par de CIE como pueden ser el de Murcia o Aluche, el resto son instalaciones reconvertidas que no se consideraban aptas para su uso», ha señalado a Efe Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

El Defensor del Pueblo ha considerado la necesidad de que se publique un reglamento específico que regule el régimen de internamiento de los ciudadanos extranjeros, ya que, según Arce, «los procedimientos como las visitas o los accesos a recursos sociales y de ocio están mejor en las prisiones que en los CIE».

Puedes continuar leyendo mi reportaje para la Agencia EFE en ElConfidencial.com