La derrota del PP en Andalucía le fuerza a…

El Gobierno de España anunció ayer que rectificará parcialmente el Real Decreto introducido en abril de 2012 y permitirá el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención primaria de salud, un rectificación que se anuncia a dos meses de las elecciones locales, curiosamente donde pueden votar la población migrante y justamente tras el desplome del Partido Popular en las elecciones de Andalucía.

Y es que el debate entre el bipartidismo se centró en los servicios públicos, sobre todo la salud, y es que mientras Susana Díaz repitió en cada pueblo de Andalucía que el PP iba a privatizar la sanidad parece que su mensaje caló tanto que el PP perdió 17 diputados.

La medida electoralista destruyó el sistema universal de Salud en España, y aunque seis comunidades españolas ya ofrecían servicios a los migrantes, la realidad es que la brecha no tenía proporción con los datos.

Según “Stop Rumores” las personas inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera que las españolas, y mientras el 57,7% de la población española ha acudido al menos una vez en el último año en el caso de los migrantes tan solo lo hizo un 12,7%.

La estimación de gasto público en Sanidad empleado en el colectivo inmigrante en los últimos años fue del 6,5%, cifra que desacredita las políticas del PP. Sin embargo el Gobierno, que no responde, no ha ofrecido a los españoles cuánto dinero a ahorrado en estos años de sin sanidad a los migrantes.

Por su parte el Observatorio de Derecho a la Salud Universal de la Comunidad de Valencia (ODUSALUD) considera que el comunicado del gobierno es insuficiente, ambiguo y deja de lado las verdaderas razones de justicia y equidad en las que se apoya el derecho universal a la asistencia sanitaria.

Según este organismo el mantenimiento de limitaciones para algunos ciudadanos en el acceso a nivel
es sanitarios que no sean Atención Primaria y la imposibilidad de exportar el derecho a la asistencia sanitaria en el marco de la Unión Europea y de los convenios colaterales internacionales de asistencia “son incongruentes con la apelación a la equidad, territorial o de cualquier otro tipo, a la que el gobierno se refiere en algunas de las declaraciones”.