Es la primera vez que ocurre pero en el último salto a la valla de Melilla militares marroquíes armados entraron en territorio Español para realizar deportaciones «in extremis» tal y como demuestra un vídeo difundido por la ONG melillense «Prodein».
Y es que Marruecos, país que acoge a unos 10.000 subsaharianos según la ONU, es el socio colaborador de las ilegalidades del ejecutivo nacional (PP), así como la Unión Europea, que violan constantemente la ley de extranjería en pro de un acuerdo bilateral firmado por el ejecutivo de Felipe González (PSOE), en el que se justifican dichas deportaciones.
Prodein ha denunciado que los militares entraron en Melilla con el objetivo de detener a inmigrantes que acababan de protagonizar un salto a la alambrada fronteriza, para posteriormente ser trasladados en autobuses.
Prodein afirma que las fuerzas de seguridad españolas actuaron conjuntamente con las fuerzas marroquíes «llegando a echar gases en la cara a inmigrantes que estaban subidos a la valla».
El vídeo muestra claramente como el vallado tiene sus puertas abiertas y tanto agentes españoles como marroquíes apresan y trasladan a los inmigrantes mientras estos lloraban y suplican a las autoridades españolas ser acogidos.
La violación de la ley de extranjería así como de los derechos de los migrantes fueron violados según el vídeo, acción que motivó a un ciudadanos de Camerún, Ngila, a permanecer unas tres horas subido a una farola par evitar ser deportado como sus compañeros.
Hace unas semanas la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), así como otras organizaciones internacionales que se incluyen Amnistía Internacional o HRW, solicitaron tanto a España como Marruecos respetar el derecho de los inmigrantes que en muchos casos son «refugiados».
Desde los sucesos de Ceuta decenas de migrantes se han desplazado desde las zonas próximas a Ceuta para intentar llegar a Melilla, tras conocerse que las autoridades españolas no estaban realizando devoluciones en caliente, así como al temor que provocó la violencia de la Guardia Civil en el paso del Tarajal.
Un niño saca punta a su lápiz en una escuela española. / Unicef
Desde el inicio de la crisis económica la pobreza infantil en España no ha dejado de crecer según UNICEF que ha informado que casi 450.000 menores se han sumado al sector de población que dispone de escasos recursos.
Más de 2,5 millones de niños estaban en una situación precaria en España en 2012, el 30% de los menores de ese país.
Además, España es el tercer país europeo con una tasa de pobreza infantil más alta, tras Rumania y Bulgaria, entre 28 naciones de ese continente.
Y es que la crisis económica del sistema capitalista de los últimos años, así como los recortes a la ciudadanía de los últimso gobiernos ha afectado a la población más vulnerable, sobre todo en las comunidades del sur como Extremadura, Andalucía y Murcia. Y es que la crisis del norte han pagado los errores económico del norte de Europa.
UNICEF ha subrayado que en España los niveles de pobreza infantil ya eran altos antes de la crisis económica, pero ha destacado que ese flagelo se ha agravado y han cambiado los perfiles de los niños y niñas que la sufren. Un 19% de menores niños viven en hogares de cuatro miembros que tienen unos ingresos anuales de menos de 15.000 dólares.
Cuatro de cada diez hogares con niños no pueden afrontar gastos imprevistos, según el análisis de UNICEF en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y el Eurostat.
La instalación de malla antitrepa se está haciendo a marchas forzadas en la valla de Melilla. / José Palazón
Las autoridades de España y Marruecos «deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera», así lo ha señalado Human Rights Watch de cara a la próxima reunión bilateral entre los dos países para permitir las «devoluciones en caliente»
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch. El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Manifestantes frente al Ministerio del Interior español. / A.I
Las políticas de control fronterizo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) son restrictivas y amenazan la vida y los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, ha asegurado Amnistía Internacional en una protesta ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid y el Consejo Europeo en Bruselas, entre otros lugares como Sicilia, Viena y Atenas.
En los actos, realizados bajo el lema “Las personas primero, luego las fronteras” y en el contexto de la campaña #SOSEuropa, la organización pide a los líderes europeos que pongan fin a las políticas y prácticas deplorables de los Estados miembros sobre migración y asilo, que están centradas en la prevención de la llegada de inmigrantes a las fronteras, antes que en la protección de las personas.
“Los Estados miembros incumplen miserablemente sus obligaciones respecto a la UE y los tratados internacionales de proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la pobreza, los conflictos y los abusos contra los derechos humanos”, ha afirmado Nicolas Berger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Mientras Europa alza sus barreras, muchas personas no tienen vías seguras y legales para acceder a la Fortaleza Europa. Hoy protestamos para instar a los líderes de los gobiernos de la UE a que examinen con seriedad el impacto de su lucha contra la inmigración irregular en las vidas de hombres, mujeres y niños”.
Estas protestas sirven de recordatorio de que, cinco meses después de los trágicos naufragios frente a Lampedusa en los que murieron más de 500 personas; y un mes después de que 15 personas se ahogaran en su intento de llegar a territorio español en Ceuta, apenas se han adoptado medidas generales o coordinadas para garantizar que estos sucesos no vuelvan a repetirse.
Rutas cada vez más peligrosas y terceros países como gendarmes
Las políticas actuales de la UE obligan a un número cada vez mayor de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a emprender rutas cada vez más peligrosas para llegar a Europa.
Amnistía Internacional ha hablado con personas que han perdido a sus familias en el mar y que han sufrido expulsiones ilegales, violencia y malos tratos a manos de los guardias fronterizos, y periodos prolongados de detención en condiciones deplorables.
Otras personas fueron aprehendidas y detenidas en países en los que los Estados miembros de la UE han delegado sus prácticas de control migratorio, muchos de los cuales cuentan con oscuros historiales en materia de derechos humanos. Y demasiadas conocen a personas que han perdido la vida en el mar. Ocurrió en 2011 con los refugiados que huían de Libia y buscaban asilo en Italia y ocurre ahora con quienes huyen del conflicto en Siria.
Los limitados ofrecimientos de reasentamiento y admisión humanitaria tienen a menudo consecuencias fatales para quienes lo han perdido todo menos la vida. Al final de enero, por ejemplo, los países europeos sólo habían ofrecido plazas de reasentamiento a alrededor de 15.000 de los refugiados más vulnerables procedentes de Siria, la mayoría en Alemania. Las personas que han pedido asilo en la UE son alrededor de 80.000. Y aún así es una mínima fracción de los casi dos millones y medio de personas que han huido de un país destrozado por tres años de guerra, que se ven abocadas a un viaje lleno de riesgos cuando intentan acceder a Europa.
Uno de los chicos que ha atravesado hoy la valla de Melilla. / José Palazón
Hace unos días varios subsaharianos preguntaban a este periodista si conocía Ceuta y cual eran sus puntos más franqueables, no tenía respuesta para aquella pregunta pero me volvió a lanzar otra preguntar, si era más fácil entrar por Melilla.Este aseguraba que muchos compañeros había salido hacia los montes limítrofes del otro enclave español tras los frustrados intentos en Ceuta.
Lo cierto es que el vallado de Ceuta por su orografía es más complicado, si le añadimos que la alambrada está repleta de concertina, todo lo contrario que en Melilla, donde esta madrugada la palabra más pronunciada era «brouillard». La niebla, esa densa capa que ha cubierto hoy la frontera y que ha permitido que unas 500 personas sorteasen la valla hacia Melilla.
La entrada de inmigrantes de esta mañana en Melilla es ya la más numerosa desde que hay registros, puesto que varias fuentes policiales cifran en unas quinientas el número de personas que lograron saltar la valla y acceder a la ciudad autónoma. Además hay que añadir que otras fuentes cifran en más de treinta personas heridas en la zona marroquí durante el salto, cinco de ellos policías.
Según algunas ONG que trabajan en Melilla han confirmado que de nuevo no se han producido las conocidas como devoluciones en calientes, una información que se corre entre los montes de Marruecos cuyos habitantes clandestinos llevan años entrando en territorio español y expulsado in extremis.
La delegación del Gobierno en Melilla, que ha calificado el salto como el más violento y masivo desde 2005, ha destacado que las adversas condiciones meteorológicas –sobre todo una espesa niebla- unida al conocimiento cada vez más detallado que los inmigrantes tienen de la valla de Melilla, restan eficacia al sistema anti-intrusión, facilitando la entrada masiva.
El numeroso salto se ha producido un día después de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se reuniera en Rabat (Marruecos) con el ministro delegado del Interior de Marruecos, Charki Draiss, para abordar la cooperación de ambos países en la lucha contra la inmigración ilegal y para preparar la reunión del Comité Mixto, contemplado en el artículo 11 del Acuerdo sobre readmisión hispano-marroquí de 1992, que tendrá lugar en Tánger a finales de este mes.
De momento la situación sigue complicándose ya que miles de personas buscan un futuro mejor en Europa y cuya vía sigue siendo las frontera sur, y donde europa sigue empeñada en erigir sus muros sin consideración al carácter humanitario que se viven en estas zonas.
Ibrahim OA Dabbashi, Representante Permanente de Libia ante la ONU. / UN Photo/Amanda Voisard
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, participará esta semana en dos conferencias internacionales de relevancia para la paz y estabilidad en Oriente Próximo y el Magreb.
La primera de ellas, que tendrá lugar el miércoles 5 de marzo en París, es una reunión del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano, creado en la última la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2013.
El jueves 6 tendrá lugar en Roma la segunda conferencia internacional de apoyo a Libia, en la que se analizará el desarrollo de la transición política en curso en ese país.
Esta reunión sigue a la que se celebró en febrero del año pasado en París, que estuvo especialmente centrada en la seguridad en Libia. En la reunión del jueves participará una treintena de países y varias organizaciones internacionales que analizarán los graves desafíos políticos que tienen que superar las instituciones libias.
España, desde el inicio de la revolución que depuso a Gadafi, ha apoyado una Libia unida, estable y democrática que responda a las demandas legítimas de los libios. Solucionar los problemas políticos, y también los de seguridad, que tiene Libia es un requisito esencial para la paz y estabilidad regionales.
Estas dos conferencias serán oportunidades para que la comunidad internacional reitere su apoyo a dos países árabes que siguen enfrentándose a las consecuencias del brusco cambio político que se inició con la revolución de Túnez, en diciembre de 2010, y que ha tenido enormes repercusiones regionales e internacionales.
Además, la estabilidad del país magrebí permite a las autoridades europeas evitar el flujo de migrantes que usan la vía de Libia para llegar a las costas italianas, poniendo en peligro sus vidas, como el naufragio de una embarcación cerca de Lampedusa.
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